REPORTAN 29 SOLDADOS Y CADETES MUERTOS DESDE 2010. EL CASO DE GRóVER POMA MARCA JURISPRUDENCIA PARA LA INTERVENCIóN DE LA JUSTICIA ORDINARIAEl jueves fue enterrada la cadete Cinthia Poma (arriba). Otro cadete y un soldado murieron, el martes, al intentar sacar este vehículo del río. archivo
El creciente número de muertos y denuncias de agresiones contra los jóvenes y señoritas en los centros de formación de la Policía y Fuerzas Armadas han generado alarma y preocupación en la sociedad y la Defensoría del Pueblo que considera que Bolivia está ante un panorama de flagrante vulneración de los derechos humanos con “graves consecuencias”. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, considera que si no se trabaja oportunamente en la prevención con el Gobierno y las instituciones policiales y militares, este tema puede desencadenar en más consecuencias trágicas como se han dado en este último año.
Según la explicación de la autoridad defensora de los derechos humanos, en la Universidad Policial “la vida está amenazada por ciertos criterios de reglamentaciones de admisión que dejan a la vida a un segundo plano”.
“El tema es mucho más complejo porque el derecho a la vida, más que indefensión, está en franca amenaza, hecho que constituye un hecho de alta vulneración de personas que al estar en esta situación no tengan más que decir a los cadetes ‘aténganse han firmado’”, afirmó al referirse al controvertido reglamento de admisión que es cuestionado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.
En tanto que el caso de los cuarteles en las Fuerzas Armadas es similar, aunque lamentó que se den más muertes en esa entidad por una serie de presuntas arbitrariedades a los derechos humanos de los subordinados a sus superiores.
Sobre las muertes en las academias de Policía y FFAA, el abogado constitucionalista William Bascopé, dijo que el problema de los decesos de jóvenes y señoritas en su formación profesional es porque no se está asumiendo el rol de la Constitución que establece como principal derecho “el respeto a la vida”.
“Los uniformados no están asumiendo, primero con conciencia y segundo por falta de formación e información de que el principal elemento de la Constitución es el respeto a la vida”, afirmó el constitucionalista al referirse a las violaciones de los derechos humanos en las entidades de formación para la seguridad del Estado.
Para el diputado opositor (CN), Franz Choque, las violaciones a los derechos humanos de los miembros de baja graduación y de conscriptos por parte de la jerarquía superior en los centros militares, se han convertido en una suerte de rutina que raya en la impunidad y sin sanciones, pese a ser considerados en la vía ordinaria.
SIN RESPONSABLE Desde 2010, cerca de una treintena de personas entre conscriptos, cadetes, oficiales y suboficiales fallecieron en las Fuerzas Armadas cuando prestaba servicio. En cambio en la Universidad Policial perecieron cuatro cadetes, sin tomar en cuenta los policías en servicios.
Pese a que algunos murieron en accidentes los responsables no fueron identificados ni castigados en pesquisas en la Justicia Ordinaria lo que refleja una especie de impunidad, cuando en muchos casos se evidenciaron indicios de violaciones a derechos humanos.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó a la Cámara de Diputados en agosto pasado que la mayoría de los soldados fallecieron por ahogamiento, como consecuencia de accidentes y acciones de desobediencia, por lo que no ameritó mayor investigación ni sanción a nadie.
En todos los casos se instauraron sumarios militares, aunque en algunos también intervino la Justicia Ordinaria, debido a que se determinó alguna responsabilidad, por lo que aseguró apoyo.
Para el Defensor del Pueblo esta situación es sin duda preocupante porque de nada sirve procesar en la Justicia Ordinaria cuando los casos no avanzan.
A su vez, el abogado constitucionalista William Bascopé lamentó que las Fuerzas Armadas y la Policía se mantengan “anquilosadas” en el siglo pasado y con la disciplina “clásica” de violencia.
“Lo peor es que no se haya dado hasta la fecha ni un resultado o fallo que sancione los casos de violación de derechos humanos, hay una suerte de retardación de justicia y hasta una suerte de impunidad complaciente”, consideró.
ALARMA La muerte de la cadete de la Anapol Cinthia Poma; del cadete del Liceo Militar, Luis Stter; y del conscripto Alan Álvarez, arrancó la preocupación y alarma del Defensor del Pueblo, pues cree que hay “una subvaloración por la vida y la integridad de los jóvenes que ingresar a los centros de formación militar y policial”.
Villena ratificó su pedido al vicepresidente Álvaro García Linera gestionar una reunión entre la Defensoría y las Fuerzas Armadas (FFAA) para dar curso a una intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la investigación de 12 muertes que tiene conocimiento esta instancia, de la treintena de decesos de efectivos en recintos militares.
Poma, cadete de tercer año de la Academia Nacional de la Policía (Anapol) falleció el lunes 18 de noviembre en La Paz a causa, supuestamente de excesos en el entrenamiento físico; aunque sus familiares denunciaron tortura.
Stter y Álvarez murieron un día después en la ciudad de Sucre en el intento de ayudar a rescatar la movilidad, de un oficial superior, de una riada caso que también está en investigación.
Intervención de la Justicia
El caso de la muerte del subteniente Grover Poma Guanto, ocurrido en la escuela de Cóndores de Sanandita en febrero de 2011, abrió un importante precedente para que los casos de violaciones a derechos humanos y los decesos en las instituciones militares y policiales, se traten en la Justicia Ordinaria.
Así lo reconoce el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien dijo que en este caso preciso de Poma marca una voluntad de parte de la justicia para buscar responsabilidades y se espera respuestas hasta fines de noviembre.
“En la línea de la jurisprudencia, un hecho como éste como sucedió con el teniente Poma marcó sin duda para que los otros casos de similares circunstancias que se hubieran cometido para segar la vida de militares también siga el mismo curso en la vía ordinaria”, afirmó.
El Defensor del Pueblo espera que a fines de este mes de noviembre se desarrolle la audiencia conclusiva en el caso de la muerte del subteniente Poma Guanto.
El Defensor impugna reglamento policial
El Reglamento de Admisión de la Universidad Policial (Unipol) es considerado por el Defensor del Pueblo como un documento inconstitucional porque subordina el derecho a la vida a una firma de acuerdo para el ingreso de los cadetes a esa entidad.
“La Defensoría del Pueblo ha analizado este reglamento y determinó que hay serie de indicios de inconstitucionalidad sobre el respeto a la vida (…) Estamos frente a una figura que evidentemente nos está poniendo en vilo la vida de quienes (cadetes) han aceptado hacer la carrera policial”, dijo el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
En consecuencia, afirmó que su despacho decidió impugnar ese reglamento policial ante el Tribunal Constitucional que deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
“El Defensor del Pueblo apeló al Tribunal Constitucional para saber si el reglamento de admisión de la Academia de Policía es constitucional o no”, dijo.
Lamentó que prácticamente se les obligue a firmar a los cadetes y padres de familia acuerdos para ser admitidos en esta institución, lo que deja en la indefensión de jóvenes y señoritas. “El tratamiento que tienen en la Policía, en la formación y las exigencias de quienes han optado en hacer una carrera, vulneran los derechos individuales de quienes están bajo bandera”, agregó.
Asimismo, manifestó que al interior de la Policía se dan exigencias y uso de la fuerza que van más allá del límite humano lo que constituyen violaciones a los derechos fundamentales. “Están anteponiendo otros valores que están por encima de la vida de quienes han aceptado estas reglas del juego establecidas en el Reglamento de Admisión”, afirmó.
Este año fue el más trágico en los cuarteles
Desde 2010, cerca a una treintena de conscriptos, cadetes y oficiales falleció en las Fuerzas Armadas y en la Policía en los centros de formación, en lo que va de este año se registraron 14 decesos, según datos del Defensor del Pueblo, Ministerio de Defensa y registros de prensa.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, explicó que su dependencia hasta la fecha tiene registrado en total 14 casos entre oficiales, cadetes, soldados de tropa y una enfermera que han muerto en diferentes circunstancias.
Los dos últimos casos se suman a las investigaciones de esta instancia defensora de los derechos humanos, el referido a la cadete de Anapol Cinthia Poma; del cadete del Liceo Militar, Luis Stter; y del conscripto Alan Álvarez.
Los casos registrados en esta gestión son: El 28 de enero de 2013, el soldado Hugo Huanca Mamani perdió la vida en Riberalta al caer del techo de una vivienda en la que estaba trabajando en un local que aparentemente pertenecía a un oficial.
El 9 de febrero, el subteniente Espinal Prieto falleció en la Escuela de Cóndores por un traumatismo encéfalo craneal que provoca su muerte, origen que aún no ha sido esclarecido y que continúa en investigación.
El 23 de junio, la enfermera Janet Zulma de 27 años que fue encontrada sin vida en las instalaciones del Gran Cuartel General de Miraflores y que siguen las investigaciones.
El 9 de julio, el conscripto Omar Cabrera López fallece presuntamente ahogado en una ladrillera de Trinidad.
El 18 de julio, el subteniente Daniel Delgado fallece en el Colegio Militar de Aviación en Santa Cruz por la supuesta manipulación incorrecta de arma de fuego.
El 22 de julio, el conscripto Henry Molina Rodríguez pierde la vida por mala manipulación de un arma de fuego en el batallón de la Policía Militar en Cochabamba.
El 26 de julio, el conscripto Carlos Flores Chura fallece a causa de un disparo de arma de fuego en una unidad militar de Tarija.
El 21 de agosto, fallecimiento del conscripto César Daniel Carlo Loza (18) tras caer de una camioneta, cuando participaba en el traslado de las pertenencias de un oficial.
Otro caso, es del conscripto Freddy Rodríguez Uño, de 19 años, quien entre el 2 y el 3 de septiembre fue sometido a torturas y tratos crueles y degradantes en el puesto militar de Atocha, Potosí, por un sargento y otros conscriptos.
El Defensor también recordó que el 22 de octubre el alférez Emanuel Cussi Suxo perdió la vida durante la realización de un ejercicio militar en el Distrito Naval de Tiquina.
Las tres últimas muertes, de una cadete de la Anapol, en La Paz, y otro cadete y un conscripto del Liceo Militar, en Sucre, se suman a la lista de uniformados que fallecieron en circunstancias irregulares.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/1124/noticias.php?id=112721