UNO MÁS DE TANTOS ABUSOSJorge Oviedo LA NACION 19 de julio de 2011
Los fondos ATN son casi sinónimo de arbitrariedad y discriminación, cuando no alimento de sospechas de maniobras poco claras. La ley de coparticipación federal de impuestos dice que son recursos que pertenecen a las provincias, pero los reparte el Ministerio del Interior.
Desde la sanción misma de la ley aparecieron las controversias, en particular por la asignación que recibía La Rioja. Se aseguró que fue el precio que habría pagado Raúl Alfonsín por el respaldo del entonces gobernador Carlos Menem.
Si hubo tal acuerdo, siempre fue secreto. El gobierno de Menem también usó los ATN públicos para compensar a provincias que resignaron recursos en los pactos fiscales de 1992 y 1993.
Desde la Presidencia también muchas veces se los usó para alentar a algún intendente leal en campaña contra un gobernador opositor; una manera de asegurarle independencia y premiar su disciplinamiento a la Casa Rosada era enviarle directamente la ayuda de los ATN en nombre de la "descentralización".
La administración kirchnerista sumó una maniobra de discrecionalidad muy poco explorada: No repartir la mayor parte de los recursos y tomarlos como préstamos.
Es obvio que el gobierno nacional puede administrar esos recursos a discreción, ya que no hay un mecanismo, ni siquiera uno malo, de reparto. Lo que está claro es que no puede apropiárselos, porque la ley dice que son de las provincias.
Claro que, formalmente, la actual administración no se los apropió, sino que los tomó unilateralmente prestados y paga por ellos un interés. ¿Es discutible? Claro. La factura superó los 9000 millones de pesos en 2009. A mediados del año último, Cristina Kirchner prometió compensar esas acreencias con otras que tiene la Nación por diversos planes de asistencia. Aquí otra vez aparece la discrecionalidad: se puede ser más generoso con los leales que con los que quieren tener un proyecto político propio.
Es obvio que el uso de los ATN no puede vulnerar las leyes, como lo acaba de decir la Justicia. Tampoco pueden utilizarse como si fueran fondos secretos, aplicados a cuestiones de seguridad o defensa nacional. Es razonable que una porción presupuestaria pueda utilizarse según criterios amplios para atender situaciones de emergencia. Pero no parece ser lo que ha ocurrido. Los sucesivos gobiernos, y no sólo el kirchnerismo, han preferido la arbitrariedad política.
No es la única falla del sistema. Hoy, el presupuesto nacional es un decreto de necesidad y urgencia con el que la Presidenta, además, excedió las facultades que la ley otorga en casos de excepción. La discrecionalidad en el uso de los ATN es excesiva, pero al considerar los montos involucrados no es ni la peor ni la más grave. Para ejemplo basta el escándalo por los recursos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.
Desde la Presidencia también muchas veces se los usó para alentar a algún intendente leal en campaña contra un gobernador opositor; una manera de asegurarle independencia y premiar su disciplinamiento a la Casa Rosada era enviarle directamente la ayuda de los ATN en nombre de la "descentralización".
La administración kirchnerista sumó una maniobra de discrecionalidad muy poco explorada: No repartir la mayor parte de los recursos y tomarlos como préstamos.
Es obvio que el gobierno nacional puede administrar esos recursos a discreción, ya que no hay un mecanismo, ni siquiera uno malo, de reparto. Lo que está claro es que no puede apropiárselos, porque la ley dice que son de las provincias.
Claro que, formalmente, la actual administración no se los apropió, sino que los tomó unilateralmente prestados y paga por ellos un interés. ¿Es discutible? Claro. La factura superó los 9000 millones de pesos en 2009. A mediados del año último, Cristina Kirchner prometió compensar esas acreencias con otras que tiene la Nación por diversos planes de asistencia. Aquí otra vez aparece la discrecionalidad: se puede ser más generoso con los leales que con los que quieren tener un proyecto político propio.
Es obvio que el uso de los ATN no puede vulnerar las leyes, como lo acaba de decir la Justicia. Tampoco pueden utilizarse como si fueran fondos secretos, aplicados a cuestiones de seguridad o defensa nacional. Es razonable que una porción presupuestaria pueda utilizarse según criterios amplios para atender situaciones de emergencia. Pero no parece ser lo que ha ocurrido. Los sucesivos gobiernos, y no sólo el kirchnerismo, han preferido la arbitrariedad política.
No es la única falla del sistema. Hoy, el presupuesto nacional es un decreto de necesidad y urgencia con el que la Presidenta, además, excedió las facultades que la ley otorga en casos de excepción. La discrecionalidad en el uso de los ATN es excesiva, pero al considerar los montos involucrados no es ni la peor ni la más grave. Para ejemplo basta el escándalo por los recursos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.