PUEBLOS ORIGINARIOS

José Guzmán, en cobertura exclusiva en Villa Mascardi, Bariloche

Por Jean Georges Almendras-22 de octubre de 2020

Una muy tensa situación se venía viviendo desde la víspera y desde las primeras horas de la mañana de este jueves 22 (hasta el momento del cierre del presente artículo) en territorio de la Lof Lafken Wilkul Mapu de la zona de Villa Mascardi, a escasos kilómetros de la ciudad misma de Barilloche, al registrarse allí un verdadero cerco policial (con la presencia de numerosos contingentes de funcionarios de la Policía Federal, Gendarmería Nacional , Policía de Seguridad Aero Portuaria y Policía Provincial) que significaría –a juzgar por los hechos- la antesala de un operativo de allanamiento (desalojo) el que habría sido autorizado por las autoridades judiciales y la Fiscalía.

¿Un nuevo hostigamiento a las comunidades de la zona? ¿Una nueva intimidación en el mismo lugar donde se dio muerte, en noviembre del año 2017, a Rafael Nahuel?

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En la Lof Gallardo Calfú hubo detenidos y agresión policial al concluir el operativo

Un desalojo espectacular cargado de odio, fruto de una burda maniobra de estafa

Exclusiva cobertura en Bariloche de ADM, por José Guzmán-19 de octubre de 2020

La Justicia de Río Negro concretó este lunes 19 de octubre el desalojo de un campo de 400 hectáreas en El Foyel, a 75 kilómetros de Bariloche y 46 de El Bolsón, recuperado desde el jueves pasado por la Lof Gallardo Calfú.

En una audiencia convocada pocos minutos antes y sin la presencia de los acusados ni de su abogado el juez Marcello Álvarez Mellinger, autorizó al Ministerio Público Fiscal a proceder con el desalojo "de Blanca Gallardo y Juan Carlos Oyarzo, así también como del resto de las personas que se encuentran con ellas participando de la ocupación" y restituir el inmueble a la familia Soriani.

En el lugar se hicieron presentes los fiscales Francisco Arrien y Martín Lozada.

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En un fallo histórico que fija precedentes por parte del Estado argentino, se reconoció a la masacre de Napalpí (1924) como crimen genocida y de lesa humanidad. Además intimó al Estado nacional a pagar 375 millones de pesos en indemnizaciones y realizar inversiones públicas para promover el desarrollo de las comunidades.

Entre 1911 y 1956 existían en el norte argentino las “reducciones”. Estas eran espacios de control social implementado en Chaco y Formosa imitando el modelo existente en Estados Unidos. Ahí vivían hacinados más de siete mil indígenas de las etnias qom, moqoit, vilela, wichí y pilagá. La excusa por parte del Estado para crear estas reducciones, era incorporar a los indígenas a la civilización. La función era mantenerlos juntos y alejados de los grandes terratenientes que compran tierras para la producción de algodón principalmente. Pero las condiciones en las que vivían eran deplorables. El sociólogo e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, Marcelo Musante, se expresó sobre la vida en las reducciones en el portal “Canal abierto”:

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Comunidades Diaguita kallchaki, que integran la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita denunciaron que terratenientes con complicidad de la policía y jueces, aprovecharon el contexto de emergencia sanitaria por covid-19 en las localidades de Cachi y Cafayate, para avanzar sobre tierras ancestrales, entre las que se encuentran sitios sagrados de importancia arqueológica.

Algunos productores vieron la posibilidad de avanzar en territorios ya delimitados por la Ley nacional 26.160 (Ley de Emergencia Territorial Indígena), en la mayoría de los casos irrumpieron con maquinaria pesada, con el fin de realizar actos posesorios, dañando y quemando bosques nativos, constituyendo graves abusos contra de la normativa vigente y violentando los derechos como pueblos preexistentes al Estado argentino.

Las comunidades sostienen la existencia de la complicidad entre la policía, los terratenientes, las firmas corporativas y los jueces que permitieron esta situación, dándoles la espalda a las comunidades que habitan esas tierras en este tiempo de pandemia.

“Creemos que se están aprovechando de la situación, por esta situación de pandemia. Es que

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A más de 800 kilómetros al sur de Santiago, la IX Región de La Araucanía es el escenario de un conflicto iniciado hace 400 años. Desde las fracasadas campañas militares emprendidas por España hacia el sur del río Bío-Bío, pasando por la guerra de recursos y exterminio reconocida oficialmente por el Estado como la “Pacificación” en el siglo XIX, el pueblo-nación mapuche continúa enarbolando banderas de autodeterminación política.

Una de las puntas de lanza de las comunidades mapuche es la recuperación de sus tierras ancestrales, despojadas por la fuerza, en medio de un agresivo proceso de colonización que emprendió el Estado. Esta reivindicación entra en pugna directa con influyentes grupos de poder en Chile, particularmente con aquellos núcleos empresariales que tienen intereses en la industria forestal.

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Recientemente tuvimos el honor de poder entrevistar a Sonia Guajajara, líder indígena, actual coordinadora de la APIB (Articulación de los Pueblos originarios de Brasil) y la primera mujer indígena candidata a la vice presidencia de la República en 2018.

Por si fuera poco, ante el reiterado desmantelamiento de los derechos de los pueblos originarios, con el advenimiento de la pandemia COVID-19, la situación se agravó. Dichos pueblos se encuentran entre los grupos más vulnerables al avance de la pandemia y se encuentran en situación desfavorable para enfrentar la enfermedad, y por si fuera poco el cuadro aumentó por la postura del Gobierno Federal en cuanto a la implementación de medidas de prevención y protección frente a la propagación por el virus.

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