LOS "NEOPARAMILITARES", OTRA AMENAZA PARA COLOMBIA
Domingo 29 de enero de 2012 | Publicado en edición impresa
Los grupos armados / Un nuevo desafío para Santos
Bandas como los Urabeños controlan vastas zonas del país
Por Cesar Gonzalez Calero  | LA NACION

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los paramilitares de extrema derecha liderados por Carlos Castaño, iniciaron su desmovilización en 2003 tras los acuerdos de paz firmados con el gobierno de Alvaro Uribe, pero muchos de los 30.000 hombres de esa milicia nunca dejaron las armas.
Hoy, bandas como los Urabeños o los Rastrojos, herederos de las AUC, controlan varias zonas del país y se permiten el lujo de decretar paros armados. Aunque la lucha contra la guerrilla de las FARC continúa siendo la prioridad del presidente Juan Manuel Santos, los grupos de "neoparamilitares" conforman la nueva amenaza armada de Colombia.
El poder de bandas como los Urabeños se expresó hace dos semanas en el norte del país, donde se mueven a su antojo, tanto en la costa del Pacífico como en la del Caribe, y controlan las rutas de la cocaína hacia Panamá.
Ante la reciente caída de su máximo líder, Juan de Dios Usuga, alias "Giovanni", a manos de las fuerzas de seguridad, el grupo decretó un paro armado en seis departamentos del Noreste y amenazó con represalias a aquellos transportistas y comerciantes que no se plegaran a sus órdenes. Ciudades como Medellín y Santa Marta vieron paralizada su actividad económica sin que las autoridades pudieran hacer nada para evitarlo. Tras el paro armado, los Urabeños redoblaron su apuesta al distribuir panfletos en los que ofrecían 1000 dólares por cada policía muerto.
Aunque ha recrudecido en los últimos tiempos, la amenaza de las nuevas bandas de paramilitares viene forjándose desde hace unos años. En su informe "Herederos de los paramilitares", la organización Human Rights Watch enumera las cuatro principales bandas de "neoparamilitares" que desenterraron el hacha de guerra de las AUC. Además de los Urabeños, que cuentan con al menos 1200 hombres armados, los Rastrojos (1400 efectivos) tienen influencia en varios departamentos y, en menor medida, operan también el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (800) y los Paisas (400).
Según datos del gobierno colombiano, de los 15.400 asesinatos cometidos en 2010, el 47% lleva la firma de estos grupos, a los que el oficialismo prefiere denominar Bacrim (o bandas criminales emergentes) para tratar de desvincularlos de las antiguas milicias de extrema derecha.
El máximo responsable policial de Colombia, Oscar Naranjo, llegó a calificar a estas bandas como "la principal amenaza" del país. Una interpretación que comparte el Departamento de Estado norteamericano. En su informe de 2011 sobre la lucha contra el narcotráfico, la Casa Blanca advertía ya que los "neoparamilitares" constituyen un reto policial "mayúsculo" para Colombia por su control del negocio del tráfico de droga en el estrecho de Darién, en competencia con las marxistas FARC.
Herencia
Para el historiador y analista político Jorge Orlando Melo, las Bacrim son una herencia clara de las AUC. "La principal diferencia con las Autodefensas radica en que ahora los paramilitares ya no gozan de la protección del ejército ni de la policía ni del estamento político a nivel nacional, pero sí cuentan con los favores y el respaldo de poderes políticos locales, como alcaldes y miembros de consejos municipales, que los tratan con tolerancia", explica Melo desde Bogotá.
La milicia de Carlos Castaño (el líder asesinado en 2004 presuntamente por orden de su hermano Vicente) fue desde su creación en 1997 el brazo armado de los grandes propietarios rurales del país, que veían con preocupación la creciente influencia de las guerrillas de izquierda.
Las relaciones entre los paramilitares y ciertos estamentos del poder político y militar fueron estrechándose con los años hasta alcanzar su apogeo con la llegada al poder de Uribe (2002-2010). Unos vínculos que acabaron saliendo a la luz pública en el denominado escándalo de la "parapolítica". La Corte Suprema de Justicia investigó a unos 150 legisladores -la mayoría de la coalición de gobierno de Uribe- por haber colaborado con los paramilitares y al menos una veintena fueron condenados. Uno de los casos más relevantes de esos vínculos fue el de Jorge Noguera, director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los servicios secretos, en tiempos de Uribe, que fue sentenciado en septiembre pasado a 25 años de cárcel por sus nexos con las Autodefensas.
"Uribe ensayó un cambio radical en la política colombiana; suspendió la negociación con las FARC y la impulsó con las AUC; de alguna manera, su estrategia fue perversa porque les dio a los paramilitares una legitimidad política retroactiva; la mayoría de los miembros de las Autodefensas fueron amnistiados y el resultado fue que antiguos paramilitares volvieron a reunirse tanto para enfrentar a las FARC como para dedicarse a actividades ilícitas, como el narcotráfico o la minería ilegal", señala Melo.
La estrategia de Santos parece encaminada a enfrentar más decididamente a las Bacrim que su antecesor. Al día siguiente del paro armado, el mandatario ofreció una recompensa de varios millones de dólares por el sucesor de "Giovanni", su hermano Dairo Usuga, alias "Otoniel", y otros jefes de los Urabeños. "A los colombianos no los va a intimidar nadie; ninguna organización criminal ha podido con el Estado", advirtió Santos. Queda por ver si el Estado, de una vez por todas, puede con ellas.
SANTOS, FIRME EN LA ENTREGA DE TIERRAS
BOGOTA (AFP).- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió ayer que grupos radicales de izquierda y de derecha quieren obstaculizar la entrega de tierras a campesinos. "Las FARC dicen que la tierra es para los campesinos y a ellos se la estamos entregando, sobre todo a los desplazados", precisó.