El presidente del Parlamento acaba de leer la carta de dimisión de un hombre que estuvo 37 años al frente del país.
Carme Forcadell, fue enviada este jueves a prisión eludible bajo una fianza de 150.000 euros tras declarar ante el Tribunal Supremo en Madrid por presuntos delitos vinculados al plan soberanista de la región.La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue enviada este jueves a prisión eludible bajo una fianza de 150.000 euros tras declarar ante el Tribunal Supremo en Madrid por presuntos delitos vinculados al plan soberanista de la región, según fuentes judiciales citadas en medios locales.
Puigdemont exige desde Bélgica la liberación de los encarcelados. La Audiencia Nacional se apresta a dictarle una orden europea de arrestoTensión. Un separatista muestra la bandera independentista a un agente frente a la iencia Nacional.
El ex vicejefe del gobierno catalán Oriol Junqueras y siete ex consejeros fueron enviados ayer a prisión preventiva sin fianza tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por presuntos delitos vinculados al plan soberanista que abrió una crisis institucional sin precedentes en España. Según los medios españoles, la jueza de la Audiencia Nacional que dictó esa medida emitirá hoy una orden europea de detención para el ex "president" Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran con él en Bélgica desde el fin de semana, como solicitó ayer el fiscal general.
La vicepresidenta del gobierno español asume el Ejecutivo de Cataluña, luego de que Rajoy destituyera a Puigdemont y disolviera el Parlamento regional además de convocar a elecciones.
Cientos de miles de personas marcharon ayer en Barcelona en contra de la secesión de Cataluña, dos días después de que el Parlamento regional declarara la independencia y que el Gobierno español destituyera a las máximas autoridades catalanas, a la vez que disponía la intervención de esa región.
Le pide una fianza de 6,2 millones de euros y si no comparecen urgentemente, serán detenidos.
por EXPANSION
El Fiscal General del Estado anunció dos querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y "otros delitos conexos" contra el Govern en la Audiencia Nacional y contra la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo. Le pide una fianza de 6,2 millones de euros y si no comparecen urgentemente, serán detenidos.
El independentista Puigdemont define los pasos a seguir.
A tres días de que el Senado español apruebe la intervención del autogobierno de Cataluña para atajar una posible secesión, Madrid y Barcelona mantienen un tira y afloja ante una posible comparecencia del presidente regional catalán en la Cámara Alta.
A pedido del gobierno conservador de Mariano Rajoy, el Senado debe dar luz verde el viernes a unas medidas sin precedentes en 40 años de democracia, decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Una de ellas es la destitución en bloque del ejecutivo regional, dirigido por el independentista Carles Puigdemont.
En una medida sin precedente, envió al Senado su plan para desplazar al gobierno regional y llamar a elecciones; Puigdemont, que lideró una masiva marcha, lo calificó como el peor ataque desde la dictadura
DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017
Silvia Pisani
Puigdemont encabezó ayer una masiva manifestación en Barcelona a favor de la independencia. Foto: Reuters
MADRID.- La política española entró en fase crítica. En una medida sin precedente, Mariano Rajoy anunció un plan para destituir en pleno al gobierno separatista de Cataluña, reemplazarlo por sus funcionarios y llamar a elecciones en no más de seis meses. La intervención, más extrema de la esperada, debe ser aprobada por el Senado.
Las medidas, al amparo del artículo 155, entrarán en vigor el sábado tras su aprobación en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría necesaria
Resistencia. Casi medio millón de personas colmó las calles de Barcelona para protestar contra Rajoy y para pedir la libertad de los líderes secesionistas detenidos por sedición.
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, destituirá por completo al Ejecutivo de Cataluña y tomará el control de sus competencias hasta que se celebren elecciones en la región española, en un plazo máximo de seis meses, con el fin de frenar el desafío secesionista y solventar la grave crisis abierta. La medida del Ejecutivo español fue criticada por el presidente de la Generalitat (gobierno), Carles Puigdemont, que pedirá un pleno del Parlamento regional para que debata sobre las medidas con las que Madrid quiere intervenir la autonomía catalana.