01 DE AGOSTO 2018
El gobierno presionó al juez Lijo con una investigación sobre su patrimonio. Ahora, el Presidente mandó a frenarla
Hay un tema judicial que preocupa mucho a Mauricio Macri y son las causas vinculadas al escándalo de Correo Argentino. Una de ellas, en la que Macri fue imputado penalmente, la maneja el juez Ariel Lijo. Ante esto, Macri hizo dos cosas: mandó a remover al fiscal federal Juan Pedro Zoni, que participaba de la investigación, y a reflotar viejas carpetas del juez Lijo vinculadas a su patrimonio y al de su hermano. Ahora, tras meses de tensiones con este juez clave en Comodoro Py, Macri busca que el Consejo de la Magistratura desestime esa investigación, decisión que tiene una lectura: es muy problable que la contraparte sea una buena noticia en la causa Correo Argentino.
“Aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, desestimar las presentes actuaciones respecto al Dr. Ariel Oscar Lijo, juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4”, dice el documento al que accedió El Destapey que ya circula en los despachos de todos los miembros del Consejo de la Magistratura.
La investigación dentro del Consejo la llevó adelante el diputado Pablo Tonelli, la punta de lanza PRO de las tropelías judiciales que encara el Gobierno. Entre ellas, la que le otorgó su banca en el Consejo pese a que le correspondía a Marcos Cleri, diputado del Frente para la Victoria. En este caso, la actuación de Tonelli tiene un condimento: él mismo está involucrado en el escándalo del Correo, ya que su estudio de abogados no sólo representó a esta empresa de la familia Macri sino que aparece en maniobras sospechosas como patrocinante de acreedores de los Macri que aceptan condiciones abusivas para el cobro de la deuda. Las idas y vueltas de Tonelli son digitadas desde la Casa Rosada. Primero acusó, ahora pide desestimar su acusación.
Todo parte de la declaración de la ex esposa de Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez, en otra investigación vinculada al patrimonio de Eduardo Freiler, una de las víctimas de la cacería de no incondicionales del Gobierno en Comodoro Py. La mujer, María Carla Lago, dio a entender que los hermanos Lijo compartían negocios vinculados a los caballos en el haras “La Generación”, algo que o figuraba en la declaración jurada del juez.
Tras solicitar informes a hipódromos, municipalidades, bancos, entre otros, la investigación concluye: “ninguna de las respuestas recibidas en relación con lo requerido surge información, o al menos indicio objetivo alguno, que dé cuenta de la propiedad o participación del juez Ariel O. Lijo en el haras ‘La Generación’, que lo hubiera obligado a realizar la declaración correspondiente en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales, a raíz de la declaración testimonial prestada que dio inicio a las presentes actuaciones”.
Según consultó El Destape con miembros del Consejo de la Magistratura, la propuesta se tratará el jueves en comisión y luego pasará al plenario del organismo.
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