16 de setiembre de 2018

Por FRANCO MIZRAHI |

El juez federal Bonadio se contradijo y amplió la investigación sobre supuestos pagos en la obra pública hasta 2003. Ganaron relevancia las declaraciones indagatorias del empresario Wagner y del ex funcionario Uberti, que hicieron referencia a delitos previos al 2008, cuando la empresa constructora IECSA estaba oficialmente en manos del Presidente Mauricio Macri. El rol del gerente Sánchez Caballero y la jugada con el empresario Mindlin.

Fotos: Joaquín Salguero

En medio de la crisis económica y política, al Gobierno se le escurrió la contención del caso de los cuadernos Gloria. El juez federal Claudio Bonadio definió un cambio en el espacio temporal que abarca la investigación, se contradijo a sí mismo con apenas cinco días de diferencia, e involucró en la supuesta “escena del crimen” al actual jefe de Estado, Mauricio Macri, algo que había evitado hacer al comienzo de la pesquisa.

Empujado por las circunstancias y las pruebas, el  polémico Bonadio finalmente amplió los delitos a investigar al 2003, cuando en un principio el marco a analizar se extendía arbitrariamente del 2008 al 2015. Se tomó de eso, por ejemplo, para volver a citar a una indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta modificación afectó a la familia Macri. Y la actual senadora se encargó de recordarlo en su segunda citación en este caso, el 3 de septiembre pasado.

En el primer informe que envió al Centro de Información Judicial (CIJ), que publicó el 24 de agosto este portal administrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Bonadio acotaba la causa sobre presuntos sobornos en la obra pública al período 2008-2015. Con ese movimiento, tanto Franco como Mauricio Macri quedaban a salvo de cualquier acusación que  impactase sobre la constructora de la familia, IECSA. Es que en 2007 la firma pasó a manos del primo Ángelo Calcaterra, imputado en esta causa y en la del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que es uno de los capítulos nacionales del Lava Jato brasilero.

La decisión de Bonadio de excluir a los Macri provocó tal bochorno –algunas fuentes judiciales llegaron a sostener que ponía en riesgo toda la causa-, que el magistrado recapituló y expandió su marco de análisis. Lo hizo cuando la crisis económica comenzó a impactar cada vez más fuerte al Gobierno de Cambiemos. Por caso, la citación de Cristina coincidió con la escalada del dólar, que coqueteó por encima de los $40.

En el mismo movimiento, dos declaraciones indagatorias volvieron a ganar relevancia.

Se trata de dos testimonios que hicieron referencia a delitos previos al 2008: los del expresidente de la Cámara de la Construcción y titular de Esuco, Carlos Wagner, y del ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el kirchnerismo, Claudio Uberti, quien dejó su cargo de funcionario en 2007. Ambos buscaron ampararse en la polémica figura del “arrepentido”, que comenzó a aplicarse en casos de corrupción en noviembre de 2016.

El primero con su declaración indagatoria del 10 de agosto pasado dejó expuesto al resto de los empresarios imputados que se habían aferrado, al inicio de la pesquisa, a la figura del arrepentido pero no habían dicho la verdad –o toda la verdad- sino que se habían victimizado y asegurado que lejos de pagar coimas habían realizado aportes de campaña para el kirchnerismo, extorsionados por el gobierno de entonces.

Uno de los ejecutivos que se aferró a esa tesis fue el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra. Al comienzo de la causa, Bonadio apañó esa estrategia y fue dejando en libertad a cada uno de los imputados que decidía transformarse en esa especie de “falso” colaborador al confirmar lo que decían los cuadernos pero desvirtuar el origen y el destino del dinero.

Wagner aseguró que en 2004 el ministro de Planificación Federal Julio De Vido le pidió ser el garante de la cartelización de la obra pública, que incluía a distintas firmas. “Entre varias de las empresas que recuerdo de ese momento puedo nombrar Perales Aguiar S.A; Vial Agro S.A; Biancalant S.A; Losi S.A; Fontana Micastro S.A; Marcalba S.A; IECSA S.A; Chediack S.A; Equimac S.A; Coarco S.A; Cartellone S.A; Vialco S.A. Algunas son estas”, dijo el ejecutivo.

IECSA, en el momento referenciado por Wagner, estaba en manos de la familia Macri, ya que su controlante era Sideco Americana. Por ejemplo, sus balances eran firmados por Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica de la Nación. Recién en 2007, los Macri le vendieron la constructora a Calcaterra.

Al encapsular los supuestos delitos a partir de 2008, Bonadio había favorecido a la familia presidencial.

Pero al abrir el juego, volvió a dejar expuesta a la familia Macri.

En agosto de 2015, el entonces ministro De Vido difundió un ranking con las empresas que mayores contratos de obra pública lograron durante el kirchnerismo. El podio de esa lista está integrado por Techint, Electroingeniería y, en tercer lugar, IECSA. Si bien las primeras dos están involucradas en el caso de los cuadernos  (o fotocopias) de Centeno, ninguna fue mencionada por Wagner. Es decir, de la mesa de contratistas que describió el ex titular de la Cámara de la Construcción, la más importante era IECSA. Cartellone, por ejemplo, figuraba octava en aquella nómina.

En su ampliación indagatoria del 3 de septiembre,  la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner hizo alusión a esta situación. Fue a través del escrito que presentó ante el juzgado federal N°11 de Comodoro Py. Tras remarcar que Bonadio “contradijo el informe que él mismo elaborara apenas unos días atrás y que fuera ampliamente difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ)”, añadió: “Se habla aquí de una extensión temporal del objeto procesal de la causa y no se convoca a prestar declaración indagatoria a los dueños de las empresas más importantes del país que supuestamente habrían participado en los episodios que se dice estar investigando y que habrían acaecido en aquel período. Por si no se lo recuerda, hasta el año 2006 el Ing. Mauricio Macri se encontraba al frente del grupo empresario familiar, el cual según los dichos de algún ‘arrepentido’ (NdelR: en referencia a Wagner) también habría formado parte de la cartelización de la obra pública”.

En ese sentido, un gerente histórico de los Macri en IECSA, que permaneció durante la gestión de Calcaterra, está imputado en el caso de los cuadernos pero también en la del Soterramiento del Sarmiento: se trata de Javier Sánchez Caballero -quien también se acogió a la figura del arrepentido y quedó en libertad-.

Su situación es por lo demás complicada en aquel expediente. Sobre todo a medida que comience a llegar la información que se recabó en el Lava Jato, en Brasil. Por ejemplo, el ex vicepresidente para América Latina de la constructora Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, identificó a Sánchez Caballero como el responsable de coordinar el pago de los sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto del Sarmiento.

Así se desprende del testimonio de Mameri ante los fiscales del Lava Jato en Curitiba, que puede verse en un video que difundió La Nación el 4 de mayo pasado. Según informó el matutino cuatro meses atrás, Sánchez Caballero le comunicó a Odebrecht que debían entregarle un porcentaje de lo que cobraran con cada certificado de avance de obra para que él pudiera canalizar los sobornos. El ejecutivo negó la acusación.

Cuando IECSA, ya envuelta en todo este escándalo, pasó a manos de Marcelo Mindlin en marzo de 2017 –en un una operación que provocó muchas suspicacias y de la que poco se conoce-, por temor o conocimiento los nuevos dueños decidieron eyectar a Sánchez Caballero de la empresa. Siguiendo con el “lavaje de cara” IECSA se rebautizó SACDE.

PEAJES

Otro testimonio que provoca nerviosismo en la Casa Rosada es el del arrepentido Claudio Uberti quien se refirió a las supuestas coimas que recaudaba de los concesionarios viales.  El ex funcionario dijo al ser indagado en la causa de los cuadernos que era enviado por Néstor Kirchner a recolectar sobornos mensuales de u$s 150 mil entre cada uno de esos actores. Con su testimonio se puede abrir una nueva puerta, que en un principio el magistrado decidió dejar cerrada cuando circunscribió el caso desde el 2008.

Entre los grandes jugadores del sector se encuentra la empresa que explota el Acceso Norte, Autopistas del Sol, AuSol, de la que Sideco Americana, propiedad de los Macri, formó parte en un consorcio. Se desprendió de sus acciones el año pasado.

Por citar tan solo dos ejemplos: al 2006 Luis Freixas Pinto y Javier González Fraga integraban el directorio de AuSol. Actualmente, ambos están relacionados al Gobierno. El primero es el presidente del Correo Argentino y el segundo del Banco Nación. Al menos hasta el cierre de esta edición, cuando se estaban implementando distintos cambios en el Poder Ejecutivo.

Uberti aún no nombró a ninguna firma en particular pero no son pocos los que están preocupados.

Ante el nuevo escenario, ¿es esperable que Bonadio avance por el sendero que conduce a los Macri? Parece difícil. Es por lo demás llamativo que hasta el momento una problemática transversal solo afecte a un sector político y tenga como principal damnificada de la causa –en medio de una crisis económica y política que afecta al Gobierno- a la dirigente opositora con mejor intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del año próximo (en los últimos días se sumaron en el expediente los testimonios del empresario y vaciador de medios Mariano Martínez Rojas y del financista Ernesto Clarens). A pesar de eso, el hecho de que lo involucre en la escena se transformó en una espina para el Presidente, quien ya comprendió que la justicia actúa de una manera cuando el imputado está en el poder y de otra cuando abandona aquellos resortes.

Fuente:

http://www.polosproductivosreg.com.ar/2018/09/16/la-causa-de-los-cuadernos-involucra-a-macri/