SEPTIEMBRE 26, 2017
El 8 de junio, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.
La presentación de Puiggari fue en el marco de la investigación penal preparatoria caratulada “CCD s/Privación ilegítima de la libertad agravada”, y en respuesta a un oficio enviado desde la Justicia de Nogoyá que buscaba conocer las razones por las cuales la monja fue retirada del convento y enviada a otra casa religiosa.
Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.
El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.
Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.
Esa investigación recaló en la Justicia de Nogoyá.
Hay una orden impartida por el procurador general de la provincia, Jorge García, para que la Justicia de Nogoyá retome la investigación, y eleve la causa a juicio, aún cuando todavía no está resuelta la competencia. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú resolvió que no es competencia del fuero provincial; y del mismo modo, la Justicia Federal se declaró incompetente, como ya reveló Entre Ríos Ahora.
Una de las últimas medidas que adoptó el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, fue pedir explicaciones al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, de las razones por las cuales la superiora del convento carmelita fue apartada de su función y mudada a una casa religiosa del Chaco. Puiggari respondió de forma escueta e insuficiente: admitió el traslado pero no dio motivos.
Enterados de los movimientos que empezó a dar el fiscal Uriburu, los defensores de la monja Toledo, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, le pidieron al juez de Garantías de Nogoya, Gustavo Acosta que frenara cualquier movimiento hasta que no resuelva la Corte.
El delito que se le reprocha a la superiora es el de privación de la libertada agravada por el uso de violencia, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”.
La causa penal que se abrió el 25 de agosto último investiga las denuncias de dos exmonjas sobre aplicación de tormentos y privación de la libertad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.
Luisa Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.
Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.
Pero allí Toledo estuvo poco tiempo. A mediados de diciembre último, fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
En esa ciudad está alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis Diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.
Fuente:
http://entreriosahora.com/por-que-sacaron-a-la-superiora-carmelita/