ACONSEJAN NO MUDAR LOS RESIDUOS RADIACTIVOS DE LA "ATOMICA" Miércoles 3 de octubre de 2012
LA Voz
Tras el eventual cierrede Dioxitek, la solución ambiental más viable es el confinamiento de material en el sitio. Hay 56 mil toneladas de desechos. Es vital la participación de los vecinos.
Cierre. La semana pasada, la Municipalidad de Córdoba clausuró la planta de Alta Córdoba (Facundo Luque).
La semana pasada, la Municipalidad de Córdoba clausuró la planta de Dioxitek, conocida como la “Atómica” de Alta Córdoba, y reabrió el debate sobre qué hacer con esta instalación.
Si bien es probable que se llegue a un acuerdo para su reapertura provisoria, es inevitable su cierre definitivo en el mediano plazo. Esto dependerá de que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) defina el sitio de instalación de la nueva planta.
Una vez cerrada, el dilema siguiente es saber qué hacer con el pasivo ambiental que quedará en una zona muy poblada de la ciudad de Córdoba.
En el sitio hay 35 mil metros cúbicos de residuos radiactivos (el conocido “chichón”) que equivalen a 56 mil toneladas. El material radiactivo es de baja intensidad (uranio, radio 226, radón 222 y plomo 210) y también hay metales pesados como vanadio, cobre, zinc y cromo.
Una opción es trasladar los residuos a otro sitio para su disposición final. En algún momento se barajó como destino Los Gigantes (cerca de Tanti), la mina de donde se extrajo uranio en la década de 1980 y que Cnea también debe remediar.
Se calcula que para el transporte del material serían necesarios realizar, durante siete u ocho meses, 27 viajes diarios con camiones capaces de llevar 15 toneladas de desechos.
El problema es que los vehículos deberían pasar por localidades que ya se han declarado libres de material radiactivo.
Pero a su vez, al remover los residuos, el polvo con material contaminado podría dispersarse en el ambiente. “Trasladar los residuos lleva a otros riesgos y el sitio no queda del todo remediado”, señala Juan Carlos Villalonga, ambientalista experto en energía nuclear, presidente de la ONG Los Verdes.
“De las opciones, ninguna es satisfactoria. El traslado de material radiactivo es una de las actividades más resistidas en el mundo. Sin embargo, la manipulación en la zona representa un potencial daño a la población cercana que resulta inaceptable”, señala Mauro Fernández, coordinador campaña de Energía de Greenpeace Argentina.
Ambos ambientalistas coinciden en que hay la opción “menos mala” es confinarlos en el mismo lugar, y que para ello se debe darle participación a los vecinos.
También coinciden en que la solución final al problema es que el país abandone definitivamente el uso de tecnología nuclear para producir energía.
“La CNEA debe hacerse responsable y proceder al saneamiento en forma ampliamente participativa. Lo establece el préstamo que el Banco Mundial le concedió para tal fin en 2010. Independientemente del rumbo que se adopte para la remediación del sitio, el pueblo debe formar parte de la decisión”, dice Fernández.
En tanto, Alicia Morales Lamberti, especialista en derecho ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), señala: “La sola remediación del sitio no significa que la reparación del daño ambiental sea íntegra. Existe una relación de graduación en cuanto a la obligación de restauración, que debe guardar relación con los umbrales de aceptación social de la comunidad afectada”.
En el trabajo publicado en la revista Estudios de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNC en 2008, explica que ese daño ambiental no puede ser restringido en términos meramente patrimoniales o financieros, sino que “debe ser comprensivo también de la lesión de intereses más generales, de naturaleza social, igualmente susceptibles de valoración y reparación”.
Villalonga señala que a pesar del confinamiento, probablemente no se le pueda dar un nuevo uso al sitio. “A priori, el espacio no se podría recuperar y deberá estar controlado y sin acceso al público por años”, comenta.
El objetivo del confinamiento es aislar los desechos del contacto con napas de agua y evitar que la erosión por el viento o la lluvia esparzan este material.
Para ello, no es necesaria una cobertura de cemento y plomo como ocurre cuando se fractura una central nuclear. En Malargüe, la Cnea tiene que remediar un sitio similar. Allí se utiliza arcilla compactada, grava y arena para cubrir los desechos.
¿Reapertura?
Clausura. El cierre de Dioxitek, propiedad de la Cnea, se debió a problemas de seguridad y de falta de permisos. La planta no tiene la habilitación del municipio. Los problemas de seguridad son: sistema de incendios inoperable, señalización escasa, iluminación de emergencia escasa y pintura.
Acuerdo. Hoy podría llegarse a un acuerdo entre la Municipalidad y la empresa para su reapertura, según informaron sus directivos a los operarios. Desde la empresa no formularon declaraciones.
Impuestos. Dioxitek tiene un argumento contundente a su favor. Si bien no tiene habilitación municipal, ha pagado religiosamente los impuestos municipales por su actividad industrial.
La semana pasada, la Municipalidad de Córdoba clausuró la planta de Dioxitek, conocida como la “Atómica” de Alta Córdoba, y reabrió el debate sobre qué hacer con esta instalación.
Si bien es probable que se llegue a un acuerdo para su reapertura provisoria, es inevitable su cierre definitivo en el mediano plazo. Esto dependerá de que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) defina el sitio de instalación de la nueva planta.
Una vez cerrada, el dilema siguiente es saber qué hacer con el pasivo ambiental que quedará en una zona muy poblada de la ciudad de Córdoba.
En el sitio hay 35 mil metros cúbicos de residuos radiactivos (el conocido “chichón”) que equivalen a 56 mil toneladas. El material radiactivo es de baja intensidad (uranio, radio 226, radón 222 y plomo 210) y también hay metales pesados como vanadio, cobre, zinc y cromo.
Una opción es trasladar los residuos a otro sitio para su disposición final. En algún momento se barajó como destino Los Gigantes (cerca de Tanti), la mina de donde se extrajo uranio en la década de 1980 y que Cnea también debe remediar.
Se calcula que para el transporte del material serían necesarios realizar, durante siete u ocho meses, 27 viajes diarios con camiones capaces de llevar 15 toneladas de desechos.
El problema es que los vehículos deberían pasar por localidades que ya se han declarado libres de material radiactivo.
Pero a su vez, al remover los residuos, el polvo con material contaminado podría dispersarse en el ambiente. “Trasladar los residuos lleva a otros riesgos y el sitio no queda del todo remediado”, señala Juan Carlos Villalonga, ambientalista experto en energía nuclear, presidente de la ONG Los Verdes.
“De las opciones, ninguna es satisfactoria. El traslado de material radiactivo es una de las actividades más resistidas en el mundo. Sin embargo, la manipulación en la zona representa un potencial daño a la población cercana que resulta inaceptable”, señala Mauro Fernández, coordinador campaña de Energía de Greenpeace Argentina.
Ambos ambientalistas coinciden en que hay la opción “menos mala” es confinarlos en el mismo lugar, y que para ello se debe darle participación a los vecinos.
También coinciden en que la solución final al problema es que el país abandone definitivamente el uso de tecnología nuclear para producir energía.
“La CNEA debe hacerse responsable y proceder al saneamiento en forma ampliamente participativa. Lo establece el préstamo que el Banco Mundial le concedió para tal fin en 2010. Independientemente del rumbo que se adopte para la remediación del sitio, el pueblo debe formar parte de la decisión”, dice Fernández.
En tanto, Alicia Morales Lamberti, especialista en derecho ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), señala: “La sola remediación del sitio no significa que la reparación del daño ambiental sea íntegra. Existe una relación de graduación en cuanto a la obligación de restauración, que debe guardar relación con los umbrales de aceptación social de la comunidad afectada”.
En el trabajo publicado en la revista Estudios de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNC en 2008, explica que ese daño ambiental no puede ser restringido en términos meramente patrimoniales o financieros, sino que “debe ser comprensivo también de la lesión de intereses más generales, de naturaleza social, igualmente susceptibles de valoración y reparación”.
Villalonga señala que a pesar del confinamiento, probablemente no se le pueda dar un nuevo uso al sitio. “A priori, el espacio no se podría recuperar y deberá estar controlado y sin acceso al público por años”, comenta.
El objetivo del confinamiento es aislar los desechos del contacto con napas de agua y evitar que la erosión por el viento o la lluvia esparzan este material.
Para ello, no es necesaria una cobertura de cemento y plomo como ocurre cuando se fractura una central nuclear. En Malargüe, la Cnea tiene que remediar un sitio similar. Allí se utiliza arcilla compactada, grava y arena para cubrir los desechos.
¿Reapertura?
Clausura. El cierre de Dioxitek, propiedad de la Cnea, se debió a problemas de seguridad y de falta de permisos. La planta no tiene la habilitación del municipio. Los problemas de seguridad son: sistema de incendios inoperable, señalización escasa, iluminación de emergencia escasa y pintura.
Acuerdo. Hoy podría llegarse a un acuerdo entre la Municipalidad y la empresa para su reapertura, según informaron sus directivos a los operarios. Desde la empresa no formularon declaraciones.
Impuestos. Dioxitek tiene un argumento contundente a su favor. Si bien no tiene habilitación municipal, ha pagado religiosamente los impuestos municipales por su actividad industrial.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/aconsejan-no-mudar-residuos-radiactivos-atomica