MADURO APELA A LOS TRIBUNALES PARA RETOMAR EL CONTROL DE LA CALLE
Por:PEDRO PABLO PEÑALOZA
25 de Abril del 2014
Tribunal Supremo de Justicia venezolano dice que para protestar se debe pedir permiso.
“Este es un país que tiene libertad de manifestar. ¿Cuál permiso? ¿Para expresar en paz y libremente una opinión hace falta un permiso?”. La pregunta que en medio de un acto de instalación de la Asamblea Nacional se hiciera el difunto presidente Hugo Chávez ya tiene respuesta: Sí, en Venezuela hace falta un permiso para realizar cualquier tipo de manifestación pacífica. En aquella oportunidad, Chávez decía que el “permiso” en cuestión ya estaba dado por la Constitución bolivariana, que en su artículo 68 señala que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.
Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó el jueves que el derecho a la protesta pacífica no es absoluto y que para ejercerlo depende de una autorización de los gobiernos municipales o estadales.
Partiendo del hecho de que jamás el chavismo permitirá una movilización contra el presidente Nicolás Maduro en los territorios que domina, esto restringiría las manifestaciones a tres de los 23 estados y 76 de los 335 municipios del país que están bajo el control de gobernadores y alcaldes de la oposición. Además, el fallo del TSJ convertiría en ilegal el llamado del movimiento estudiantil a concentrarse mañana sábado en el municipio Libertador de Caracas, en manos del oficialismo, para expresar su rechazo contra la represión ejecutada por el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Las protestas y las manifestaciones públicas han sido consagradas como derechos humanos por el constituyente de 1999 y por otros instrumentos internacionales reconocidos por la propia Carta Magna”, destaca el abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus.
El artículo 68 establece que ese derecho puede ejercerse “sin otros requisitos que los que establezca la ley”. Matheus advierte que “los requisitos de ley son para desarrollar el derecho a la protesta de una manera progresiva y no para limitarlo o restringirlo”.
El experto legal subraya que “solo en regímenes totalitarios se criminaliza la protesta y no existe cultura de respeto a las legítimas manifestaciones públicas”, mientras enfatiza que la Constitución venezolana promovida por Chávez como “la mejor del mundo” sí protege el derecho a la protesta pacífica.
El alcalde del municipio Baruta de Caracas (oposición) y abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, también condena la decisión del TSJ. “Obligar a los ciudadanos a pedir permiso en sus alcaldías para protestar no solo es un contrasentido, sino que es inconstitucional. Nos están obligando a denunciarlos ante el Ministerio Público si no acatan la norma. Están criminalizando la protesta pacífica”, cuestiona.
Blyde denuncia que el máximo juzgado del país actúa de forma “parcializada”, en momentos en que Maduro enfrenta una ola de protestas contra su gestión que comenzó el pasado 12 de febrero y aún no cesa. “Cuando se interpreta una Ley, en especial si se trata de una que limita derechos fundamentales, no le es dado al intérprete modificar palabras. Participar es una expresión de libertad, autorizar es una expresión de prohibición”, explica el dirigente opositor.
El historiador y analista político Tomás Straka compara la orden del TSJ con una ley promulgada en 1936, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, para contener a la población que, encabezada por estudiantes de izquierda, salía a las calles para reclamar sus derechos.
“Ahora hay unos estatutos en derechos humanos, un universo de principios, valores y jurisprudencia que se ha acumulado en tantos años que no tiene sentido una sentencia como la que se dio a conocer por el TSJ”, aclara Straka, quien interpreta este fallo como “un paso más del Gobierno, a través de la justicia, en su esfuerzo por retomar el control de una sociedad que se le fue de las manos”.
PEDRO PABLO PEÑALOZA
Para EL TIEMPO
Caracas
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