MÉXICO: ASESINAN A UNA PERIODISTA QUE INVESTIGABA A NARCOTRAFICANTESPor Augusto Assía
Regina Martínez era corresponsal en Veracruz de la prestigiosa revista Proceso. Fue hallada muerta en su casa, con signos de haber sido asfixiada. Sus últimas notas habían sido sobre los vínculos policiales y políticos con los carteles de la droga.
Tanto la revista Proceso , el semanario más prestigioso de México, como la periodista asesinada, se han caracterizado por informaciones y reportajes de investigación críticos con el poder y con los distintos gobiernos del PRI en Veracruz. La última crónica de Martínez, publicada el pasado viernes, tenía que ver con la detención de nueve policías por vínculos con el narcotráfico. El mismo día envió otra crónica a la agencia Apro (propiedad de la revista) denunciando a las autoridades estatales por cerrar en falso una investigación sobre la muerte de un político opositor, al decir que falleció por “muerte natural” cuando ni siquiera se había practicado la autopsia.
El gobernador de Veracruz, Gabriel Duarte, lamentó el asesinato de la periodista y ordenó una investigación exhaustiva. Pero como es habitual cada vez que aparece un ejecutado, también aparecieron las voces que lo vinculan con el narcotráfico o una vida personal controvertida. Una estrategia que no sirve para este caso.
“Era una periodista seria, respetada por la profesión y muy responsable con todo lo que publicaba”, señaló a Clarín Alfonso Sastre, director del periódico Notiver , el más vendido de Veracruz.
La periodista era egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana y se desempeñó antes como corresponsal del diario La Jornada . En Veracruz fue reportera durante 20 años del periódico Política , que se edita en Xalapa.
Sastre ha visto cómo en el último año dos periodistas de su equipo también fueron asesinados. En el caso de la redactora de especializada en temas policiales, Yolanda Ordaz, abandonaron su cuerpo en plena calle en el mes de julio junto al mouse de su computadora, un micrófono y unos cables para que no quedara duda de los motivos del asesinato.
“Estamos consternados pero también muy indignados”, explica Sastre. “Porque al asesinato se suma la impunidad. Regina había denunciado la semana pasada el robo de memorias USB y discos duros en su casa y no se hizo nada”, señaló.
“Hace diez meses que mataron a dos periodistas de este diario y no hay un solo culpable, ni siquiera un detenido”, se lamenta. Con ocho periodistas ejecutados en el último año, Reporteros Sin Fronteras califica a Veracruz como “el nuevo epicentro del terror”. Según los medios locales, en el último año más de 250 personas han sido ejecutadas en el estado de Veracruz.
La versión oficial dice que el Cartel de Sinaloa llegó para arrebatarle la plaza al Cartel de los Zetas. Pero la prensa ha denunciado en distintas ocasiones que policías y autoridades trabajan de forma conjunta con el crimen organizado, lo que ha colocado en la mira a la prensa que se atreve a ir más allá de la información oficial. El caso es que desde 2011, Veracruz se ha visto afectado por asesinatos y tiroteos de todo tipo: desde “halcones” (adolescentes que vigilan las calles al servicio de un cartel) a taxistas, agentes aduaneros, policías, periodistas y hasta un turista que nadie sabe por qué lo mataron.
Para el padre Alejandro Solalinde, amenazado de muerte por el narcotráfico por su trabajo en el albergue para emigrantes “Hermanos del camino” (en el estado de Oaxaca), es urgente una ley que defienda y proteja a los defensores de derechos humanos y a los periodistas: “Que son los profetas de hoy, y que están siendo asesinados indiscriminadamente”, señaló a Clarín.
El religioso llegó hasta la Ciudad de México para seguir de cerca la votación de la “Ley de víctimas” que se votará previsiblemente hoy en la Cámara de Diputados. Una norma muy esperada por los grupos de derechos humanos que obliga al Estado a garantizar asistencia y protección a las víctimas de la violencia, así como la reparación del daño tanto material como moral. Amnistía Internacional ha pedido la aprobación de una “ley de defensores” que incluya a periodistas y activistas por los derechos humanos que complemente a la “Ley de víctimas”.