El proyecto del diputado oficialista Alejandro Rossi para que los jueces den examen cada cuatro años completa el combo de iniciativas y declaraciones del kirchnerismo que busca poner límites al Poder Judicial. El hermano del jefe de la bancada K, Agustín Rossi, propuso que los magistrados demuestren periódicamente su idoneidad o, de lo contrario, sean sometidos a juicio político, lo que despertó la reacción de toda la corporación y de la oposición, quienes coincidieron en la inconstitucionalidad de la idea.

“¿El diputado Rossi, además de comisario de la Gestapo, es abogado?”, preguntó en voz alta el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, y continuó: “Porque, si es así, él tendría que dar un examen porque ignora la Constitución”. La Carta Magna establece expresamente que los jueces permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta y sólo son removibles por juicio político.

La del juez Recondo fue una de las tantas respuestas que se escucharon ayer tras la presentación del proyecto en la Cámara baja. Es que la iniciativa no es la primera que intenta “castigar” a los jueces. Desde las intervenciones del Poder Judicial en torno a los DNU y más aún con el avance de los proyectos de la oposición para reformar nuevamente el Consejo de la Magistratura, el oficialismo envía un mensaje tras otros a quienes deben aplicar normas y leyes.

En un exabrupto del que luego debió pedir disculpas públicas, el propio Alejandro Rossi había pedido la semana pasada que a futuro antes de designar a un juez se investiguen aspectos de su vida privada como “si están casados entre sí y hasta a qué colegios van sus hijos”.

Frente a estas propuestas, Recondo consideró que el Frente para la Victoria “discrimina” a los jueces y que la situación “pasa a ser un tema de protección de los derechos humanos”. Y, parafraseando a Bertolt Brecht, advirtió: “Hoy son los jueces, mañana los empresarios, pasado los periodistas”.

La posibilidad de que la Corte Suprema limite el uso de los decretos de necesidad y urgencia volvió a poner en escena los embates del Gobierno contra la Justicia. Retomando las acusaciones de Néstor Kirchner, quien habló de la existencia de un “partido judicial”, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que en los tribunales existe un sector con “vocación por gobernar”. En el mismo tono, durante su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández cuestionó duramente al Poder Judicial. A tal punto que la Corte Suprema respondió con un comunicado en el que exigió al Ejecutivo “mesura y equilibrio”. La guerra no terminó.

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