Comunidades campesinas e indígenas se capacitan con el apoyo de Fundapaz para mapear sus territorios con herramientas tecnológicas. Esta información les ayuda a resolver conflictos por la propiedad y el acceso al agua.
Vivimos y morimos acarreando agua, todos los días caminamos hasta treinta kilómetros porque la necesitamos para nosotros, nuestros animales y la huerta", contó Rebeca Soaire, de la comunidad campesina de "Los Blancos", en la provincia de Salta. Al no tener la titularidad del terreno, una disposición judicial les impide hacer pozos de agua en el territorio donde habitan.
Nestor Montes, representante de la etnia Wichí en la localidad vecina La Esperanza (Lha Niwhayaj), en el departamento salteño de Rivadavia comentó la misma injusta realidad: "no tenemos el título de nuestra tierra y sufrimos por falta de agua segura, los niños se enferman", lamentó.
Son solo dos testimonios de los muchos que se escucharon durante el Foro de Acceso a la Tierra y al Agua organizado por la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz) y el Fondo Internacional para el Desarrollo agrícola (FIDA) de Naciones Unidas, que se realizó a comienzos de noviembre en Buenos Aires.
Son cuestiones tan básicas, que a veces pasan desapercibidas. Pero en pleno siglo XXI, centenares de familias en zonas aisladas del país (principalmente el Norte Argentino), no acceden al agua y viven como si fueran usurpadores de la tierra que ellos y sus ancestros han trabajado y ocupado por generaciones.
Desde hace más de 30 años, la ONG Fundapaz trabaja junto a las comunidades campesinas e indígenas más relegadas, en la resolución de conflictos por el acceso al agua y a la tierra, y en la promoción de sus derechos. Y desde hace un par de años, la tecnología de mapeo digital se ha convertido en su mejor aliado.
Con herramientas simples como un teléfono móvil y un aplicativo para la captura de datos, gracias a la capacitación en estas técnicas, los propios miembros de la comunidad están mapeando los terrenos, y marcando aquellos lugares donde se puede acceder al agua. "Nos capacitamos para analizar las imágenes, y elaboramos una propuesta para las autoridades", comentó Montes, esperanzado en que algún funcionario reciba el trabajo que preparó.
"El mapeo participativo es una herramienta fundamental en zonas donde no hay mapas", destacó Gabriel Seghezzo, director ejecutivo de Fundapaz.
"Es un modelo que empodera y produce conocimiento desde las comunidades generando soluciones a partir de la información", apuntó Chiara Scardozzi, antrópologa italiana que vivió ocho años con las comunidades y es autora de varios trabajos de análisis etnográfico y resolución de conflictos territoriales.
Además de delimitar terrenos, partir de los mapas digitales, también se puede establecer si conviene hacer pozos o "cosechas de agua", que consisten básicamente en recolectar agua de lluvia en grandes tanques de almacenamiento.
Esta herramienta ya fue utilizada para resolver varios conflictos, como el de acceso a la tierra en 643.000 hectáreas por parte de comunidades indígenas y campesinas en los lotes 55 y 14 de Santa Victoria Este, en el Chaco salteño. Unas 400 mil hectáreas quedaron para 71 comunidades indígenas y 243.000 para 462 familias criollas.
Asimismo, se usó en un conflicto territorial entre un propietario y 21 familias campesinas en el paraje Km 25 Garza, en Santiago del Estero, que se resolvió con la cesión de 1.400 hectáreas para esa comunidad. Y en la creación de la "mesa de agua" del departamento Rivadavia, en Salta, para proveer de agua segura a sus habitantes.
Identikit
- Nombre: Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz)
- Inicio de actividades: 1973
- Objetivo: promover el desarrollo humano de comunidades originarias y campesinas en el Norte Argentino
- Alcance: programas en el norte de Santa Fe, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy
- Contacto: www.fundapaz.org.ar
Las más vulneradas
"Corren riesgo nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Queremos que paren de fumigar y que se hagan los estudios para determinar la contaminación y el daño a la salud que estamos sufriendo". Con estas palabras, Eugenia Giménez, del equipo de mujeres campesinas de Loma Senés, en Formosa, expresó el reclamo que 23 familias de pequeños productores llevan adelante desde 2003 junto a Fundapaz y otras organizaciones.
Su testimonio formó parte del informe "Acceso a los Recursos Naturales de las Mujeres Rurales" elevado a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el trabajo se detalló la situación de las mujeres campesinas y originarias en el Chaco argentino en relación al acceso al agua y los recursos naturales. Ante este informe, el Comité de Naciones Unidas recomendó al Estado, a fines del año pasado "diseñar programa específicos destinados al desarrollo sustentable y el combate a la pobreza, mediante posibilidades de empleo y capacitación; instrumentar medidas para el reconocimiento formal de la propiedad de la tierra por parte de mujeres indígenas y campesinas, impedir los desalojos forzosos, asegurar el acceso a agua potable y revisar el manejo de pesticidas, fertilizantes y agroquímicos.