EXMAGISTRADO ACUSA A CHAVEZ DE NARCOTRAFICO Opositores exigen investigar el apoyo del chavismo al tráfico de drogas.
Escrito por Efe, Redacción
Martes, 01 mayo 2012 00:00
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reúne a la oposición, pidió la semana pasada investigar las denuncias del exmagistrado Eladio Aponte sobre la supuesta manipulación de la justicia por parte del Gobierno venezolano y exigió sancionar a los culpables “sin importar el alto cargo”.
Aponte, quien fue destituido por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, aseguró en una entrevista con un canal de EUA que, como magistrado, recibió llamadas “desde el presidente para abajo” que le “daban las directrices de acuerdo con el panorama político”, y señaló que el vicepresidente, Elías Jaua, “maneja la justicia”.
“Las afirmaciones de quien impulsado por la revolución llegó a ser fiscal general militar y presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia no pueden ser despachadas mediante la simple descalificación personal del denunciante”, dijo Alberto Arteaga, de la Comisión de Alto Nivel y Seguridad Ciudadana de la MUD.
Exigió, al leer un comunicado dirigido a fiscales, jueces, abogados y el pueblo en general, que las denuncias “sean investigadas a fondo y que quienes resulten culpables sean sancionados sin importar el alto cargo” que tengan.
“En un sistema democrático no pude haber intocables”, agregó.
Señaló que las afirmaciones del exmagistrado “ratifican la situación de corrupción, postración, sometimiento e ineficiencia que hoy caracteriza al sistema de justicia venezolano”.
“La notitia criminis que involucra al presidente y al vicepresidente de la República en la presunta manipulación y control de la justicia confirma lo que tanto se ha venido denunciando en los últimos años”, puntualizó.
Además, indicó: “Buena parte de los funcionarios de la administración de Justicia, por encargo del poder Ejecutivo, se encuentran dedicados a la persecución de la disidencia política”.
A la vez que detalló que las declaraciones de Aponte “reconocen la existencia de presos, perseguidos y exiliados políticos”, que son “víctimas de procesos judiciales plagados de pruebas amañadas e imputaciones sin ningún fundamento jurídico”.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, admitió que es muy difícil que la Justicia venezolana alcance a los corruptos evadidos del país, e indicó que Aponte “tuvo la oportunidad” mientras fue magistrado de formular sus denuncias contra funcionarios del Gobierno, pero “no lo hizo”.
Ortega aclaró, igualmente, que en Venezuela existe el privilegio para los altos funcionarios sobre los que no se pueden ejercer “actos de persecución penal” a menos que se les someta a un juicio de mérito o sean destituidos por la Asamblea Nacional.
Denuncias de narcotráfico
El opositor citó además las aseveraciones de Aponte sobre “la participación puntual de algunos altos oficiales” de la Fuerza Armada en el narcotráfico pero admitió que no es “una acusación que involucra a la institución en su totalidad, ya que la responsabilidad penal es individual”.
“De comprobarse estas afirmaciones, Venezuela podría estar en las vías de convertirse en un Estado traficante de drogas”, alertó, según el documento.
Sin embargo, no es la primera ocasión que Chávez es vinculado con el narcotráfico.
En 2010, en una entrevista con El País de España, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, aseguró: “Existe la sospecha de que Venezuela se ha convertido en un pasillo para el narcotráfico hacia Centroamérica”.
De igual manera, Estados Unidos ha criticado la labor de Venezuela contra el narcotráfico internacional.
En septiembre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de EUA, identificó a cuatro funcionarios del Gobierno venezolano como narcotraficantes por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC en el tráfico de drogas y armas.
A inicios de año, Chávez defendió a su nuevo ministro de Defensa, Henry Rangel Silva.
Washington acusó en 2008 al ministro de apoyar las acciones de narcotráfico de las FARC.
Makled, detenido en Colombia, señaló en abril de 2011 que había trabajado por ocho años bajo protección del gobierno de Chávez y advirtió que tiene en su poder seis videos “extremadamente comprometedores” de la implicación gubernamental en las actividades que él llevaba a cabo.
Mientras Makled esperaba su extradición a Venezuela aseguró que pagaba cuantiosos sobornos semanales a los militares venezolanos para correr su negocio.
El capo fue entrevistado por Univisión en la cárcel colombiana La Picota, donde esperaba entonces su extradición, que decidió el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
En respuesta, Caracas dijo que el narcotraficante solo difama a las autoridades para defenderse de las acusaciones.
“Las afirmaciones de quien impulsado por la revolución llegó a ser fiscal general militar y presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia no pueden ser despachadas mediante la simple descalificación personal del denunciante”, dijo Alberto Arteaga, de la Comisión de Alto Nivel y Seguridad Ciudadana de la MUD.
Exigió, al leer un comunicado dirigido a fiscales, jueces, abogados y el pueblo en general, que las denuncias “sean investigadas a fondo y que quienes resulten culpables sean sancionados sin importar el alto cargo” que tengan.
“En un sistema democrático no pude haber intocables”, agregó.
Señaló que las afirmaciones del exmagistrado “ratifican la situación de corrupción, postración, sometimiento e ineficiencia que hoy caracteriza al sistema de justicia venezolano”.
“La notitia criminis que involucra al presidente y al vicepresidente de la República en la presunta manipulación y control de la justicia confirma lo que tanto se ha venido denunciando en los últimos años”, puntualizó.
Además, indicó: “Buena parte de los funcionarios de la administración de Justicia, por encargo del poder Ejecutivo, se encuentran dedicados a la persecución de la disidencia política”.
A la vez que detalló que las declaraciones de Aponte “reconocen la existencia de presos, perseguidos y exiliados políticos”, que son “víctimas de procesos judiciales plagados de pruebas amañadas e imputaciones sin ningún fundamento jurídico”.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, admitió que es muy difícil que la Justicia venezolana alcance a los corruptos evadidos del país, e indicó que Aponte “tuvo la oportunidad” mientras fue magistrado de formular sus denuncias contra funcionarios del Gobierno, pero “no lo hizo”.
Ortega aclaró, igualmente, que en Venezuela existe el privilegio para los altos funcionarios sobre los que no se pueden ejercer “actos de persecución penal” a menos que se les someta a un juicio de mérito o sean destituidos por la Asamblea Nacional.
Denuncias de narcotráfico
El opositor citó además las aseveraciones de Aponte sobre “la participación puntual de algunos altos oficiales” de la Fuerza Armada en el narcotráfico pero admitió que no es “una acusación que involucra a la institución en su totalidad, ya que la responsabilidad penal es individual”.
“De comprobarse estas afirmaciones, Venezuela podría estar en las vías de convertirse en un Estado traficante de drogas”, alertó, según el documento.
Sin embargo, no es la primera ocasión que Chávez es vinculado con el narcotráfico.
En 2010, en una entrevista con El País de España, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, aseguró: “Existe la sospecha de que Venezuela se ha convertido en un pasillo para el narcotráfico hacia Centroamérica”.
De igual manera, Estados Unidos ha criticado la labor de Venezuela contra el narcotráfico internacional.
En septiembre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de EUA, identificó a cuatro funcionarios del Gobierno venezolano como narcotraficantes por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC en el tráfico de drogas y armas.
A inicios de año, Chávez defendió a su nuevo ministro de Defensa, Henry Rangel Silva.
Washington acusó en 2008 al ministro de apoyar las acciones de narcotráfico de las FARC.
Makled, detenido en Colombia, señaló en abril de 2011 que había trabajado por ocho años bajo protección del gobierno de Chávez y advirtió que tiene en su poder seis videos “extremadamente comprometedores” de la implicación gubernamental en las actividades que él llevaba a cabo.
Mientras Makled esperaba su extradición a Venezuela aseguró que pagaba cuantiosos sobornos semanales a los militares venezolanos para correr su negocio.
El capo fue entrevistado por Univisión en la cárcel colombiana La Picota, donde esperaba entonces su extradición, que decidió el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
En respuesta, Caracas dijo que el narcotraficante solo difama a las autoridades para defenderse de las acusaciones.