7 de septiembre de 2018
El Tribunal Oral Federal 5 condenó a tres acusados por la privatización en la década del 90. Los jueces dispusieron que el lugar sea restituido al Estado. Allí se iba a realizar un negocio inmobiliario
Tandanor (Foto: Nicolás Stulberg)
El Tribunal Oral Federal 5 ordenó hoy que vuelva al Estado nacional un predio valuado en USD 38 millones en uno de los lugares más caros de la ciudad de Buenos Aires y que fue privatizado durante el gobierno de Carlos Menem.
Los jueces Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer condenaron a tres años de prisión en suspenso a tres acusados por el delito de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y declaró responsables a otros tres acusados pero entendieron que por su rol su situación estaba prescripta.
La sentencia fue posible gracias a un fallo de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que con la firma del presidente del tribunal Mariano Borinsky y los vocales Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, hizo lugar al recurso de interpuesto por el fiscal y la Oficina Anticorrupción, y revocaron la prescripción que había sido dictada en la causa.
La restitución del predio al Estado es inmediata, le dijeron a Infobae fuentes judiciales. También los jueces dispusieron que vuelvan al Estado el 90 por ciento de las acciones. Para los jueces, la privatización fue fraudulenta y todo debe retrotaerse al momento de la venta.
El fiscal federal Diego Luciani había pedido condenas para los acusados y que se ordene que el ex presidente Menem sea investigado por el caso. Pero el Tribunal lo rechazó y dispuso que eso lo haga el propio fiscal.
Tandanor es un predio de ocho hectáreas en una de las zonas más caras de la ciudad, en el barrio de Retiro y sobre el Río de la Plata. La empresa que se quedó con la privatización buscó hacer un negocio inmobiliario que está valuado entre USD 400 y 500 millones. En diciembre la zona fue tasada oficialmente en USD 38 millones.
En su predio tenía dos plantas y el gobierno de Menem la privatizó. El negocio quedó para Ciamar, de capitales argentinos, que se quedó con el 92% de las acciones; el Banco Holandés Unido; y la francesa Sud Marine Enterprises.
Pero tras la privatización, Menem firmó un decreto que cambió las condiciones: de USD 8 los millones en efectivo y USD 160 millones en títulos del Estado que se fijó originalmente como pago por la empresa se cambió a USD 7.200.000 en efectivo y USD 52.560.000 financiados a nueve años con tres de gracia.
Cuando Ciamar tomó posesión de Tandanor, vendió una de plantas a la empresa Puerto Retiro, que se sospecha que es de los mismos dueños y que pidió la rezonificación del lugar para construir viviendas.
La privatización se transformó en una causa judicial que se inició en 1999 y en la que se investigó el negocio.
El fiscal Luciani detalló en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 5 las irregularidades que rodearon a la operación y concluyó que se trató de una maniobra para desapoderar al Estado de Tandanor. Por eso pidió cuatro años de prisión para Eduardo Tesoriere, ex director de privatizaciones, Alejandro Bofill y Juan Andrés Vlastó, titulares de Ciamar y Puerto Retiro, y para el empresario Nachat Samman; tres años y medio de prisión para el abogado Gerardo Donato;tres años en suspenso para el empresario Miguel Larminat; y la absolución del gerente del Banco Holandés Unido Omar Calculli. La acusación fue por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta.
Bofill, Tesorieri y Vlastó fueron condenados a tres años de prisión. Mientras que Larminat, Samman y Donato fueron declarados prescriptos. Por su parte, Calculli fue absuelto porque el fiscal no lo acusó.
Los fundamentos del Tribunal se conocerán el 20 de noviembre.
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