CARTA AL LECTOR Juicio tras una larga espera
Las abuelas de los cientos de criaturas separadas de sus padres y apropiadas durante la última dictadura militar debieron aguardar más 15 años desde aquellas primeras denuncias, para que la Justicia lleve al banquillo de los acusados a los jefes del régimen que tramaron un plan que creyeron “la solución final” para el tema de los bebés nacidos en cautiverio.
La dimensión de la causa contra el dictador Jorge Videla y los altos jefes que integraron las sucesivas juntas militares que asumieron por la fuerza el poder el 24 de marzo de 1976, se proyecta hasta nuestros días ya que de las casi 500 criaturas secuestradas, las Abuelas de Plaza de Mayo han recuperado poco más de un centenar de ellas, y del resto se desconoce la suerte corrida. En sí mismo, el juicio que se inició el lunes en los Tribunales Federales de Retiro, reunió a los máximos responsables vivos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, quienes en todo momento han negado, así como lo harán cuando les toque hacer uso de la palabra, la existencia de un plan sistemático para el tratamiento de los hijos de las embarazadas secuestradas en los centros clandestinos del régimen.
Junto a Videla y Reynaldo Bignone, están siendo juzgados los ex jefes de la Armada, Antonio Vañek y Rubén Franco. También figuran el ex jefe de inteligencia del grupo de tareas que actuó en la Esma, Jorge “El Tigre” Acosta, el ex general Santiago Riveros -excomandante de Institutos Militares-, el ex prefecto Jorge Azic y el ex médico de la Esma, José Luis Magnacco.
Todos ellos están acusados por los delitos de “apropiación, ocultamiento y supresión y sustitución de identidad” de criaturas recién nacidas, al menos en 34 casos probados. De haber sobrevivido estaría allí Ramón Camps, Eduardo Massera, Cristino Nicolaides y Guillermo Suárez Mason, entre otros.
Esto es así porque se trata de uno de los crímenes más aberrantes que pretendían sanar, en su campaña purificadora de la sociedad, despojando a las criaturas de su identidad y entregándolas a personas vinculadas con el régimen.
En 1996 fueron receptadas las primeras denuncias de las Abuelas de Plaza de Mayo, escindidas con identidad propia de las Madres que desde los primeros años del régimen comenzaron a rodar la Plaza de Mayo reclamando por sus hijos. Aquellos expedientes casi artesanales comenzaron a armar el rompecabezas y a revelar que había existido un plan conjunto y que una mujer en cautiverio podía dar a luz en otro lugar, llevada y traída; separada de sus hijos recién nacidos en escenas desgarradoras y luego desaparecidas.
Comenzaron a aparecer nombres de médicos que traicionaban su juramento en defensa de la vida, algunos de ellos cercanos por sus atrocidades al propio Joseph Menguele.
Alguien podrá decir con razón que ahora se inició un segundo juicio a las Juntas, con poca presencia ciudadana, con una Justicia tardía que, sin embargo, entusiasma a las víctimas, ante un grupo de dictadores ancianos que fueron amos y señores de la Argentina durante un segmento de su historia.
Una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo y querellante en la causa, María Isabel Choribik de Mariani o “Chicha” como se la conoce, había adelantado su testimonio en el juicio hace casi un año, temiendo por la finitud de la vida y el tiempo que tarda en llegar la Justicia.
Fecha Publicación: Miércoles, 02 de Marzo de 2011
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