MEXICO APRUEBA PENAS DE HASTA 60 AÑOS PARA MILITARES LIGADOS AL CRIMENLos diputados aumentaron el castigo para elementos de Ejército, Marina y Fuerza Aérea que deserten para incorporarse al crimen organizado
En la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen para aumentar las penas para los militares que deserten y se unan al crimen organizado (Cuartoscuro ).
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Hasta 60 años de prisión podrían alcanzar los militares que deserten a las filas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de México y se incorporen a las del narcotráfico y el crimen organizado.
Una reforma al Código de Justicia Militar, aprobada con 358 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones por la Cámara de Diputados, plantea la creación de dos nuevos tipos penales que endurecerán las penas contra los traidores.
Un primer tipo penal plantea la aplicación de castigos de 30 a 60 años de prisión para quienes se incorporen a la delincuencia organizada de forma permanente.
La pena se agrava si los militares desertores utilizan su capacitación y adiestramiento para auxiliar al crimen organizado, así como proporcionarles información y estrategias que puedan ser utilizadas contra las propias Fuerzas Armadas.
El segundo tipo penal establece castigos que van desde los 15 hasta los 60 años de prisión por proporcionar a los grupos de la delincuencia información que pudiera ser utilizada para evadir o eludir la actuación de la justicia, y obstruyan la investigación que se realice en su contra.
En este tipo penal las condenas se irán modificando dependiendo del daño causado, la forma de participación y el uso indebido de diversos recursos de la nación para "facilitar" la actuación delictiva.
Los cambios en el Código de Justicia Militar, establece el dictamen, obedecen a que son ya varios los casos en que miembros del Ejército, la Marina y hasta la Policía Federal han formado parte de actos delictivos que afectan a la ciudadanía.
"El militar que actúa en contra de las misiones encomendadas quebranta un principio de lealtad que debe tener para con dichas instituciones; pone en riesgo el cumplimiento de las misiones; y falta a la confianza que la sociedad depositó en su investidura, lo que le hace acreedor a penas severas; más aún cuando las leyes castrenses exigen que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal al interés de la patria", versa el texto del dictamen.
"Con esto se actualizará la legislación militar, con la finalidad de proporcionar nuevos conceptos en el ámbito jurídico, penal, y complementen los ya tradicionales para enfrentar los cambios sociales y responder puntualmente a los compromisos que la sociedad requiere de los institutos castrenses y así garantizar la disciplina y el desarrollo armónico de sus elementos", expuso a favor el panista Sergio Gama.
Uno de los que votó en contra de la propuesta es el petista Jaime Cárdenas, quien señaló que las modificaciones debieran incluirse en las discusiones en la Ley de Seguridad Nacional, además de que no lastima a los altos rangos del Ejército.
"Estas penas que se prevén aquí, que se van a incrementar, van a afectar, sobre todo, al soldado raso, van a afectar, sobre todo, a la tropa. No afecta, no influye, no determina, no causa un daño a la alta jerarquía militar", dijo Cárdenas en tribuna.
"La delincuencia organizada, el combate al crimen organizado no se puede combatir con una estrategia fallida como la que ha impulsado el gobierno de Felipe Calderón y que es impulsada en este dictamen", agregó.
Los cambios fueron propuestos por la Presidencia de la República y aprobados ya por el Senado, por lo que una vez aprobado en la Cámara baja sólo falta su publicación para entrar en vigor.
Una reforma al Código de Justicia Militar, aprobada con 358 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones por la Cámara de Diputados, plantea la creación de dos nuevos tipos penales que endurecerán las penas contra los traidores.
Un primer tipo penal plantea la aplicación de castigos de 30 a 60 años de prisión para quienes se incorporen a la delincuencia organizada de forma permanente.
La pena se agrava si los militares desertores utilizan su capacitación y adiestramiento para auxiliar al crimen organizado, así como proporcionarles información y estrategias que puedan ser utilizadas contra las propias Fuerzas Armadas.
El segundo tipo penal establece castigos que van desde los 15 hasta los 60 años de prisión por proporcionar a los grupos de la delincuencia información que pudiera ser utilizada para evadir o eludir la actuación de la justicia, y obstruyan la investigación que se realice en su contra.
En este tipo penal las condenas se irán modificando dependiendo del daño causado, la forma de participación y el uso indebido de diversos recursos de la nación para "facilitar" la actuación delictiva.
Los cambios en el Código de Justicia Militar, establece el dictamen, obedecen a que son ya varios los casos en que miembros del Ejército, la Marina y hasta la Policía Federal han formado parte de actos delictivos que afectan a la ciudadanía.
"El militar que actúa en contra de las misiones encomendadas quebranta un principio de lealtad que debe tener para con dichas instituciones; pone en riesgo el cumplimiento de las misiones; y falta a la confianza que la sociedad depositó en su investidura, lo que le hace acreedor a penas severas; más aún cuando las leyes castrenses exigen que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal al interés de la patria", versa el texto del dictamen.
"Con esto se actualizará la legislación militar, con la finalidad de proporcionar nuevos conceptos en el ámbito jurídico, penal, y complementen los ya tradicionales para enfrentar los cambios sociales y responder puntualmente a los compromisos que la sociedad requiere de los institutos castrenses y así garantizar la disciplina y el desarrollo armónico de sus elementos", expuso a favor el panista Sergio Gama.
Uno de los que votó en contra de la propuesta es el petista Jaime Cárdenas, quien señaló que las modificaciones debieran incluirse en las discusiones en la Ley de Seguridad Nacional, además de que no lastima a los altos rangos del Ejército.
"Estas penas que se prevén aquí, que se van a incrementar, van a afectar, sobre todo, al soldado raso, van a afectar, sobre todo, a la tropa. No afecta, no influye, no determina, no causa un daño a la alta jerarquía militar", dijo Cárdenas en tribuna.
"La delincuencia organizada, el combate al crimen organizado no se puede combatir con una estrategia fallida como la que ha impulsado el gobierno de Felipe Calderón y que es impulsada en este dictamen", agregó.
Los cambios fueron propuestos por la Presidencia de la República y aprobados ya por el Senado, por lo que una vez aprobado en la Cámara baja sólo falta su publicación para entrar en vigor.