CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS
El caso que involucra al Gobierno, las Madres de Plaza de Mayo y Schoklender muestra el cinismo e hipocresía del kirchnerismo
Jueves 02 de junio de 2011
La principal bandera que izó Néstor Kirchner para cosechar apoyo y construir poder cuando llegó al gobierno en 2003 con un escaso 22 por ciento de los votos fue la de los derechos humanos. Era una vocación repentina y oportunista, porque esa problemática le había resultado completamente ajena mientras ejerció la abogacía en Río Gallegos durante la dictadura y, luego, cuando accedió a la intendencia de esa ciudad en 1987 y a la gobernación de Santa Cruz en 1991, cargo que mantuvo durante casi doce años. Como sostuvo Graciela Fernández Meijide, "los Kirchner nunca se ocuparon de los derechos humanos en Santa Cruz".
En la estrecha relación que entabló entonces con algunos organismos de derechos humanos -hubo otros, como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que se mostraron críticos con el gobierno-, el kirchnerismo privilegió a las Madres de Plaza de Mayo, organismo liderado por Hebe de Bonafini. Lo hizo valiéndose de las herramientas que suele usar el kirchnerismo para captar sectores ajenos y realizar negocios: por un lado, el dinero público cedido y empleado sin controles, y por el otro asegurar protección e impunidad.
En el dinero estatal radicaría la clave del escándalo que estalló con el abrupto alejamiento de Sergio Schoklender del cargo de apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que puso al descubierto el escandaloso enriquecimiento de quien en 1981 asesinó, junto con su hermano Pablo, a sus padres.
Al mismo tiempo, volvieron a difundirse algunos hechos que ya se conocían pero habían tenido escasa divulgación, como una larga serie de cheques sin fondos librados por la fundación y una denuncia contra Sergio Schoklender radicada hace más de un año por la diputada Elsa Quiroz, de Coalición Cívica, ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de una quinta en José C. Paz escriturada a valor irrisorio.
La UIF nada hizo durante un año, demostrando una vez más el grado de politización y falta de independencia del organismo. Ayer, horas después de que su titular, José Sbattella, afirmara que faltaban "indicios", la UIF no tuvo más remedio que cumplir con su obligación y trasladar la denuncia al fiscal federal Raúl Pleé.
Al mismo tiempo se conocieron detalles de posibles irregularidades o delitos en las obras de construcción de viviendas sociales que, con dinero estatal, encaraba la fundación por medio de la empresa Meldorek, firma de la que es director Sergio Schoklender y que comparte con él su domicilio fiscal, y sería propietaria de dos costosísimos aviones que habrían usado Schoklender y Bonafini, y de un yate valuado en 420.000 dólares.
Las denuncias se referían a incumplimientos de los plazos de entrega de las viviendas y a la existencia de sobreprecios de hasta el ciento por ciento en las obras que, por alrededor de 300 millones de dólares, se encararon, entre otros sitios, en la Capital, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. En esta última provincia se denunció que la fundación o Meldorek no habría depositado los aportes retenidos en concepto de jubilación, obra social y cuota sindical a alrededor de 200 empleados contratados para las obras. Aquí fallaron también los controles de la AFIP.
Se supo, también, que habrían existido presiones del gobierno nacional a funcionarios de la Capital y las provincias para que se contratara directamente a la fundación. La presión solía ser efectiva pues el dinero para las obras era girado desde la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo de Abel Fatala, quien depende del secretario José López en el Ministerio de Planificación, cuyo titular es Julio De Vido.
Como puede advertirse, se trataría del cóctel habitual de maniobras para delinquir mediante las obras públicas con una receta que el kirchnerismo no inventó pero sí perfeccionó y generalizó, como lo ilustra el caso Skanska con las coimas y sobreprecios pagados para la ampliación de los gasoductos, caso que, no por casualidad, también involucra al Ministerio de De Vido.
Por supuesto, la existencia de delitos deberá determinarla la Justicia.
Todo hecho de corrupción es deleznable, pero lo es más cuando se realiza con el dinero destinado a los sectores más carenciados. Y lo es más aún si quienes lo llevan a cabo pertenecen o están relacionados con un organismo de derechos humanos. Por eso es que la seriedad e imparcialidad de la investigación judicial no debe dejar lugar a dudas.
Se trata de una investigación sencilla, casi elemental en su tramo inicial, en el que debe hacerse un peritaje del costo real de las obras. Luego, es preciso investigar el verdadero papel del Ministerio de Planificación y el posible pago de coimas.
Por conveniencia, Bonafini se convirtió en una de las más fervientes defensoras del kirchnerismo. No es extraño que Meldorek naciera cuando Néstor Kirchner llegó al poder. Y que Bonafini reemplazara a Sergio Schoklender por su hermano Pablo.
Sergio Schoklender ya envió un pesado mensaje de neto corte político cuando afirmó en una entrevista que la dirección y la presidencia del consejo de administración de la fundación la ejercía Bonafini. Involucrarla a ella equivale a involucrar al Gobierno. No debería extrañar. El kirchnerismo parece corromper todo lo que toca.
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