VIOLENCIA EN BRASIL: UNA LISTA DE 12 JUECES MARCADOS PARA MORIR15/08/11
Se conoce tres días después del crimen de una magistrada. Son amenazados por bandas de narcos.
Por Eleonora Gosman San Pablo. Corresponsal
Una carpeta con los nombres de 100 jueces brasileños, que viven amenazados por bandas parapoliciales, grupos de exterminio y organizaciones mafiosas, circula entre las autoridades del Consejo Nacional de Justicia de Brasil.
Y de allí se desprende una lista de 12 magistrados “marcados para morir” .
Ese centenar puede tener el mismo destino que la jueza de Río de Janeiro Patricia Acioli, quien cayó acribillada por un comando a media noche del jueves cuando se aprestaba a bajar del automóvil en la puerta de su residencia en San Gonzalo, municipio de Río de Janeiro contiguo a Niterói.
Por decisión del tribunal de justicia fluminense, la magistrada se desplazaba sin custodia desde 2007. En esa instancia habían concluido que “ya no la precisaba” y que bastaba con ser escoltada por un agente. Y sin embargo, Acioli venía de sentenciar ese mismo día a policías militares juzgados por crímenes de corrupción y por homicidios. Para algunas fuentes, el ajusticiamiento de esta mujer de 47 años fue un mensaje de advertencia para quienes están vivos : “Nada de investigar a las mafias uniformadas que se mueven en Río de Janeiro como si fuera territorio liberado”. Otros subrayan que el Estado brasileño ha dejado avanzar el accionar delictivo de esas corporaciones del delito organizado al punto de perder el control y “hoy estamos frente a un cuadro de absoluta impunidad”.
El problema trasciende el estado fluminense. De acuerdo con el Consejo de Justicia, son 42 los jueces que deben vivir bajo rigurosa custodia. Muchos en el estado de Paraná (allí hay al menos 30 magistrados amenazados) y otro tanto en Río. El resto se esparce por los otros 25 estados brasileños. El caso de Patricia Acioli es paradigmático: se sabía que ella figuraba en una lista de 12 condenados a muerte por los grupos parapoliciales. La encontraron al detener a Wanderson da Silva Tavares, o Gordinho, un policía militar acusado de liderar una milicia en San Gonzalo. El hombre fue sentenciado a prisión en enero y ahora está detenido en el penal de Guarapari en Espírito Santo.
Durante el entierro de la jueza asesinada de 21 balazos a quemarropa, un familiar declaró: “Recibía amenazas desde hace 5 años. Ella era considerada como una jueza dura, de martillo pesado como se la llamaba porque siempre condenaba a la pena máxima. Se desplazaba en un automóvil común, sin blindaje y su casa no tenía portón con abertura electrónica. La mataron profesionales, no improvisados”.
El ex magistrado Walter Maierovitch, presidente del Instituto Giovanni Falcone, sostuvo que organizaciones mafiosas buscaron a través de este asesinato enviar un mensaje. “Es un mensaje de las mafias que busca silenciar a los testigos y aterrorizar a la magistratura y la población”. El especialista recordó que el italiano Giovanni Falcone fue dinamitado en 1992, en Calabria, junto con su custodia. “Es claro que por más que se trate de protegerlos, los jueces penales siempre serán vulnerables.
Por decisión del tribunal de justicia fluminense, la magistrada se desplazaba sin custodia desde 2007. En esa instancia habían concluido que “ya no la precisaba” y que bastaba con ser escoltada por un agente. Y sin embargo, Acioli venía de sentenciar ese mismo día a policías militares juzgados por crímenes de corrupción y por homicidios. Para algunas fuentes, el ajusticiamiento de esta mujer de 47 años fue un mensaje de advertencia para quienes están vivos : “Nada de investigar a las mafias uniformadas que se mueven en Río de Janeiro como si fuera territorio liberado”. Otros subrayan que el Estado brasileño ha dejado avanzar el accionar delictivo de esas corporaciones del delito organizado al punto de perder el control y “hoy estamos frente a un cuadro de absoluta impunidad”.
El problema trasciende el estado fluminense. De acuerdo con el Consejo de Justicia, son 42 los jueces que deben vivir bajo rigurosa custodia. Muchos en el estado de Paraná (allí hay al menos 30 magistrados amenazados) y otro tanto en Río. El resto se esparce por los otros 25 estados brasileños. El caso de Patricia Acioli es paradigmático: se sabía que ella figuraba en una lista de 12 condenados a muerte por los grupos parapoliciales. La encontraron al detener a Wanderson da Silva Tavares, o Gordinho, un policía militar acusado de liderar una milicia en San Gonzalo. El hombre fue sentenciado a prisión en enero y ahora está detenido en el penal de Guarapari en Espírito Santo.
Durante el entierro de la jueza asesinada de 21 balazos a quemarropa, un familiar declaró: “Recibía amenazas desde hace 5 años. Ella era considerada como una jueza dura, de martillo pesado como se la llamaba porque siempre condenaba a la pena máxima. Se desplazaba en un automóvil común, sin blindaje y su casa no tenía portón con abertura electrónica. La mataron profesionales, no improvisados”.
El ex magistrado Walter Maierovitch, presidente del Instituto Giovanni Falcone, sostuvo que organizaciones mafiosas buscaron a través de este asesinato enviar un mensaje. “Es un mensaje de las mafias que busca silenciar a los testigos y aterrorizar a la magistratura y la población”. El especialista recordó que el italiano Giovanni Falcone fue dinamitado en 1992, en Calabria, junto con su custodia. “Es claro que por más que se trate de protegerlos, los jueces penales siempre serán vulnerables.
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