DENUNCIAN A RODRÍGUEZ SAÁ POR BRUTAL DESALOJO A CAMPESINOS
19 de julio de 2011  PERFIL
Se trata de un campo a 6 cuadras de la residencia del gobernador de San Luis.
El predio está ubicado a solo 600 metros de la mansión del gobernador, la residencia Los Peñitos. | Foto: Cedoc
El intento de desalojo que el gobierno de San Luis intenta realizar con una familia de pobladores rurales ha generado gran polémica en la provincia del gobernador Alberto Rodríguez Saá, también candidato a presidente de la Nación. Se trata de un predio ubicado a solo 600 metros de la mansión del gobernador, la residencia Los Peñitos.

Bajo el intenso frío y las nevadas en la región, la familia Escudero, con la compañía de numerosos vecinos, continuaban hoy con acciones de resistencia a la orden de desalojo de un campo de 220 hectáreas de la localidad de Estancia Grande, sujeto a expropiación, mientras la Fiscalía de Estado provincial aseguró que la familia que se adjudica la propiedad solo la "ocupa" y pretende venderla a "20 mil dólares por hectárea", informó DyN.
Mario Escudero, hijo del hombre que reclama el campo que el Gobierno ordenó expropiar, destacó el apoyo de sus vecinos que se instalaron en el lugar para impedir el ingreso de la Policía pese a que "ha comenzado a nevar y se va cubriendo todo de blanco".
"Se va a poner feo a la noche, porque el frío se ha comenzado a hacer sentir", indicó uno de los manifestantes y relató que para mantener la manifestación de apoyo a la familia Escudero se guarecieron bajo "un toldo de nylon y una carpita, pero se está poniendo muy duro".
Por su parte, el diari MDZol informó que la familia Escudero y los manifestantes que los acompañan en la resistencia al desalojo denuncian que Rodríguez Saá pretende hacer uso de esa superficie para dar lugar a un mega emprendimiento inmobiliario, justo en la zona donde transcurre su día a día.
Sin embargo, la Fiscalía de Estado de San Luis señaló esta noche que el predio en cuestión fue "ocupado" por Escudero y recordó que el desalojo fue ordenado por el Poder Judicial y la expropiación dispuesta por el gobierno "con fines de utilidad pública" tras el depósito "del monto de indemnización legal correspondiente".
En un comunicado, el abogado de la Fiscalía, Roald Cattáneo, indicó que "Escudero no es en modo alguno titular registral de la propiedad que ocupa, la que fue expropiada con fines de utilidad pública". Y, remarcó que a Escudero "se le ofreció soluciones habitacionales en el lugar u otros a su elección" y destacó que era "absolutamente falso que se haya ejercido violencia alguna" contra la familia y manifestantes.
La fiscalía también acusó a Escudero de modificar las condiciones que en principio había pactado para la entrega de las tierras e incluso reveló que pidió "20 mil dólares por hectárea" lo que equivale a "400 mil dólares por las hectáreas que se ofrecían desalojar" en forma pacífica.
"Ahora se pretendía vender al estado provincial una propiedad que no es del pretendido vendedor y está expropiada", acotó la Fiscalía y señaló que el gobierno "continúa con su espíritu de negociación en bases legales".
Mario Escudero reveló que poco antes del mediodía, cuando regresó de la ciudad de San Luis donde realizó trámites, la policía intentó negarle el paso a su campo. "Me quisieron detener, pero finalmente me les solté y entré corriendo al campo", relató a esta agencia.
Además, señaló que por la tarde uno de sus familiares sufrió un pico de presión y debió ser asistido por los vecinos porque acusó a la fuerza de seguridad que custodia el predio de "impedir el paso" de un automóvil para trasladarlo a un centro asistencial. El hombre fue llevado en auto hasta El Volcán, a 15 kilómetros, y desde allí fue trasbordado a una ambulancia que lo llevó hasta el hospital de Juana Koslay.
El campo "La Camila", ubicado en Estancia Grande, forma parte de un grupo de terrenos que el gobierno quiere expropiar para obtener 220 hectáreas para construir edificios.
La familia Escudero, que asegura ser dueña de las tierras, resiste junto a sus vecinos la medida porque, según el abogado Guillermo Domeniconi, "no se ha probado la utilidad pública de esos terrenos" desde que hace un año comenzó el conflicto. Los Escudero ofrecieron donar al Estado hasta 10 hectáreas de su campo, pero el gobierno no aceptó esa porción.