LEY DE BLANQUEO: MÁS DE 600 OPERACIONES DUDOSAS
Sábado 17 de septiembre de 2011
Dinero negro / Secuelas de una discutida iniciativa
Por Hugo Alconada Mon | LA NACION
En público, el Gobierno rechazó las críticas internacionales y negó que la ley de blanqueo de capitales que impulsó a principios de 2009 le abriera las puertas del país al lavado. Pero en privado ordenó elevar los controles para calmar a esos mismos observadores y reducir los riesgos y los eventuales reproches.

La presión, dos años después, se plasmó en cerca de 600 reportes de operaciones sospechosas (ROS) llegadas desde bancos y otros actores del sistema financiero local, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y fuentes al tanto de lo ocurrido.
La primera tanda de esos reportes pasó ya por la Unidad de Información Financiera (UIF), que tras más de un año de revisión y análisis la giró a la Unidad Fiscal de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ufilavdin) que lidera el fiscal general Raúl Pleé, aunque ninguna de esas operaciones ya giradas a la Justicia encendió una alarma.
Hasta ahora los reportes enviados a Tribunales se reducen a menos de una docena, según indicaron fuentes judiciales a LA NACION. Todos ellos, además, se remitirán al fuero penal tributario, ante la sospecha de que los fondos blanqueados no serían fruto de actividades de lavado.
Ex funcionarios de la UIF detallaron, por su parte, que los primeros ROS llegaron a la unidad semanas después de cerrada la ventana para blanquear capitales. Esos reportes incluyeron algunos nombres "sensibles", según indicaron a LA NACION, aunque ninguno de ellos tampoco llegó aún a la Justicia.
La propia UIF aportó, en tanto, los primeros datos sobre el saldo bajo sospecha de la ley de blanqueo y moratoria al responder una consulta formal del bloque de senadores radicales, liderados por Gerardo Morales, realizada en junio de 2010.
Los senadores consultaron "qué recaudos adoptó o está adoptando la UIF" para garantizar que los $ 18.113 millones -unos US$ 5000 millones al tipo de cambio entonces vigente- que llegaron al país no provenían "de delitos serios, como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, corrupción" y otros.
El presidente de la unidad antilavado, José Sbattella, se negó a aportarle datos a los senadores que pudieran vulnerar la confidencialidad dispuesta por ley. Pero les detalló que "al 12 de julio del corriente [por 2010], la Unidad ha recibido un total de 586 reportes de operación sospechosa", según consta en la copia de la nota 790/2010 que obtuvo LA NACION. Todos los reportes, aseveró, estaban bajo "exhaustivo tratamiento".
Cónclave en Miami
La respuesta de Sbattella dejó en evidencia lo ocurrido durante los meses previos al informe a los senadores, ya que a fines de 2009 la UIF le había reportado a una misión de expertos enviada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los primeros datos sobre los ROS derivados de la ley de blanqueo. Hasta ese momento, la unidad antilavado había recibido 212 reportes por $ 203 millones (unos US$ 53 millones al tipo de cambio entonces vigente), según consta en el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina del GAFI, de octubre de 2010.
El volumen global de operaciones bajo sospecha, sin embargo, terminó por estabilizarse en cerca de 600, según confirmaron desde la UIF a LA NACION. Es decir, por debajo de la proyección inicial que trazó el Banco Central (BCRA), que estimó que las operaciones reportadas a la UIF podrían rondar las 800, según reconstruyó LA NACION.
La sanción de la ley de blanqueo había cosechado, para entonces, críticas del GAFI, el principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado de activos. Mediante una carta oficial, el organismo consideró "comprensible" que el Gobierno buscara fondos para "respaldar su economía", pero subrayó "el riesgo potencial" si no incluía "una previsión para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema financiero".
El Gobierno procuró primero minimizar esos recelos. Así, mientras el entonces ministro de Justicia y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se aprestaba a viajar a París para explicar la iniciativa en febrero de 2009, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, estimó que el encuentro sería "un trámite más sencillo de lo que se espera". No fue así. En la evaluación de la Argentina que derivó en junio de este año en la inclusión del país en la llamada "lista gris", el GAFI consignó que los ROS debían ser emitidos "sin importar que pudiera tratarse de cuestiones impositivas".
Este martes, no obstante, Sbattella y el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, volvieron a verse con actores clave dentro del GAFI. Fue en Miami, como parte del encuentro del grupo de revisión especial (ICRG, en inglés), que evalúa cuánto avanzó la Argentina con su "plan de acción" para salir de la lista gris. El saldo resultó alentador, según pudo saber LA NACION. El próximo paso será en París, en cinco semanas más.
ANTECEDENTES
22 DE DICIEMBRE DE 2008
Ley promulgada
A pesar de la polvareda que levantó la iniciativa, el Gobierno impulsa una ley de moratoria fiscal y blanqueo de capitales.
23 DE FEBRERO DE 2009
Aníbal viaja a París
El entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, defendió ante el plenario del GAFI la ley de blanqueo; prometió medidas para reducir riesgos.
NOVIEMBRE DE 2009
Los primeros reportes
El titular de la unidad antilavado local (UIF), José Sbattella, le reporta a una misión de expertos del GAFI que ya habían recibido 212 reportes de operaciones sospechosas (ROS) por unos 203 millones de pesos.
4 DE AGOSTO DE 2010 - HOY
Del Congreso a la Justicia Ante una consulta de los senadores radicales, Sbattella detalló que, para agosto de 2010, la UIF ya había recibido 586 reportes; hoy rondan los 600, de los que menos de una docena ya se giraron a la Unidad Fiscal antilavado, que los enviará a Penal Tributario.