DENUNCIAN ESCANDALOSO ABUSO PARA ABULTAR JUBILACIONES Y DESAHUCIOS EN SISTEMA PREVISIONAL DE CARABINEROSDirector de Dipreca denunció irregularidades en el Ministerio Público y Contraloría, e informó al CDE: Malas prácticas significan gastos extra por $4 mil millones.
Santiago 18 de Noviembre 2011
Diario la Segunda
El inocente reclamo de una funcionaria porque en su recontratación le pagaban sólo 78% más de lo que ganaba originalmente, y que por tanto no se iba a mejorar su jubilación, encendió las alertas del director de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), Carlos Jerez.
Vapuleada tras un escándalo en 1997 -cuando se destapó la compra fraudulenta de insumos a una cadena de farmacias y a una óptica a través de un "intermediario"-, y con algunas luces amarillas encendidas por Contraloría en la década pasada, la nueva mano que trajo Jerez -asumió por Alta Dirección Pública en mayo de 2010- detectó una serie de anomalías y malas prácticas administrativas, que generaron a la entidad pérdidas por más de $14 mil millones en 10 años.
"Todo esto ha sido un descuido. La institución tiene atrasos de muchos años", explica en una conversación en que, por primera vez y en forma pública, reconoce las irregularidades que ha ido descubriendo en este sistema de previsión y salud solidario, que nació en 1927, y que se focaliza en 250 mil cotizantes (miembros de Carabineros, PDI, Gendarmería y Registro Civil, principalmente).
Anomalías que informó a las autoridades políticas (depende de la Subsecretaría del Interior, pero en materia presupuestaria su partida va en la del Ministerio del Trabajo) y a Contraloría y cuyos antecedentes derivó al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Paralelamente, Jerez (segundo director civil de Dipreca) está cambiando y reestructurando toda la institución con el fin, dice, de "que sea autogestionable y autofinanciable en su gestión".
Pensiones y desahucios abultados: $4 mil millones
Con el reclamo de la funcionaria comenzó a emerger la historia de décadas: Aquellos empleados civiles con más de 20 años de servicio y que querían jubilar (se les aplica la normativa de los uniformados), renunciaban a la planta institucional y se les recontrataba bajo el Código del Trabajo por tres meses con un sueldo de entre el 50% y 100% más que el original. Así, el desahucio y la posterior jubilación se elevaban artificialmente.
Jerez consultó el tema: Le dijeron que era una facultad privativa del director, "que empezó en 2000 con dos casos. Pero ahora había 97", recuerda.
Efectivamente, un dictamen de Contraloría en 2000 consideró que los dos casos no constituían una práctica habitual, y que había sido empleada "en forma restrictiva y sólo para casos excepcionales". Diez años después, Jerez volvió a preguntar al fiscalizador por los 97 casos: En diciembre de 2010 Contraloría dictaminó que esta práctica "podría constituir una desviación" y podría haber "una infracción al deber de probidad".
¿La magnitud de lo pagado? "Hasta agosto implicó $1.500 millones en exceso de desahucio y unos $2.500 millones en exceso de pensiones. Eran $4 mil millones y en el estimado de 30 años significaba $16 mil 800 millones de pesos", responde Jerez.
En marzo, Contraloría inició un sumario, y en la fiscalía, la persecutora Giovanna Herrera realiza las primeras diligencias -en una investigación desformalizada- para determinar si hay o no mérito para iniciar un caso.
Sin conciliaciones bancarias desde 1999
Pero a estas son supuestas irregularidades, se suma una serie de desórdenes que detectó la nueva jefatura al ir revisando los sistemas de trabajo.
Luego de verificar que no existían conciliaciones bancarias de Dipreca, Carlos Jerez cambió al personal del área de contabilidad y ordenó una auditoría interna (que aún continúa): "Cuando nos dimos cuenta de que no había conciliaciones desde 1999, planteamos hacerlo de lo más nuevo a lo antiguo", asegura.
Y agrega: "El esfuerzo ha sido gigantesco. Tenemos un plan que comenzó en noviembre del año pasado y aún no termina. No obstante, vamos en 2003 hacia atrás, buscando diferencias, porque no calzan las cuentas. Se ha revisado un saldo de $350 mil millones sin análisis, pero queda por revisar".
Gracias a este ejercicio, descubrieron que tenían una deuda pendiente con la Superintendencia de Seguro Social (Suseso) por el llamado Fondo Revalorizador de Pensiones: "No se habían entregado los dineros recaudados desde 1999 a 2004. Estos recursos se obtienen de las cotizaciones, y sirven para pagar las pensiones básicas, y la diferencia se la entregan a la Superintendencia de Seguridad Social, la cual maneja ese fondo. Sacamos las cuentas y advertimos que le debíamos cerca de $8 mil 543 millones. Se ha pagado algo, aunque todavía hay un saldo que viene de 1984 y que es de $ 2.310 millones".
-¿La Suseso nunca se dio cuenta?
-Si no hay controles en el que debe ni hay controles en el que cobra, es difícil darse cuenta. Cuando nos percatamos, los llamamos y no había ningún documento.
Por lo anterior, ordenó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas en estos desórdenes, "procedimiento que a la fecha se encuentra en etapa de formulación de cargos y descargos", se explicó.
Y como los malos manejos del Fondo Revalorizador de Pensiones podrían constituir hechos que revisten el carácter de delito se pusieron los antecedentes respectivos a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado.
Déficit en el fondo de salud
Durante 2010 comenzó a pagarse el fondo correctamente, pero surgió otro problema: "Descubrimos que no había suficiente dinero para pagar las prestaciones médicas. Porque suponemos que esos fondos (que no se entregaban a la subsecretaría) se usaban para esto".
Hacienda debió suplementar los dineros para este y el próximo año. "Este déficit de caja demuestra que tenemos que hacer mejoras estructurales al sistema de salud. Sobre todo de cotizaciones, las cuales son muy bajas y no permiten financiar las prestaciones solicitadas por los beneficiarios", explica Jerez..
Créditos no cobrados: $2.200 millones
Al momento de conciliar parcialmente las cuentas se descubrieron dineros por cobrar que datan incluso de antes de 1999: Suman cerca de $2 mil 200 millones.
Estas deudas se generaron porque a muchos cotizantes no se les puede descontar el copago por las prestaciones médicas: "Como isapre, tenemos la obligación de cancelar el 100% de la prestación y luego recuperamos dinero con el seguro complementario y los copagos, el que cobramos al imponente".
¿Es posible recuperar algo? "Está en estudio... si no, tendremos que tirarla a pérdida, porque no son rescatables. O están prescritas... Igual estamos en la etapa de revisión".
Planta paralela
La planta total de Dipreca son 2 mil 200 personas, incluido el hospital. Pero de la sede central sólo dependen 365 funcionarios, aunque allí trabajan 110 más, contratados bajo otra modalidad y con cargo a los fondos de medicina curativa.
"No es nuevo. Viene de hace 19 años. A raíz de una investigación se estableció que 6 casos eran personas que trabajan en los policlínicos que Dipreca tiene en Antofagasta, Viña y Concepción", dice Jerez.
Pero otros 106 no tuvieron justificación y como no había dinero para finiquitarlos, Contraloría dio como fecha perentoria el 31 de diciembre de este año para regularizar la anomalía.
Eso significó reubicar a la mayor parte de los empleados, aunque 17 deberán ser desvinculados.
-¿ A sus antecesores les cabe responsabilidad en todo esto?
-Quien tiene la última palabra es la Contraloría, el Ministerio Público, el CDE, que tienen que determinar el grado de responsabilidad administrativa o de otro tipo.
- Pero se asume que las autoridades de la época debían saberlo.
-Ese es un supuesto.
Las explicaciones de ex autoridad
"No es como se lo cuentan..." advierte el general (r) Gustavo Lagos, director de Dipreca entre 2002 y 2006, cuando se le consulta por el sistema para que algunos tuvieran una pensión de retiro mejor de la que debían recibir.
"Desde antes de que yo llegara, se hacía algo que es totalmente legal, una prerrogativa que tenía el director de Dipreca, para poder contratar a la gente y seguir con sus servicios, aunque la persona tuviera interés en su renuncia voluntaria", explica.
La idea, precisa, no era beneficiar a alguna persona, sino poder "seguir con ellos durante un tiempo mientras se preparaba a la gente que la iba a reemplazar en sus cargos y se jubilaban".
-¿Pero salían con mejor pensión?
-Sí, le aumenta la pensión, porque al jubilar con escala única la recontratación para que la persona se quede es mayor.
-¿Es cierto que se aplicaba una tabla que indicaba que para los profesionales recontratados se les pagaba un 50% más de lo que ganaban y para los administrativos el 100%?
-No había porcentajes... se negociaba con la persona con un contrato.
-¿Y por qué la Asociación de Funcionarios proponía nombres?
-En mi caso, la Asociación jamás propuso. Esta era el vínculo para saber quiénes se querían ir. Era una época en la que se corrían rumores de que se iba a desvincular a los funcionarios civiles de Dipreca del régimen de Carabineros, lo que significaba poder irse, por ejemplo, con 20 años de trabajo. Entonces, hubo mucha gente que estaba por irse.
Agrega: "Fue la época de toda la modernización del Estado, del cambio tecnológico; entonces, perder empleados antiguos era fatal. No había ningún sistema, no había nada especial. Además, no todas las personas se podían ir al mismo tiempo, porque no había fondos suficientes.
-¿También mantuvo una planta paralela?
-Eso también es propio de la administración pública: Se produjo cuando se congelaron todas las plantas de los servicios públicos. Entonces, se contrataba a otra gente y se ocupaban los únicos fondos disponibles (que eran los de medicina curativa). La solución es aumentar la planta y eso se pidió mucho.
Enfatiza que todo era fiscalizado: "Contraloría mantenía una oficina, se les habilitaban computadores y todo. Además, estaba controlado por el Ministerio de Defensa, por Presupuesto, por cualquier lado. Y cuando había observaciones, se corregían. De todo tomaba razón la Contraloría, incluso las jubilaciones. No hay nada tapado, todo era a la vista".
Vapuleada tras un escándalo en 1997 -cuando se destapó la compra fraudulenta de insumos a una cadena de farmacias y a una óptica a través de un "intermediario"-, y con algunas luces amarillas encendidas por Contraloría en la década pasada, la nueva mano que trajo Jerez -asumió por Alta Dirección Pública en mayo de 2010- detectó una serie de anomalías y malas prácticas administrativas, que generaron a la entidad pérdidas por más de $14 mil millones en 10 años.
"Todo esto ha sido un descuido. La institución tiene atrasos de muchos años", explica en una conversación en que, por primera vez y en forma pública, reconoce las irregularidades que ha ido descubriendo en este sistema de previsión y salud solidario, que nació en 1927, y que se focaliza en 250 mil cotizantes (miembros de Carabineros, PDI, Gendarmería y Registro Civil, principalmente).
Anomalías que informó a las autoridades políticas (depende de la Subsecretaría del Interior, pero en materia presupuestaria su partida va en la del Ministerio del Trabajo) y a Contraloría y cuyos antecedentes derivó al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Paralelamente, Jerez (segundo director civil de Dipreca) está cambiando y reestructurando toda la institución con el fin, dice, de "que sea autogestionable y autofinanciable en su gestión".
Pensiones y desahucios abultados: $4 mil millones
Con el reclamo de la funcionaria comenzó a emerger la historia de décadas: Aquellos empleados civiles con más de 20 años de servicio y que querían jubilar (se les aplica la normativa de los uniformados), renunciaban a la planta institucional y se les recontrataba bajo el Código del Trabajo por tres meses con un sueldo de entre el 50% y 100% más que el original. Así, el desahucio y la posterior jubilación se elevaban artificialmente.
Jerez consultó el tema: Le dijeron que era una facultad privativa del director, "que empezó en 2000 con dos casos. Pero ahora había 97", recuerda.
Efectivamente, un dictamen de Contraloría en 2000 consideró que los dos casos no constituían una práctica habitual, y que había sido empleada "en forma restrictiva y sólo para casos excepcionales". Diez años después, Jerez volvió a preguntar al fiscalizador por los 97 casos: En diciembre de 2010 Contraloría dictaminó que esta práctica "podría constituir una desviación" y podría haber "una infracción al deber de probidad".
¿La magnitud de lo pagado? "Hasta agosto implicó $1.500 millones en exceso de desahucio y unos $2.500 millones en exceso de pensiones. Eran $4 mil millones y en el estimado de 30 años significaba $16 mil 800 millones de pesos", responde Jerez.
En marzo, Contraloría inició un sumario, y en la fiscalía, la persecutora Giovanna Herrera realiza las primeras diligencias -en una investigación desformalizada- para determinar si hay o no mérito para iniciar un caso.
Sin conciliaciones bancarias desde 1999
Pero a estas son supuestas irregularidades, se suma una serie de desórdenes que detectó la nueva jefatura al ir revisando los sistemas de trabajo.
Luego de verificar que no existían conciliaciones bancarias de Dipreca, Carlos Jerez cambió al personal del área de contabilidad y ordenó una auditoría interna (que aún continúa): "Cuando nos dimos cuenta de que no había conciliaciones desde 1999, planteamos hacerlo de lo más nuevo a lo antiguo", asegura.
Y agrega: "El esfuerzo ha sido gigantesco. Tenemos un plan que comenzó en noviembre del año pasado y aún no termina. No obstante, vamos en 2003 hacia atrás, buscando diferencias, porque no calzan las cuentas. Se ha revisado un saldo de $350 mil millones sin análisis, pero queda por revisar".
Gracias a este ejercicio, descubrieron que tenían una deuda pendiente con la Superintendencia de Seguro Social (Suseso) por el llamado Fondo Revalorizador de Pensiones: "No se habían entregado los dineros recaudados desde 1999 a 2004. Estos recursos se obtienen de las cotizaciones, y sirven para pagar las pensiones básicas, y la diferencia se la entregan a la Superintendencia de Seguridad Social, la cual maneja ese fondo. Sacamos las cuentas y advertimos que le debíamos cerca de $8 mil 543 millones. Se ha pagado algo, aunque todavía hay un saldo que viene de 1984 y que es de $ 2.310 millones".
-¿La Suseso nunca se dio cuenta?
-Si no hay controles en el que debe ni hay controles en el que cobra, es difícil darse cuenta. Cuando nos percatamos, los llamamos y no había ningún documento.
Por lo anterior, ordenó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas en estos desórdenes, "procedimiento que a la fecha se encuentra en etapa de formulación de cargos y descargos", se explicó.
Y como los malos manejos del Fondo Revalorizador de Pensiones podrían constituir hechos que revisten el carácter de delito se pusieron los antecedentes respectivos a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado.
Déficit en el fondo de salud
Durante 2010 comenzó a pagarse el fondo correctamente, pero surgió otro problema: "Descubrimos que no había suficiente dinero para pagar las prestaciones médicas. Porque suponemos que esos fondos (que no se entregaban a la subsecretaría) se usaban para esto".
Hacienda debió suplementar los dineros para este y el próximo año. "Este déficit de caja demuestra que tenemos que hacer mejoras estructurales al sistema de salud. Sobre todo de cotizaciones, las cuales son muy bajas y no permiten financiar las prestaciones solicitadas por los beneficiarios", explica Jerez..
Créditos no cobrados: $2.200 millones
Al momento de conciliar parcialmente las cuentas se descubrieron dineros por cobrar que datan incluso de antes de 1999: Suman cerca de $2 mil 200 millones.
Estas deudas se generaron porque a muchos cotizantes no se les puede descontar el copago por las prestaciones médicas: "Como isapre, tenemos la obligación de cancelar el 100% de la prestación y luego recuperamos dinero con el seguro complementario y los copagos, el que cobramos al imponente".
¿Es posible recuperar algo? "Está en estudio... si no, tendremos que tirarla a pérdida, porque no son rescatables. O están prescritas... Igual estamos en la etapa de revisión".
Planta paralela
La planta total de Dipreca son 2 mil 200 personas, incluido el hospital. Pero de la sede central sólo dependen 365 funcionarios, aunque allí trabajan 110 más, contratados bajo otra modalidad y con cargo a los fondos de medicina curativa.
"No es nuevo. Viene de hace 19 años. A raíz de una investigación se estableció que 6 casos eran personas que trabajan en los policlínicos que Dipreca tiene en Antofagasta, Viña y Concepción", dice Jerez.
Pero otros 106 no tuvieron justificación y como no había dinero para finiquitarlos, Contraloría dio como fecha perentoria el 31 de diciembre de este año para regularizar la anomalía.
Eso significó reubicar a la mayor parte de los empleados, aunque 17 deberán ser desvinculados.
-¿ A sus antecesores les cabe responsabilidad en todo esto?
-Quien tiene la última palabra es la Contraloría, el Ministerio Público, el CDE, que tienen que determinar el grado de responsabilidad administrativa o de otro tipo.
- Pero se asume que las autoridades de la época debían saberlo.
-Ese es un supuesto.
Las explicaciones de ex autoridad
"No es como se lo cuentan..." advierte el general (r) Gustavo Lagos, director de Dipreca entre 2002 y 2006, cuando se le consulta por el sistema para que algunos tuvieran una pensión de retiro mejor de la que debían recibir.
"Desde antes de que yo llegara, se hacía algo que es totalmente legal, una prerrogativa que tenía el director de Dipreca, para poder contratar a la gente y seguir con sus servicios, aunque la persona tuviera interés en su renuncia voluntaria", explica.
La idea, precisa, no era beneficiar a alguna persona, sino poder "seguir con ellos durante un tiempo mientras se preparaba a la gente que la iba a reemplazar en sus cargos y se jubilaban".
-¿Pero salían con mejor pensión?
-Sí, le aumenta la pensión, porque al jubilar con escala única la recontratación para que la persona se quede es mayor.
-¿Es cierto que se aplicaba una tabla que indicaba que para los profesionales recontratados se les pagaba un 50% más de lo que ganaban y para los administrativos el 100%?
-No había porcentajes... se negociaba con la persona con un contrato.
-¿Y por qué la Asociación de Funcionarios proponía nombres?
-En mi caso, la Asociación jamás propuso. Esta era el vínculo para saber quiénes se querían ir. Era una época en la que se corrían rumores de que se iba a desvincular a los funcionarios civiles de Dipreca del régimen de Carabineros, lo que significaba poder irse, por ejemplo, con 20 años de trabajo. Entonces, hubo mucha gente que estaba por irse.
Agrega: "Fue la época de toda la modernización del Estado, del cambio tecnológico; entonces, perder empleados antiguos era fatal. No había ningún sistema, no había nada especial. Además, no todas las personas se podían ir al mismo tiempo, porque no había fondos suficientes.
-¿También mantuvo una planta paralela?
-Eso también es propio de la administración pública: Se produjo cuando se congelaron todas las plantas de los servicios públicos. Entonces, se contrataba a otra gente y se ocupaban los únicos fondos disponibles (que eran los de medicina curativa). La solución es aumentar la planta y eso se pidió mucho.
Enfatiza que todo era fiscalizado: "Contraloría mantenía una oficina, se les habilitaban computadores y todo. Además, estaba controlado por el Ministerio de Defensa, por Presupuesto, por cualquier lado. Y cuando había observaciones, se corregían. De todo tomaba razón la Contraloría, incluso las jubilaciones. No hay nada tapado, todo era a la vista".