UN "GOLPE DISCRETO" EN EL SALVADOR
Martes, 14 de junio de 2011 BBC
Eric Lemus
Funes firmó un decreto que le exige a la Sala Constitucional emitir resoluciones unánimes.
El Salvador atraviesa una crisis institucional desde que el presidente Mauricio Funes apoyó una ley que limita el poder a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Desde 2009 esa sala, que está compuesta por cuatro jueces ajenos al mundo político y uno vinculado a la derecha, ganó la admiración de unos y el rechazo de otros por emitir fallos que no estuvieron motivados por presiones políticas. En los últimos meses, los fallos de los constitucionalistas incidieron en el sistema político salvadoreño luego que aprobaron temas como las candidaturas independientes, la ejecución de un sistema de listas abiertas que reemplaza las banderas partidistas en las papeletas, la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y la limitación al presidente del país del uso discrecional de fondos públicos.
Así que cuando eliminaron a dos partidos tradicionales, que violaron la ley electoral, y estaban a punto de estudiar el sistema de elección política de cocientes y residuos, los cuatro partidos de derecha aprobaron un decreto transitorio que exige a la Sala Constitucional emitir resoluciones unánimes en lugar de por mayoría.
Sanción presidencial
El decreto fue enviado al Ejecutivo y el presidente Funes sancionó la ley inmediatamente, pese a que la norma le concede 18 días para estudiarlo.
"En ningún momento le estamos impidiendo que la Sala resuelva"
Mauricio Funes, presidente de El Salvador
La prensa local reveló que el mandatario reservó ese mismo día un espacio en el Diario Oficial para garantizar que la publicación se convirtiera en ley sin demoras.
"En ningún momento estamos impidiendo que la Sala resuelva", defendió el gobernante, luego que organizaciones ciudadanas lo señalaran porque no vetó el decreto.
Inmediatamente, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que reúne a las empresas más influyentes del país, advirtió que "el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido anulado".
El rechazo al 743
Ante la nueva ley, los constitucionalistas manifestaron que el decreto era "inaplicable" y adelantaron que seguirán votando por mayoría simple como lo hacen desde que presiden la Corte.
Manifestantes del “Movimiento por la dignidad” marcharon hacia la sede del Congreso .
Entonces aumentó la crisis política porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de anulación de los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuya existencia fue declarada inconstitucional por los magistrados.
Luego, el ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) reveló que promovió el candado legal porque "recibió información" que aseguraba que los magistrados abolirían la Ley de Amnistía, que favorece a los militares y jefes guerrilleros que violaron los derechos humanos durante la guerra civil en los años ’80.
Cristiani, que firmó el acuerdo de paz con el ahora gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1992,convocó a reunión con los constitucionalistas.
Horas después, anunció que ARENA iba a rectificar y que pediría la derogación de la ley.
Cierre de filas
El anunció de Cristiani no fue bienvenido por el FMLN, que argumentó que en vista que no apoyó el decreto tampoco iba a votar por su derogación.
Así diversas organizaciones profesionales, universitarias y gremiales aumentaron los pronunciamientos ante lo que empieza a convertirse en un impasse político.
"Esto puede convertirse en una situación explosiva "
Benjamín Cuéllar, Universidad Centroamericana
"Esto puede convertirse en una situación explosiva y mi pregunta es qué cambió hay en El Salvador con la llegada de Funes" al poder dice Benjamín Cuéllar, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA).
El "movimiento por la dignidad", que aglutina a jueces, empleados públicos y miembros de organizaciones civiles, marchó hacia el Congreso para demandar la derogatoria de la ley, pero no tuvo éxito.
"El contenido de este decreto favorece los intereses de pequeños grupos sobre los de la población salvadoreña, y que el Frente no reciba esta petición es una vergüenza", le dijo a BBC Mundo Renato Sifontes.
Derogar o no derogar
Desde hace dos semanas, las redes sociales recogen el malestar contra la maniobra política.
Marlon Manzano, que pertenece al grupo de activistas, llevó flores al monumento a la Constitución porque "tenemos la esperanza que florezca. Creemos que se puede resolver por la vía del entendimiento este problema que ha causado tanto malestar social", dijo a BBC Mundo.
Empleados públicos, jueces y miembros de organizaciones ciudadanas respaldan a la Sala Constitucional.
Salvador Samayoa, otrora miembro histórico del Frente, advirtió que "en el poco probable caso de que persista la situación de vigencia del 743, podría configurarse una situación en la que una mayoría coyuntural en la Asamblea podría pasar leyes hasta monstruosas con la certeza de que no serían declaradas inconstitucionales".
"En ese caso hipotético, la vigencia del 743 sería un ‘golpe de estado’ en toda regla y la presencia o ausencia de bayonetas no es consustancial al concepto de golpe", argumentó a BBC Mundo.
Pero el coordinador del FMLN, Medardo González, reveló esta semana por qué su organización no respaldará la derogación.
"Si a esto no se le pone fin, la Sala de la Constitucional quedaría como un poder constituyente, que se elige y se nombra para modificar la ley primaria de la república, o sea prácticamente para hacer la Constitución", afirmó González.
"El FMLN ha procedido con hipocresía, Todos los partidos estaban decididos a encontrar alguna medida que frenara las sentencias de la Sala, en particular las que tenían relación con el sistema electoral", esgrime Samayoa.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110613_salvador_crisis_constitucional_cch.shtml