INDÍGENAS BOLIVIANOS CUMPLEN SEGUNDO DÍA DE VIGILIA POR CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAViernes 3 de febrero de 2012 Telesur
Nativos bolivianos del Consejo Indígena del Sur (Conisur), llegan este jueves al segundo día de vigilia en La Paz a la espera de reunirse con otro grupo de indígenas para iniciar las negociaciones que apuntan a la eliminación de la Ley Corta 180 y la construcción de una carretera interestatal que atraviese un reservorio natural.
Pradel dijo que no se irá con las manos vacías y adelantó que "la vigilia será el marco para esperar a los dirigentes de la Cidob, hasta ahora renuentes a sentarse a la mesa de negociaciones".
Para el dirigente indígena la carretera llevará desarrollo y acceso a servicios que antes no tenían las comunidades que viven en el Tipnis.
Advirtió además que esa carretera "no afectará el ecosistema, pues al igual que en muchos países del mundo donde hay vías en medio de reservas, el medioambiente y la naturaleza están protegidos".
El pasado lunes, unos cuatro mil activistas de Conisur arribaron a La Paz tras caminar durante 44 días desde la localidad de Isinuta, en el trópico de Cochabamba (centro). Ese mismo día fueron recibidos por el presidente Evo Morales.
El mandatario andino les prometió que analizarían sus peticiones una a una junto a los Ministros competentes para dar respuesta cuanto antes.
teleSUR - PL / dg - FC
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Angie Camacho informó este jueves que la movilización "se llevará a cabo en 19 municipios de esa región, que como ellos (los desplazados) han dicho confluyen grupos de bandas criminales de antiguos paramilitares".
"Se espera que en esta movilización el Presidente no se confunda y haga campaña política con ella en el marco de la restitución de tierra, sino por el contrario dé respuestas en una zona que además tiene antecedentes muy dolorosos", señaló la periodista.
Camacho recordó que en esa región costera "la transnacional Chiquita Brand financió a grupos paramilitares (...) La justicia de este país le ha pedido que dé cuentas por cada tres mil fusiles que fueron ingresados al país, pero además por tres centavos de dólar por cada banana que se exportaba; este dinero iba a parar a las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC)".
La reportera informó también que los desplazados han entregado un informe a autoridades colombianas sobre "la situación de despojo en la zona de Urabá antioqueño, cuna de los paramilitares de este país".
"Las organizaciones han reclamado la presencia del Estado en este proceso de restitución de tierra y han dicho que solamente en esta zona del territorio colombiano hay dos mil 950 víctimas que se han registrado, además de 106 amenazas de seguimiento, hostigamiento y desplazamiento masivo para las personas que reclaman que se les restituya la tierra", subrayó.
Los desplazados "han dicho que es una de las cifras más altas e históricas que se puedan registrar" en Colombia, agregó.
El pasado sábado, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la ley de Restitución de Tierras, aprobada en 2011 por el Congreso de Colombia y que entró en vigencia el pasado 1 de enero, significa "una revolución agraria".
La ley para la restitución de tierras pretende devolver antes de 2014 unos dos millones de hectáreas a cerca de 400 mil familias que fueron desplazadas por parte de grupos armados ilegales, por lo que se vieron obligadas a abandonar su terruño.
Según Santos, "sectores de la izquierda radical y de la extrema derecha se oponen a que el gobierno restituya tierras a campesinos".
"Tenemos enemigos de lado y lado. La izquierda radical, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), enemigos de la ley, porque les quitamos el discurso", precisó.
El mandatario colombiano dijo que "otro enemigo del proceso de restitución de tierras es la extrema derecha, es decir, los paramilitares, quienes se hicieron con muchísima tierra a punta de violencia y a punta de desplazamiento".
En los últimos 15 años fueron robadas entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas en Colombia, en su mayoría por grupos insurgentes y narcotraficantes, según estimaciones oficiales y de las ONG.
En enero pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció este que el desplazamiento sigue siendo un delito impune en Colombia en el 99 por ciento de los casos y que en tres años han sido asesinados casi mil 500 desplazados.