OFRECEN RECOMPENSA A QUIEN APORTE DATOS QUE PERMITAN DETENER A CUATRO REPRESORES SANTAFESINOS
1º de agosto de 2011
El gobierno nacional ofrece una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte datos para detener a los represores César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomundo y a los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, todos ellos investigados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Santa Fe.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -a través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia- ofrece 100 mil pesos para aquel que aporte datos ciertos que permitan ubicar a estos sospechosos, en el marco de causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque.

César Peralta, de 56 años y prófugo desde el 28 de agosto de 2006, fue un ex oficial de la policía de Santa Fe que reportó en la División Informaciones durante la última dictadura y está acusado de al menos 23 casos de tormentos y apremios ilegales, entre ellos el del militante comunista Sergio Schilman.
En tanto, a Tuttolomundo, de 53 años y prófugo desde el 5 de mayo del 2008, está acusado de delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, ocurrido en diciembre de 1978, y que formó parte del llamado Juicio a las Juntas.
Los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, de 57 y 63 años, respectivamente, están acusados en el marco del juicio oral que ventiló el año pasado el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, en la llamada causa Guerrieri.
En ese juicio se condenó a prisión perpetua a Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de la Ley 26.375 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En esa ley se impulsó un Fondo de Recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la Justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesario, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad.
La identidad de la persona que suministre la información ante la Unidad Especial es mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura, bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones administrativas sumariales correspondientes.
Tanto los miembros de las Fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas pueden ser denunciantes.