SUBEJECUCIÓN EN PROGRAMAS PARA CHICOS EN CONFLICTO CON LA LEY
La provincia de Buenos Aires sólo usó 3% del presupuesto para menores. Tras una seguidilla de delitos, se conoció que el Ministerio de Desarrollo bonaerense no utilizó el dinero destinado a centros ambulatorios para pibes y su par de Seguridad no invirtió en equipamiento para la Policía.–Por el ataque al ex futbolista Fernando Cáceres fueron detenidos dos menores.
–Un joven está acusado del crimen del bancario Gonzalo Etcharrán, asesinado delante de su hijo y de su esposa embarazada, en Ciudadela.
–Esta semana, un chico de 13 años apodado el Ángel se fugó del instituto en el que había sido recluido tras tirotearse con la policía luego de un intento de asalto en La Plata. El Ángel tiene 60 entradas –y salidas– de las comisarías en el lapso de un año. Hace poco más de 15 días, el adolescente había rociado con combustible y prendido fuego a otro pibe de 13.
–El jueves pasado, Chuna, un adolescente de 17 años, fue detenido mientras robaba en una casa de Haedo. Se había escapado de un instituto de menores en septiembre y la policía lo buscaba por varias causas abiertas en su contra.
MENORES EN PELIGRO. De acuerdo con el informe realizado por el diputado provincial Ramiro Tagliaferro, el 8% del presupuesto total de la provincia ($2.246 millones) se asigna al Ministerio de Desarrollo Social. Para programas específicos de Niñez y Adolescencia se destina sólo el 12% del presupuesto de esta cartera (275 millones de pesos). La Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil tiene asignados sólo $47 millones, equivalentes al 2% del presupuesto ministerial. Al 31 de agosto, el ítem “Centros de Referencia” muestra una inversión de sólo el 3%, mientras que los centros de Recepción y Derivación evidencian un ejecutado menor al 10 por ciento. En programas fundamentales como los Centros de Contención se destina el 19% de los recursos correspondientes a la Dirección Provincial, alcanzando apenas los 9 millones de pesos.
“Vamos a pagar los compromisos asumidos por gestiones anteriores, hasta que podamos organizar nuestro esquema presupuestario”, aseguró a Crítica de la Argentina el ministro Baldomero Álvarez de Olivera, quien al referirse al informe parlamentario afirmó: “No se puede analizar la problemática de la minoridad sólo desde la perspectiva del régimen penal juvenil, hay muchos otros aspectos. Nosotros no queremos que los chicos lleguen a esas instancias, y por eso implementamos otro tipo de programas que propenden a una real inclusión social para lograr que los chicos no cometan delitos”.
Para Omar Giuliani, responsable del hogar Ruca Hueney que aloja menores en conflicto con la ley penal, “el presupuesto no está disociado de la realidad de la provincia de Buenos Aires, donde el Estado se ha desentendido del rol preventivo y proyecta instancias de represión para con los pibes. Desde el gobierno se alienta a que a los chicos, en vez de amarlos, les temamos, en vez de protegerlos, nos protejamos nosotros de ellos”.
“Los institutos están saturados. Los menores quedan en las alcaidías porque no hay plazas”, afirmó Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. “En la provincia se habla irónicamente del plan canje, porque se libera a un chico para que ingrese otro que cometió un delito más grave”, dijo.
CÓMO SE USA EL DINERO. De acuerdo con el informe efectuado por el diputado Tagliaferro, el ministerio encabezado por Carlos Stornelli hasta el 31 de agosto lleva ejecutado sólo el 13,72% del ítem “equipos de seguridad”, que incluye los chalecos y el armamento de los uniformados. “A la cartera de seguridad se le asignó para 2009 la suma de 3.805 millones de pesos, equivalentes al 6% del total general del presupuesto provincial. De esta cifra, el 81% se destina a sueldos del personal (3.097 millones) y sólo el 8% (317 millones) a la compra de bienes de uso”, sostiene la investigación. “La ejecución general es del 70% del total presupuestado, 2.696 millones de pesos, pero de todo lo ejecutado, sólo el 5% correspondió a Obras”, explicó Tagliaferro.
Los ítems donde la subejecución se acentúa hasta límites incomprensibles son: Planificación y Operación de la Seguridad Provincial –se gastaron tan sólo 19 mil pesos, contra los $27 millones que estaban presupuestados–, Investigaciones e Inteligencia Criminal donde no se ejecutó ni un solo peso del millón previsto; y Comunicaciones, con sólo el 0,29% sobre un total de $2,8 millones de pesos.
“La inversión en equipamiento y obras muestra que sólo en 2005 representó más del 10% para luego descender al 6% del total del ministerio. En 2009 se destina el 8% del total del Ministerio de Seguridad, pero la ejecución al 31 de agosto es decepcionante: sólo el 14% del total”, finalizó.
Una sola psicóloga para 112 pibes
El dirigente del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires dijo a Crítica de la Argentina: “Las instituciones que deben trabajar con los menores en conflicto con la ley penal están superpobladas. No hay políticas públicas de rehabilitación. El destino de esos chicos es la muerte o el penal de Olmos. Tampoco desde el estado provincial se hace algo para prevenir la situación, ni para rehabilitarlos cuando los encierran. Es como tener al tigre en la jaula: techo y comida no les faltan, pero ¿qué más les dan? Hay institutos con 112 pibes y una sola psicóloga.
Agüero también explicó: “Estamos reclamando personal desde que comenzó a implementarse la ley en el año 2007. El nuevo marco legal suponía la colaboración de los municipios locales. Seguimos exigiendo que se cumpla, porque no se está aplicando como corresponde. A nuestra organización llegan denuncias de distintas ONG que se ocupan de alojar a los chicos, institutos de día, casas de abrigo, que no están recibiendo el dinero del ministerio. No saben cómo sostener a los chicos porque el ministerio no paga”.
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