EN MENDOZA YA EXISTE UNA LEY CONTRA EL TRABAJO ESCLAVO Domingo, 01 de Enero de 2012 23:22
El diputado Gustavo Arenas es autor de una norma que sanciona a las empresas contraventoras.
El presidente del bloque de diputados del FPV-PJ, Gustavo Arenas, presentó en diciembre pasado un proyecto de ley para sancionar a las empresas que promuevan el trabajo esclavo o la explotación infantil. Esta ley ya fue promulgada, por lo que el legislador solicitó su pronta aplicación.
En otro orden de cosas, Arenas se solidarizó con los periodistas de Canal 7, Julián Chabert y Raúl Salazar, quienes fueron agredidos por el propietario de una finca en donde presuntamente se realizaba trabajo esclavo.
Una dura medida
En la ocasión, el representante de la Cámara baja le solicitó al Poder Ejecutivo que aplique la ley provincial Nº 8.374, promulgada el 14 de diciembre de 2011, de su autoría, que sanciona al empleador que cuente con antecedentes en el Registro de Infractores Laborales.
La normativa también sanciona a las empresas que presenten “situaciones de contratación de mano de obra que importen graves violaciones a las normas provisionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo, que puedan implicar la comisión de cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los trabajadores involucrados”.
La ley provincial señala asimismo que la pérdida de los beneficios operará inmediatamente de comprobadas las infracciones y que para volver a obtenerlo deberán transcurrir dos años desde que se verificara el delito, “sin que se haya incurrido en nuevas infracciones de la misma naturaleza”.
Una dura medida
En la ocasión, el representante de la Cámara baja le solicitó al Poder Ejecutivo que aplique la ley provincial Nº 8.374, promulgada el 14 de diciembre de 2011, de su autoría, que sanciona al empleador que cuente con antecedentes en el Registro de Infractores Laborales.
La normativa también sanciona a las empresas que presenten “situaciones de contratación de mano de obra que importen graves violaciones a las normas provisionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo, que puedan implicar la comisión de cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los trabajadores involucrados”.
La ley provincial señala asimismo que la pérdida de los beneficios operará inmediatamente de comprobadas las infracciones y que para volver a obtenerlo deberán transcurrir dos años desde que se verificara el delito, “sin que se haya incurrido en nuevas infracciones de la misma naturaleza”.