INSISTEN EN DENUNCIAS POR HACINAMIENTO EN CENTROS DE RECLUSION PARA MENORES
abril 24, 2014 5:55 pm
a Defensoría del Pueblo Regional Bogotá realizó una visita de inspección al Centro de Servicios Jurídicos Especiales para Adolescentes (CESPA) de Puente Aranda durante la cual pudo corroborar la grave situación de vulneración a los derechos fundamentales de los menores que son llevados a este lugar. Durante la visita se encontró un total de 52 menores de edad en internamiento preventivo, algunos de ellos llevan hasta 12 días en los pasillos y escaleras del centro. Así mismo, se hallaron 20 menores de 14 años.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo constataron que cada día llegan al CESPA de Puente Aranda entre 20 y 25 adolescentes capturados por diferentes delitos. Este sitio es uno de los cuatro centros de internamiento preventivo que funcionan en la capital del país.
El Defensor Regional de Bogotá, Germán Enrique Perea, señaló que “la situación es grave debido a que los menores que se encuentran al interior de este centro no disponen de un lugar digno para su internación preventiva y el ICBF no cuenta con la capacidad logística para la atención debido al sobre cupo que se pudo evidenciar en la inspección”.
El funcionario hizo un llamado a los jueces para que verifiquen la condición de los menores en el momento de establecer cuál debe ser su situación jurídica. “No se trata simplemente de imponer la medida de privación de la libertad, sino de verificar si existe la capacidad logística para aplicar la respectiva sanción, sin detrimento claro está del cumplimiento de la ley. Hay que hacer una ponderación entre los derechos de la comunidad que se siente maltratada por la actuación indebida de los adolescentes, y los derechos fundamentales de los menores de edad”, agregó.
Para la Defensoría del Pueblo es preocupante el fenómeno de la delincuencia en menores de edad, que requiere mayor atención por parte de las diferentes entidades del Estado, ya que expresiones como las pandillas y la instrumentalización que ejercen los grupos armados ilegales, alimentan la participación de la población infantil en la comisión de acciones ilícitas.
Este jueves está prevista una reunión en la Secretaría de Gobierno de Bogotá a fin de tratar dicha problemática, frente a la cual la Defensoría Regional de Bogotá espera que se tomen las medidas necesarias para evitar el hacinamiento en los CESPA y garantizar los derechos fundamentales de los menores que allí son enviados.
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