HORROR EN PERÚ: ESTERILIZACIONES FORZADAS POR EL GOBIERNO DE FUJIMORI 20.02.12
Alrededor de 300 mil mujeres fueron sometidas a un proceso de esterilización en Perú y ahora exigen que se haga justicia.
Imagen de Horror en Perú: esterilizaciones forzadas por el gobierno de Fujimori
Alberto Fujimori, ex presidente de Perú. - AFP
Micaela Flores recuerda vívidamente el día en que, junto con otras 15 campesinas de comunidades del Cusco, la llevaron con engaños a un centro de salud, las encerraron bajo candado y luego la operaron para dejarla estéril.
"Me llevaron adentro jalándome entre dos. 'Vamos a hacerte un chiquito corte, asisito''', le dijeron, según la mujer, quien hoy tiene 54 años. "Yo dije, 'no señora, yo no puedo hacerme eso'... Brava me he puesto ahí dentro, (pero) me agarraron, tumbaron, me amarraron los pies, las manos con (ligas de) jebe, me pusieron la anestesia".
Flores es una de unas 2000 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas contra su voluntad, como parte de un programa de "planificación familiar" emprendido por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996.
El programa consistió en la esterilización forzada de unas 300.000 mujeres, según información del propio gobierno.
Los intentos por investigar las denuncias fracasaron y en el 2009 el caso fue archivado bajo el argumento de la prescripción de los cargos de homicidio culposo y negligencia. En octubre pasado, sin embargo, el gobierno, presionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció la reapertura del expediente y la Fiscalía dijo que el caso será tratado como un delito de lesa humanidad y por tanto no será prescriptible.
Sin embargo, a la fecha, el expediente sigue siendo estudiado por la fiscal encargada del caso y las víctimas de esterilizaciones forzadas continúan esperando señales claras de que obtendrán justicia.
El caso ha sido asignado a la fiscal Edith Alicia Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que tiene facultades para realización una investigación a nivel nacional. La fiscal Chamorro no quiso dar una entrevista a la AP y se limitó a declarar por teléfono que estaba "evaluando el expediente", un voluminoso legajo compuesto por 62 cuadernos.
Chamorro dijo que no se le ha asignado ninguna asistencia especial y que se maneja con el equipo legal con el que habitualmente trabaja.
El Fiscal de la Nación José Peláez, declinó conceder una entrevista a la AP pese a reiterados llamados.
"¿Por qué razón el señor fiscal, el ministro de salud, la defensoría del pueblo nos han cerrado la puerta? Me da una pena, que nos hagan estas cosas", dijo Flores con tristeza tras llegar a Lima el viernes pasado para la proyección de la película "La cicatriz de Paulina", que aborda el tema de las esterilizaciones forzadas cometidas en los años 90.
Activistas afirman que, además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres, con seguimiento escaso o nulo, y tienen documentados 18 casos de mujeres que fallecieron por infecciones poco después de ser esterilizadas.
Este podría ser uno de los peores programas de esterilizaciones forzadas dispuestas por un gobierno de que se tiene noticias.
Estos programas comenzaron a funcionar a fines del siglo XIX, con el objetivo de reducir la cantidad de personas con escasa inteligencia y, sobre todo, de enfermos mentales. La idea era purificar la raza dominante.
Alejandra Cárdenas, asesora Legal del Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que un caso como el de Perú solo ocurrió en la década del 70 en la India.
"El objetivo era reducir la natalidad en las poblaciones más pobres. El estado implantó todo un programa. Podemos decir que lo que sucedió fue un crimen de lesa humanidad por la escala y la sistematicidad con la que se llevó a cabo", declaró.
Flores pertenece a la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilización Forzada de Cusco, que desde hace 15 años vienen luchando para que se investiguen las denuncias de esterilizaciones forzadas, se castigue a los responsables y se les ofrezca una reparación.
El propio Fujimori anunció en 1995, en un congreso mundial de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar para que las peruanas pudieran decidir el número de hijos que querían tener.
Fujimori, hoy de 72 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno. Hasta ahora no ha sido investigado en relación con las esterilizaciones.
"Me llevaron adentro jalándome entre dos. 'Vamos a hacerte un chiquito corte, asisito''', le dijeron, según la mujer, quien hoy tiene 54 años. "Yo dije, 'no señora, yo no puedo hacerme eso'... Brava me he puesto ahí dentro, (pero) me agarraron, tumbaron, me amarraron los pies, las manos con (ligas de) jebe, me pusieron la anestesia".
Flores es una de unas 2000 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas contra su voluntad, como parte de un programa de "planificación familiar" emprendido por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996.
El programa consistió en la esterilización forzada de unas 300.000 mujeres, según información del propio gobierno.
Los intentos por investigar las denuncias fracasaron y en el 2009 el caso fue archivado bajo el argumento de la prescripción de los cargos de homicidio culposo y negligencia. En octubre pasado, sin embargo, el gobierno, presionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció la reapertura del expediente y la Fiscalía dijo que el caso será tratado como un delito de lesa humanidad y por tanto no será prescriptible.
Sin embargo, a la fecha, el expediente sigue siendo estudiado por la fiscal encargada del caso y las víctimas de esterilizaciones forzadas continúan esperando señales claras de que obtendrán justicia.
El caso ha sido asignado a la fiscal Edith Alicia Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que tiene facultades para realización una investigación a nivel nacional. La fiscal Chamorro no quiso dar una entrevista a la AP y se limitó a declarar por teléfono que estaba "evaluando el expediente", un voluminoso legajo compuesto por 62 cuadernos.
Chamorro dijo que no se le ha asignado ninguna asistencia especial y que se maneja con el equipo legal con el que habitualmente trabaja.
El Fiscal de la Nación José Peláez, declinó conceder una entrevista a la AP pese a reiterados llamados.
"¿Por qué razón el señor fiscal, el ministro de salud, la defensoría del pueblo nos han cerrado la puerta? Me da una pena, que nos hagan estas cosas", dijo Flores con tristeza tras llegar a Lima el viernes pasado para la proyección de la película "La cicatriz de Paulina", que aborda el tema de las esterilizaciones forzadas cometidas en los años 90.
Activistas afirman que, además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres, con seguimiento escaso o nulo, y tienen documentados 18 casos de mujeres que fallecieron por infecciones poco después de ser esterilizadas.
Este podría ser uno de los peores programas de esterilizaciones forzadas dispuestas por un gobierno de que se tiene noticias.
Estos programas comenzaron a funcionar a fines del siglo XIX, con el objetivo de reducir la cantidad de personas con escasa inteligencia y, sobre todo, de enfermos mentales. La idea era purificar la raza dominante.
Alejandra Cárdenas, asesora Legal del Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que un caso como el de Perú solo ocurrió en la década del 70 en la India.
"El objetivo era reducir la natalidad en las poblaciones más pobres. El estado implantó todo un programa. Podemos decir que lo que sucedió fue un crimen de lesa humanidad por la escala y la sistematicidad con la que se llevó a cabo", declaró.
Flores pertenece a la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilización Forzada de Cusco, que desde hace 15 años vienen luchando para que se investiguen las denuncias de esterilizaciones forzadas, se castigue a los responsables y se les ofrezca una reparación.
El propio Fujimori anunció en 1995, en un congreso mundial de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar para que las peruanas pudieran decidir el número de hijos que querían tener.
Fujimori, hoy de 72 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno. Hasta ahora no ha sido investigado en relación con las esterilizaciones.