LA JUSTICIA COMIENZA A DESCONFIAR DE HEBE POR SU FALTA DE COLABORACIÓN
18 de junio de 2011 PERFIL
Bonafini elogió a Oyarbide y se despegó de Schoklender, pero no aportó datos clave que prometió. El juez y el fiscal sospechan.
Por Emilia Delfino
"Aporte" Hebe fue a Tribunales a denunciar al ex apoderado de Madres. Pero no convenció del todo. La situación de Hebe de Bonafini en la Justicia ya no es la misma que hace dos semanas. Su “falta de colaboración” y las idas y vueltas en el aporte de pruebas del caso Schoklender ponen a la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en un escenario más complicado, más allá de sus públicas declaraciones a favor del juez y de sus intentos por despegarse de su antiguo apoderado.
“La situación no es la misma que la del 3 de junio”, reconoció a este diario una alta fuente judicial que entiende en la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide. “Pareciera que la está asesorando el enemigo”, agregaron en los tribunales de Comodoro Py.
Ayer, el distanciamiento de la Justicia también se vio en el segundo requerimiento del fiscal federal Jorge Di Lello. El 3 de junio, cuando presentó su primer pedido de allanamientos y otras medidas, el funcionario aclaró que tanto el Estado como la Fundación Madres de Plaza de Mayo eran “damnificados” de la supuesta administración fraudulenta y asociación ilícita comandada por Sergio Schoklender.
Sin embargo, PERFIL pudo saber que en el escrito que recibió ayer el juez Oyarbide, el fiscal modificó esa situación y dejó en claro que el Estado es el damnificado de Schoklender y sus socios, y calificó a las Madres y a Bonafini como “eventualmente damnificadas”. El cambio de palabras no es casual.
“Hay varias cuestiones que generaron este cambio de situación para Bonafini –analiza uno de los investigadores del caso en la Justicia–. En primer lugar, todavía estamos esperando la lista de las 16 personas del entorno de Schoklender que Bonafini despidió de la Fundación hace dos semanas y dijo que iba a aportar al juzgado”. Además, dijo la fuente, “puso a Gallardo –por el abogado Hugo Gallardo, uno de los imputados en el expediente– y a su hija (Alejandra Bonafini) en el lugar de Schoklender, y le dio a Oyarbide las llaves de una oficina de Pablo Schoklender pero cuando llegó la policía no encontró nada”.
Por eso, Oyarbide todavía no admite a Bonafini como querellante en la causa y esta semana dio marcha atrás con la prórroga de diez días que les había concedido a las Madres para entregar la documentación de la Fundación sobre los planes de vivienda y los fondos recibidos desde el Estado. El magistrado cambió el eje de las medidas en el caso y allanó la Fundación esta semana. Hasta el momento, el foco de los allanamientos estaba puesto en Schoklender, su empresa constructora Meldorek y otras sociedades y socios. Según fuentes de la causa, el cambio de actitud del juez y el fiscal se debe a la “escasa colaboración” de Bonafini y la desconfianza que generan sus actitudes.
Las medidas solicitadas ayer por Di Lello al juez Oyarbide se centran en más sociedades anónimas y nuevos socios que surgen de la denuncia presentada por los diputados de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz, Fernando Sánchez y Maricel Etchecoin. Según fuentes judiciales, se trataría de decenas de empresas y socios que se agregan a la nómina de compañías investigadas.
“Es improbable que el Gobierno le suelte la mano a Bonafini”, opinan en distintos organismos de derechos humanos. “El mayor problema para el Gobierno es que Schoklender empiece a prender el ventilador”, dicen en la Justicia.
En el entorno del ex apoderado de Madres, aseguran que Schoklender cree que la Justicia no tiene pruebas suficientes para inculparlo y que se muestra confiado en que no podrán condenarlo.
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