LA TRAGEDIA DE ONCE Y LA INVESTIGACIÓN DE LOS SUBSIDIOS ALIENTA VERSIONES DE ESTATIZACIÓN DE LOS TRENESVIERNES 24 DE FEBRERO DE 2012 13:32 EL PAÍS
El fiscal que investiga el accidente que dejó 50 muertos pidió al juez que investigue cómo aplicó TBA los subsidios recibidos por el Estado. Pidió tomar como parámetro lo ocurrido en el Roca, donde se rescindió la concesión. Distintos sectores se alinean en el pedido de manejo estatal del servicio.Los 50 muertos y una nueva tragedia en las vías, todo en medio de un profundo análisis sobre el sistema de subsidios instaurado por el kirchnerismo, puso sobre tapete un debate demorado: el servicio de los ferrocarriles.
Así, mientras se investiga cómo administraba y ejecutaba TBA los millones recibidos por el Estado, desde distintos sectores se reclama avanzar hacia el manejo estatal de los trenes.
La primera instancia es judicial. El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez federal Claudio Bonadio que se investigue "el dinero ingresado" por Trenes de Buenos Aires (TBA) en subsidios estatales y "la aplicación real" de esos fondos en el ferrocarril por la concesionaria. Es decir: centró su trabajo sobre las obras y el mantenimiento del Grupo Cirigliano, grupo que embolsó, gracias a sus aceitados vínculos con Olivos, cientos de millones de dólares en los últimos años sin que eso se verificara en la calidad de su servicio, más allá del congelamiento de la tarifa.
En su dictamen, el funcionario del Ministerio Público sugirió que la pesquisa sobre el siniestro de la estación Once tome como precedente la causa contra "Trenes Metropolitanos", que derivó en la rescisión de la concesión de la línea Roca, porque entre ambos casos existen "algunos puntos de contacto". En este caso, el Gobierno avanzó con la quita de la concesión al empresario enemista Sergio Taselli, una vez registrados innumerables deficiencias en el servicio, pero lo entregó a una UTE conformada por el resto de los operadores ferroviarios. Entre ellos, la propia TBA.
Delgado también propuso que el juzgado cite a declarar como testigos a "maquinistas, mecánicos y otros empleados" de TBA en la línea Sarmiento, para que cuenten "de propia mano" las condiciones "en que se despliega el servicio". Solicitó que se deberá "escoger al azar a maquinistas, mecánicos y otros empleados que van a explicar 'de propia mano' aquel punto".
El representante del ministerio público trazó un paralelismo entre este expediente y uno anterior que tramitó la jueza federal María Servini de Cubría donde se procesó y elevó a juicio oral a los responsables de la empresa “Trenes Metropolitanos General Roca SA”, Juan Carlos Loustau Bidaut y Sergio Taselli. Delgado recordó que, en aquellas actuaciones, los empresarios "tuvieron a su cargo la administración de los bienes e intereses del Estado y que, desde esa posición, omitieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron dolosamente los intereses confiados".
En su escrito titulado "senderos posibles a partir de una experiencia", el acusador público recuerda que en el caso que tramitó Servini de Cubría la Cámara Federal aludió al "incumplimiento con el mantenimiento del material rodante, de las estaciones, el deterioro de coches, de las vías, en falencias en las condiciones de seguridad, en la inexistencia de estructuras de señalización".
RECLAMO UNIFICADO. En simultáneo, la tragedia de Once puso en discusión el control del sistema ferroviario argentino, privatizado durante la gestión del ex presidente Carlos Menem y sin modificación desde 2003 hasta la fecha. Pero los cuestionamientos a la empresa TBA, que controla el ex ferrocarril Sarmiento trajo consigo una avanzada para que el Estado no sólo remueva a la empresa sino que además vuelva a tener en sus manos el control de los trenes.
Esta situación puso en línea a las dos conducciones de la CTA, tanto la alineada con el Gobierno nacional y que lidera el docente Hugo Yasky, como la opositora que controla el estatal Pablo Micheli. A ellos se sumó el Partido Solidario comandado por el diputado nacional del bloque Nuevo Encuentro, Carlos Heller.
La CTA oficialista de Yasky y la CTA opositora de Micheli coincidieron en reclamar al Gobierno una revisión de la política actual de transporte público" y la inmediata quita de la concesión a la empresa TBA, tras el fatal accidente en Once.
El docente advirtió que “no se puede seguir subsidiando grupos empresarios que no generan las inversiones necesarias para garantizar que los ferrocarriles sean un servicio en el que los trabajadores viajen seguros y dignamente”. Por su parte, la CTA que responde a Micheli aseguró que “es indispensable que el Estado recupere el sistema ferroviario y terminar con las concesiones privatizadoras fraudulentas”.
A través del secretario adjunto Ricardo Peidró, la CTA antikirchnerista reclamó al Gobierno nacional “poner fin inmediatamente a la concesión de TBA y terminar con los subsidios a las empresas de servicios sin un debido control estatal y de la sociedad civil”. “Sostenemos que es imperante terminar con la política de privatizaciones de los 90 y aún vigente con el actual Gobierno nacional, y la necesidad de avanzar a una verdadera reforma integral del sistema de transporte”, concluyó Peidró en un comunicado.
Por su parte, Heller aseguró que a partir del accidente ocurrido este martes en el ferrocarril Sarmiento, los legisladores de ese espacio kirchnerista van a “impulsar la revisión de todas las concesiones”. La tragedia "nos exige refundar las políticas ferroviarias en Argentina", sostuvo.
Heller sostuvo que al tratarse de un servicio público, “el Estado tiene que recuperar el rol de gestión que tuvo antes de la ola de privatizaciones y concesiones iniciada en la década del noventa”, según se informó en un comunicado de prensa.
La primera instancia es judicial. El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez federal Claudio Bonadio que se investigue "el dinero ingresado" por Trenes de Buenos Aires (TBA) en subsidios estatales y "la aplicación real" de esos fondos en el ferrocarril por la concesionaria. Es decir: centró su trabajo sobre las obras y el mantenimiento del Grupo Cirigliano, grupo que embolsó, gracias a sus aceitados vínculos con Olivos, cientos de millones de dólares en los últimos años sin que eso se verificara en la calidad de su servicio, más allá del congelamiento de la tarifa.
En su dictamen, el funcionario del Ministerio Público sugirió que la pesquisa sobre el siniestro de la estación Once tome como precedente la causa contra "Trenes Metropolitanos", que derivó en la rescisión de la concesión de la línea Roca, porque entre ambos casos existen "algunos puntos de contacto". En este caso, el Gobierno avanzó con la quita de la concesión al empresario enemista Sergio Taselli, una vez registrados innumerables deficiencias en el servicio, pero lo entregó a una UTE conformada por el resto de los operadores ferroviarios. Entre ellos, la propia TBA.
Delgado también propuso que el juzgado cite a declarar como testigos a "maquinistas, mecánicos y otros empleados" de TBA en la línea Sarmiento, para que cuenten "de propia mano" las condiciones "en que se despliega el servicio". Solicitó que se deberá "escoger al azar a maquinistas, mecánicos y otros empleados que van a explicar 'de propia mano' aquel punto".
El representante del ministerio público trazó un paralelismo entre este expediente y uno anterior que tramitó la jueza federal María Servini de Cubría donde se procesó y elevó a juicio oral a los responsables de la empresa “Trenes Metropolitanos General Roca SA”, Juan Carlos Loustau Bidaut y Sergio Taselli. Delgado recordó que, en aquellas actuaciones, los empresarios "tuvieron a su cargo la administración de los bienes e intereses del Estado y que, desde esa posición, omitieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron dolosamente los intereses confiados".
En su escrito titulado "senderos posibles a partir de una experiencia", el acusador público recuerda que en el caso que tramitó Servini de Cubría la Cámara Federal aludió al "incumplimiento con el mantenimiento del material rodante, de las estaciones, el deterioro de coches, de las vías, en falencias en las condiciones de seguridad, en la inexistencia de estructuras de señalización".
RECLAMO UNIFICADO. En simultáneo, la tragedia de Once puso en discusión el control del sistema ferroviario argentino, privatizado durante la gestión del ex presidente Carlos Menem y sin modificación desde 2003 hasta la fecha. Pero los cuestionamientos a la empresa TBA, que controla el ex ferrocarril Sarmiento trajo consigo una avanzada para que el Estado no sólo remueva a la empresa sino que además vuelva a tener en sus manos el control de los trenes.
Esta situación puso en línea a las dos conducciones de la CTA, tanto la alineada con el Gobierno nacional y que lidera el docente Hugo Yasky, como la opositora que controla el estatal Pablo Micheli. A ellos se sumó el Partido Solidario comandado por el diputado nacional del bloque Nuevo Encuentro, Carlos Heller.
La CTA oficialista de Yasky y la CTA opositora de Micheli coincidieron en reclamar al Gobierno una revisión de la política actual de transporte público" y la inmediata quita de la concesión a la empresa TBA, tras el fatal accidente en Once.
El docente advirtió que “no se puede seguir subsidiando grupos empresarios que no generan las inversiones necesarias para garantizar que los ferrocarriles sean un servicio en el que los trabajadores viajen seguros y dignamente”. Por su parte, la CTA que responde a Micheli aseguró que “es indispensable que el Estado recupere el sistema ferroviario y terminar con las concesiones privatizadoras fraudulentas”.
A través del secretario adjunto Ricardo Peidró, la CTA antikirchnerista reclamó al Gobierno nacional “poner fin inmediatamente a la concesión de TBA y terminar con los subsidios a las empresas de servicios sin un debido control estatal y de la sociedad civil”. “Sostenemos que es imperante terminar con la política de privatizaciones de los 90 y aún vigente con el actual Gobierno nacional, y la necesidad de avanzar a una verdadera reforma integral del sistema de transporte”, concluyó Peidró en un comunicado.
Por su parte, Heller aseguró que a partir del accidente ocurrido este martes en el ferrocarril Sarmiento, los legisladores de ese espacio kirchnerista van a “impulsar la revisión de todas las concesiones”. La tragedia "nos exige refundar las políticas ferroviarias en Argentina", sostuvo.
Heller sostuvo que al tratarse de un servicio público, “el Estado tiene que recuperar el rol de gestión que tuvo antes de la ola de privatizaciones y concesiones iniciada en la década del noventa”, según se informó en un comunicado de prensa.