El expresidente alcanzó a jurar como “jefe de la Casa Civil” del gobierno de Dilma Rouseff, pero su ejercició se extinguió en un suspiro, mediante esta determinación judicial. Anoche hubo marchas y protestas en todo Brasil. La crisis, conflicto de poderes mediante, es cada vez más grave para la principal economía del continente.
La justicia federal de Brasilia anuló el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de Gabinete, menos de una hora después de que asumiera el cargo en una ceremonia de alto voltaje político en la que la jefa de Estado Dilma Rousseff vinculó los pedidos para que renuncie a intentos "golpistas" y defendió el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
El juez de primera instancia Itagiba Catta Preta afirmó que la asunción y el ejercicio de la función por parte de Lula "pueden significar una intervención indebida y odiosa" en la actividad policial del Ministerio Público y el Poder Judicial, y aseguró que existen "indicios de que (el ex mandatario) cometió crimen de responsabilidad" por su intento de obstruir a la justicia.
El magistrado falló a raíz de la presentación de un recurso del abogado Enio Meregalli Júnior y determinó que "en caso de que haya ocurrido la asunción, suspendo sus efectos hasta el juicio final" de la acción presentada.
En paralelo, el Supremo Tribunal Federal (STF) recibió hoy un pedido de medida cautelar del partido opositor Solidaridad contra la designación de Lula.
En el discurso en el Palacio do Planalto, con la presencia de Lula, Dilma había dicho minutos antes que "los golpistas no me van a sacar ni van a poner al pueblo de rodillas", mientras se escuchaban consignas a favor de su gobierno y de Lula.
Dilma reconoció que Brasil "tiene dificultades" y defendió la llegada de su antecesor y mentor. "Siempre estuvimos juntos y tenemos que estar juntos, no puedo prescindir de nadie".
La presidenta atacó desde el atril al juez federal Sergio Moro, que lleva la causa de corrupción en Petrobras e investigaba a Lula hasta ayer por sospechas de haberse beneficiado de recursos desviados de la estatal, lo que ahora debía quedar bajo la lupa del STF en función de los fueros que le otorga el nuevo cargo. Aunque todo está en suspenso.
"Brasil no puede ser sumiso cuando se invaden las prerrogativas constitucionales de la presidenta y el principio de inocencia" de todo acusado, señaló Dilma, y advirtió que está en marcha un "intento de pasar la frontera del estado de derecho, (para establecer) un estado de excepción".
Rousseff prometió investigar la divulgación del audio registrado a pedido de Moro que en el que Dilma y Lula parecen pactar su arribo al gobierno para eludir la justicia. La mandataria consideró que "convulsionó a la sociedad, lo cual viola garantías constitucionales y abre un precedente gravísimo". "Si las delaciones se vuelven públicas de manera selectiva no hay garantías constitucionales", agregó.
En ese breve audio Dilma avisa a Lula que le enviará el documento de pose para que lo firme en caso de ser necesario (lo que se interpretó como un salvoconducto en caso de que se le decretara prisión preventiva, una medida que fue pedida la semana pasada por fiscales de San Pablo), lo que generó una ola de repudio que derivó en manifestaciones y cacerolazos en San Pablo, Brasilia y otras ciudades.
Lula es investigado por sospechas de que se benefició con recursos desviados de la corrupción en Petrobras y la justicia tiene en la mira un triplex en la playa de Guarujá y una casa de campo en Atibaia, que están a nombre de terceros. El ex presidente niega haber cometido delitos y ser propietario de esos inmuebles.
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