ESPAÑA: LAS CENTRALES SINDICALES CONVOCARON A UNA SERIE DE PROTESTAS CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
2011-08-29 Especial
Las dos grandes centrales sindicales de España convocaron hoy a movilizaciones para el próximo miércoles, jueves y el 6 de septiembre, en rechazo a la reforma constitucional pactada por el gobierno socialista y el derechista Partido Popular (PP) para limitar el déficit público. El Congreso de Diputados comenzará a debatir mañana la reforma y está previsto que sea aprobada el viernes, ya que cuenta con el apoyo de los dos partidos mayoritarios.
El pacto alcanzado en tiempo récord por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el PP garantiza, asimismo, que la propuesta sea aprobada sin ser sometida a referendo, ya que los grupos opositores no suman el número mínimo de diputados o senadores necesarios para forzar la consulta popular, que es del 10%.
Miles de seguidores del movimiento de los "indignados" o 15-M salieron a la calle ayer en una decena de ciudades de España, con Madrid y Barcelona a la cabeza, para rechazar la reforma constitucional y exigir una consulta popular al respecto.
En las marchas se escucharon críticas a las centrales sindicales, a las que acusan de ser “cómplices del poder”.
En este contexto, tras mantener una reunión con más organizaciones sociales, las centrales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) anunciaron que se movilizarán el 31 de agosto y el 1 de septiembre en todo el país, y habrá una “gran marcha” unitaria el 6 de septiembre en Madrid.
Entre las organizaciones que apoyan la convocatoria figuran ATTAC, el Sindicato de Estudiantes de España, la coordinadora de ONG para el Desarrollo, Plataforma 2015, Socialismo 21, y otras asociaciones de mujeres e inmigrantes.
Los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UFT, Toni Ferrer, afirmaron que no permitirán “que la crisis la paguen los de siempre”, por lo que también apoyaran otras manifestaciones convocadas por otros movimientos para frenar el proyecto así como exigir la convocatoria de un referendo.
El documento consensuado por los sindicatos y las organizaciones señala que la reforma pactada por PSOE y PP es “muy grave” ya que “pone en riesgo el tejido social” español. Además, fue planteada de forma “inaceptable” y con “nocturnidad y alevosía”.
Górriz subrayó que poner un límite al déficit público en la Constitución supone una “amenaza permanente para el Estado de bienestar” y un “grave límite al autogobierno”. “Será un sacrificio inútil y erróneo al servicio de los mercados”, dijo el responsable de CCOO.
Por su parte, Ferrer remarcó que la propuesta, que “parece que se quiere ocultar a la ciudadanía”, va a ampliar la “brecha” que existe entre la sociedad y el gobierno.
En este marco, los dirigentes sindicales advirtieron a los diputados que los ciudadanos recordarán muy bien qué votaron de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre.
Sólo una ruptura de la disciplina en el grupo socialista podría frenar la reforma o forzar un referendo, aunque es muy poco probable que suceda después de que los socialistas catalanes respaldarán en bloque la propuesta que inicialmente algunos diputados habían rechazado.
El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, transmitió hoy el respaldo de la cúpula del partido a la reforma y justificó porqué se niegan a celebrar un referendo.
“La Constitución no lo exige y en caso de celebrarse, se transmitiría incertidumbre a quienes queremos trasmitir certidumbre”, añadió en referencia a los mercados.
La propuesta de establecer un techo al déficit público en la Carta Magna fue anunciada el martes pasado en el Congreso por el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, tras llegar a un acuerdo con el líder del PP, Mariano Rajoy.
La medida fue exigida por el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, a los países de la zona euro en medio de su grave crisis de deuda.
En concreto, la reforma modifica el artículo 135 de la Carta Magna para introducir el principio de estabilidad financiera en las cuentas públicas y fijar un límite al déficit en una futura ley orgánica.
La agencia calificadora Moody`s consideró “positiva” la propuesta de reforma aunque señaló que hubiese sido mejor establecer una cifra máxima de déficit en la Carta Magna, según un comunicado.
En tanto, la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales advierten que el problema de la crisis no es el déficit público sino la deuda privada fomentada por los bancos.
También varios Premios Nóbel y catedráticos de Economía señalaron que la reducción del déficit estrangula las posibilidades de recuperación económica y creación de empleo.
Es la primera vez en 30 años que los dos grandes partidos de España llegan a un acuerdo para reformar la Constitución de 1978, cuya única modificación se llevó a cabo en 1992 para adaptarla al Tratado de Maastricht por la incorporación de España a la UE.
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