IMPUNES Y ARCHIVADAS AQUI 155 MIL DENUNCIAS
Blanca Elizabeth Carmona
El Diario | 2013-12-29 | 23:18
Unas 155 mil denuncias presentadas en Ciudad Juárez entre 1976 y 2007 permanecen sin ser resueltas.
Se trata de hechos penales interpuestos por víctimas y expedientes iniciados por el Ministerio Público del fuero común antes de 2008, cuando entró en vigor la reforma penal procesal. El archivo de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte (Ciudad Juárez) data de 1976. Desde ese ciclo hasta 2007, cada año quedaron pendientes unas 5 mil denuncias. Ese rezago anual implica que durante 31 años se hayan acumulado al menos 155 mil expedientes sobre los que no ha recaído una sentencia y tampoco han sido cerrados a través de los procedimientos previstos por la ley.

Por tanto, los probables responsables de esos delitos no han sido detenidos. Para atender los procesos penales escritos –que en 2008 quedaron atrás al entrar en vigor varias reformas penales que introdujeron los juicios de Garantía y Orales– la Fiscalía constituyó la Unidad del Sistema Tradicional (UST).

El grupo está conformado por ocho agentes del Ministerio Público, ocho elementos de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) y cuatro asistentes de práctica ministerial, estos últimos estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en Derecho y quienes ocupan una beca-plaza.

El abogado y coordinador de la UST, José Luis Serfin Luna, explicó que a seis años de que no se recibe ninguna denuncia por esta vía, el personal de esta Unidad continúa enfocado en revisar minuciosamente cada uno de los expedientes que fueron iniciados en el llamado sistema tradicional, para encontrar líneas de investigación y arrestar a los responsables, o cerrarlos bajo otros procedimientos previstos en la ley.

“En el archivo tenemos desde el 76 y de esos expedientes se hacen unas revisiones constantes por parte de la Unidad, porque de todo lo que se abrió cada año, mucho no se terminó formalmente con una consignación o determinando la caducidad o prescripción, muchos se quedaron simplemente en el archivo sin ningún tipo de resolución legal”, indicó Serfín Luna.

Entonces, agregó, lo que hace el personal de esta Unidad es la revisión jurídica y minuciosa del expediente a fin de determinar cómo se va a terminar legalmente por cualquiera de estos rubros.

Serfín Luna dijo que “tenemos miles de expedientes pendientes, estamos hablando de que es toda una vida de expedientes. Pero activos en la actualidad únicamente son 2 mil 800 expedientes. Es decir, sólo en estos se está trabajando, porque tenemos líneas de investigación concretas y se puede llegar a un probable responsable; todavía se puede trabajar en ellos”.

Al respecto el abogado y secretario ejecutivo de la Confederación de Abogados de México, Salvador Urbina Quiroz consideró que “eso es impunidad y hay responsabilidad oficial, omisión y corrupción por no investigar”.

Agregó que un ejemplo de la falta de investigación, son los homicidios que se quedan en levantamiento de cadáver y la fe de lo que hallaron ahí y ya. “¿Cuántos de los miles homicidios ocurridos en Juárez durante la supuesta guerra contra el narcotráfico están prácticamente con las investigación de cajón: levantamiento de cadáver y de evidencias y el certificado médico y se acabó? Así hay miles de asuntos que no habrá investigado la Policía Ministerial”, indicó.

Restando los expedientes activos, el resto (152 mil 200) se encuentran bajo reserva, es decir, esperando a que surjan nuevas líneas de investigación, principalmente aquéllos delitos que por ley no prescriben.

La agente del Ministerio Público, Laura Amaro, explicó que la Unidad del Sistema Tradicional (UST) también elabora proyectos de archivo para buscar concluir cientos de expedientes. Esto se puede hacer al estudiar los casos y encuadrarlos en:

Archivo por no delito: se trata de hechos por los que se presentó una denuncia y los datos aportados no reúnen los requisitos para considerar que esa conducta es un delito.

“En el sistema tradicional se abría carpeta hasta por una muerte natural, por un suicidio, una sobredosis u otros hechos que son conductas no delictivas pero que ya suman una carpeta más y a éstas tiene que caer una resolución del Ministerio Público”, expuso.

Archivo por caducidad: son las querellas por conductas que sí son delitos, pero se presentaron después del tiempo máximo para denunciar y ejercer acción penal.

Archivo por prescripción: es cuando se agota el término que la ley permite para detener al responsable y la autoridad no ha dado con él. Por ejemplo, “un robo donde la cuantía es menor de 100 salarios mínimos, la prescripción era de un año tres meses 15 días, y si fue un expediente del 2006 y no hay un probable responsables y en ese año tres meses no nos da una línea de investigación, el delito nos prescribe y ya no podemos ejercitar la acción penal”, abundó.  

La Fiscalía se negó a informar cuántos expedientes se encuentran en cada uno de estos supuestos.

Serfin Luna dijo que cada uno de los ocho agentes del Ministerio Público en esta unidad presenta anualmente unos 2 mil proyectos de archivo. Sin embargo, este trabajo tiene que seguir lo establecido en el Código de Procedimientos Penales vigente antes de 2006, y que data de 1987, donde se instituye que el procurador, ahora el fiscal, es quien debe autorizar los proyectos. Por eso éstos se envían a la ciudad de Chihuahua, lo que hace lento el proceso.

De los casos que se encuentran en archivo la mayoría son por robo, lesiones, daños, homicidios, violación y fraude, sin que la UST conozca cifras exactas.

“De lo que se está haciendo, las consignaciones más frecuentes son por homicidio y violación”, apuntó Amaro.

Cada año, la UST consigna entre 60 y 70 expedientes a los tres juzgados del sistema tradicional que continúan abiertos y mantiene vigentes 445 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, la mayoría solicitadas en la presente administración estatal.

Aunque datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) basados en el inventario de los juzgados a donde los casos llegan cuando la UST ya tiene a un presunto responsable detenido, indican que en enero de este año, en el Distrito Judicial Bravos (correspondiente a Ciudad Juárez) el total de expedientes que tenían los juzgados penales era de mil 976, pero de éstos únicamente 71 estaban en trámite, es decir, abiertos y en la etapa de desahogo de pruebas.

Otros diez esperaban sentencia y mil 895 –la gran mayoría– estaban fuera de trámite, término usado para referirse a los asuntos archivados.

“Fuera de trámite son asuntos que están durmiendo el sueño de los justos, en su momento los sospechosos fueron citados al tribunal pero no hubo oportunidad de iniciar el proceso penal o también se refiere a que el Ministerio Público puso a disposición del juez a una persona y le dictaron auto de libertad por falta de elementos para procesarla; así como a órdenes de aprehensión solicitadas y negadas; órdenes de aprehensión libradas y vigentes pero que no se han ejecutado”, explicó el abogado y jefe de la Unidad Operativa del Sistema Acusatorio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua (STJE), Emilio Bustillos Estavillo.

Para octubre de este año, el comportamiento era similar. De los turnados en enero, sólo 150 de esos expedientes habían sido concluidos, 49 de éstos a través de una sentencia y 101 mediante otros motivos, por ejemplo: el sobreseimiento que opera cuando la víctima otorga el perdón y al prescribir la acción penal, entre otros, y todos con efectos de una sentencia absolutoria.

“El 98 por ciento de los casos están fuera de trámite. La carga efectiva son en trámite y para sentencia, que equivale al 2 por ciento”, dijo Estavillo.

A pesar del panorama, la agente del Ministerio Público Laura Amaro consideró que “no es tan lento porque estamos hablando de un sistema que va quedando atrás, donde los testigos que hubieran podido haber ya no están o bien hay un desinterés por parte de las víctimas, en muchas de las ocasiones encontramos una línea de investigación qué seguir y vamos con la víctima y ya no quieren venir. Además el propio sistema es así, por eso se cambió”.

Urbina Quiroz dijo que esto es “a consecuencia de que el Ministerio Público no investiga, quiere que las víctimas o los ofendidos lleven todo, pero si éstos no tienen un abogado o no llevan a los testigos y las pruebas, ahí dejan los expedientes y los mandan al archivo temporal y luego al definitivo, después los caducan porque dicen que ya no se presentaron y nada que las víctimas se cansaron de ofrecer pruebas, de llevar testigos y de ver que no hay avances”.

Debido al cúmulo de expedientes sin resolución en el sistema penal tradicional y a que varios delitos son imprescriptibles, se requiere que por tiempo indefinido existan jueces que puedan conocer estos asuntos, los Juzgados Penales del sistema tradicional de toda la entidad van a funcionar por tiempo indefinido y ya recibieron nuevas atribuciones.

Los más graves

no prescriben

El Artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece que no prescriben los delitos de secuestro; secuestro exprés; extorsión; desaparición forzada de personas; tráfico de influencias; cohecho, cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado en el momento de cometerse el ilícito y peculado, específicamente cuando se hayan usado fondos públicos, para promover la imagen política o social del responsable, de su superior jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

También se van a perseguir de por vida los delitos de concusión, cuando el valor de lo exigido sea superior a 500 veces el salario mínimo; homicidio calificado; tortura y, enriquecimiento ilícito.

La reforma aprobada el 9 de febrero de 2013 por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial del Estado el primero de marzo también de este año, les otorgó a los juzgados de lo Penal funciones dentro del actual sistema de justicia.

Este cambio legislativo acordó que ahora esas salas reciban el nombre de juzgados de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales con funciones del sistema tradicional. Las responsabilidad de los jueces es vigilar que las personas sentenciadas por los tribunales de Juicio Oral y de Garantía cumplan las penas impuestas y también seguirán conociendo de los expedientes que se integraron dentro del sistema penal tradicional.

“No pueden desaparecer (juzgados tradicionales), el sistema tradicional vigente no se puede acabar porque hay algunos delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y otros que son imprescriptibles. Por consecuencia, siempre va a haber la necesidad de esos jueces. No se sabe cuándo la Fiscalía logre esclarecer ese asunto en investigación y por ley están obligados a conocer y se requiere de los jueces”, explicó Estavillo.

Antes de la reforma del 9 de febrero de 2013, existían seis juzgados: el Quinto de lo Penal que se convirtió en Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales; el Segundo tradicional renombrado Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales; y el Tercero de lo Penal ahora denominado Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

Mientras que el Primero, Cuarto y Sexto penales se suprimieron y los expedientes fueron distribuidos equitativa y aleatoriamente entre los tres juzgados de Ejecución, informó personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Además de los expedientes del sistema tradicional, entre los tres juzgados de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales vigilan que se cumplan 794 sentencias emitidas en Ciudad Juárez. (Blanca Elizabeth Carmona/El Diario)

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