PREOCUPACIÓN CIUDADANA POR ENTRENAMIENTO DE CARABIEROS DE CHILE A POLICÍA DE COSTA RICASantiago 24 de Diciembre 2012 Diario El Ciudadano
Pacifistas y universitarios señalan falta de transparencia en manejo de la seguridad y la paz en el país y advierten sobre acuerdos que “alarman” con Carabineros de Chile.
Allen Pérez, Coordinador del Movimiento Pensamiento y Solidaridad, dijo que el acuerdo suscrito hace 4 meses con el gobierno chileno, es para que Carabineros de Chile -que es un cuerpo del ejército de ese país suramericano reconocido por sus métodos represivos altamente violentos contra la población-, capacite a la policía costarricense, la que, de acuerdo con nuestra legislación, es una policía civil, no militar.
Los pacifistas costarricenses se pusieron en alerta sobre los acuerdos firmados por el gobierno de Chinchilla con Carabineros de Chile, cuando los noticieros internacionales difundieron imágenes de la violencia con la que eran reprimidas las protestas estudiantiles para pedir por una educación pública y de calidad y las protestas del pueblo Mapuche que tienen de fondo peticiones para que se deroguen injustas leyes de la dictadura de Pinochet.
Los Carabineros que ejercían esa violenta represión contra el pueblo de su país son los mismos que van a entrenar a la policía costarricense, resaltó Pérez en declaraciones a Informa-Tico.
Pérez afirmó que entre los acuerdos está la incorporación de las tristemente famosas tanquetas lanza aguas, que disparan a presión contra los manifestantes con líquidos que contienen químicos que causan trastornos de la salud.
La carta es presentada por presidenta de la Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad, Adilia Caravaca Zuñiga, cargo que por primera vez ostenta una latinoamericana, en la que se plantea a la Presidenta Chinchilla el interés de expresarle “reflexiones sobre temas de seguridad y paz en nuestro país, que seguro comparten la mayoría de los costarricenses y gente de otras latitudes, que admiran la cosmovisión pacífica de nuestra gente en los asuntos públicos”.
La misiva llama la atención sobre los acuerdos alcanzados por el ministro de Seguridad costarricense Zamora en reuniones sostenidas con el ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter y Rodrigo Ubilla, General Director subrogante de Carabineros de Chile, entre los que “destacan los programas de capacitación para policías costarricenses que se realizarán en los próximos meses, así como apoyo al país en temas de inteligencia policial, policía montada, policía motorizada y otros”.
“La violencia de los Carabineros contra su propio pueblo – usando técnicas o protocolos para acorralar a la gente – intimidarla, hostigarla e incluso provocarla -práctica conocida como “control de muchedumbres”- es hiriente a nuestra sensibilidad y a los ojos de los costarricenses es inaceptable, particularmente cuando se enrumba en contra de los movimientos sociales, al extremo que contra el Estado Chileno han sido presentadas más de cien denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Deploramos asimismo que la protesta popular se haya criminalizado en Chile” dice el documento.
El documento está firmado además de la Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Justicia por Erick Sandoval, Presidente de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, David Hernández, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Rubén Astorga, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, Randall Otárola, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, Allen Pérez, Coordinador del Movimiento Pensamiento y Solidaridad, Francisco Cordero Gene, Presidente Honorario del Centro de Amigos para la Paz, y Ana Cecilia Jiménez, Presidenta de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos;
El texto completo de la carta lo reproducimos a continuación:
“San José, 11 de diciembre del 2011
Sra. Laura Chichilla
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Presente
Estimada doña Laura:
Como costarricense y como presidenta internacional de la Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad, cargo que por primera vez ostenta una latinoamericana, me dirijo a usted para expresarle algunas reflexiones sobre temas de seguridad y paz en nuestro país, que seguro comparten la mayoría de los costarricenses y gente de otras latitudes, que admiran la cosmovisión pacífica de nuestra gente en los asuntos públicos. Por ello, me permitiré hablar en plural en adelante.
La Cancillería publicó en su portal del día 30 de agosto pasado lo siguiente: “El Ministro Zamora, contando con el apoyo de la Embajada costarricense en Santiago, sostuvo reuniones de trabajo con el Ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter; (…) Rodrigo Ubilla; el General Director subrogante de Carabineros de chile, (…) De dichas reuniones salieron varios acuerdos entre los que destacan programas de capacitación para policías costarricenses que se realizaran en los próximos meses, así como apoyo al país en temas de inteligencia policial, policía montada, policía motorizada y otros” . Alarman estos acuerdos celebrados hace poco más de tres meses en Santiago, sobre los cuales la ciudadanía costarricense no está plenamente informada, ni ha sido consultada. Las indicadas áreas de “ayuda” chilena merecen ser examinadas con cuidado por la ciudadanía.
Las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile no deben adiestrar a nuestras fuerzas de policía porque este cuerpo militar es uno de los más represivos de América Latina, como se ha evidenciado sobradamente en los últimos siete meses con la represión a las movilizaciones estudiantiles, en las cuales un joven resultó muerto y contra el pueblo mapuche en sus territorios.
La violencia de los Carabineros contra su propio pueblo – usando técnicas o protocolos para acorralar a la gente - intimidarla hostigarla, e incluso provocarla – práctica conocida como “control de muchedumbres” - es hiriente a nuestra sensibilidad y a los ojos de los costarricenses es inaceptable, particularmente cuando se enrumba en contra de los movimientos sociales, al extremo que contra el Estado Chileno han sido presentadas más de cien denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Deploramos asimismo que la protesta popular se haya criminalizado en Chile.
Nuestra Liga, con una larga trayectoria histórica mundial desde la mirada y la experiencia de las mujeres, a favor de la justicia y la paz, destaca cómo esta represión en Chile se ha encrudecido contra mujeres y niñas.(ver http://www.humanas.cl/?p=8022).También preocupa la guerra de baja intensidad que las Fuerzas Especiales de los Carabineros siguen desplegando en territorio mapuche; y el gran despliegue de brutalidad policial prácticamente en todas las manifestaciones convocadas por la Confech.
Concordamos con que nuestra Fuerza Pública debe ser profesional y entrenada para combatir el crimen organizado y de que debe ser remunerada con justicia, pero su capacitación debe enmarcarse en los parámetros civilistas que han identificado a nuestro país a lo largo de su historia. Estos y un enfoque preventivo deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. Además la seguridad debe redefinirse a fin de que incluya políticas de seguridad social y posibilitar la participación ciudadana en la preservación de instituciones como la CCSS y otras, necesarias para su disfrute; además, la lucha de los habitantes del país por mantener conquistas sociales no debe ser criminalizada ni reprimida.
Esa alianza en materia de seguridad con Chile, al aparecer su Administración la está haciendo con Méjico y Colombia también, lo cual no es esperanzadora ni muy creativa. Méjico se ha convertido en uno de los lugares más inseguros de la región, pese a la gran inversión militar en lucha contra el crimen organizado. Ante el llamado saldo “colateral” de cientos de niños muertos, sus familiares y los niños sobrevivientes de esa violencia reciben poco o ningún apoyo del Estado, como recién lo denuncian organizaciones humanitarias que trabajan por los niños y niñas en dicha nación. Estos son apenas unos ejemplos, entre otros, que deben ser examinados por la opinión pública costarricense en un acto de responsabilidad consigo mismo y solidaridad con dichos pueblos.
En esta peligrosa escalada de la aceptación del militarismo, fueron reveladoras las palabras del señor René Castro, anterior canciller, quien propuso que Costa Rica debía revisar su tradición pacifista; lamentamos que hasta ahora, la señora presidenta no desautorice ese enfoque. Doña Laura, usted puede y debe rectificar estas incongruencias y rescatar lo dicho por nuestra sala Constitucional en el voto 08-014193.
Los temas de seguridad ciudadana y de seguridad humana son de interés públicos. Al tenor de lo establecido en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, existe el compromiso del Estado costarricense de garantizar que las mujeres participemos en las discusiones públicas sobre seguridad y paz, temas que especialmente afectan nuestras vidas y las de nuestras familias.
Por lo expuesto y por el derecho que nos asiste a conocer esos acuerdos policiales, solicitamos respetuosamente que le pida a los Ministros de Seguridad Pública y Gobernación, junto al de Relaciones Exteriores y Culto, que nos concedan una audiencia para dialogar sobre este tema, gestión que también están realizando otras organizaciones sociales, porque la seguridad ciudadana es un asunto que importa a todos y todas desde cualquier ángulo que se mire.
Atentamente,
Adilia Caravaca Zuñiga, Presidenta de la Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Justicia; Erick Sandoval Corrales, Presidente de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica; David Hernández Brenes, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica; Allen Pérez Somarribas, Coordinador del Movimiento Pensamiento y Solidaridad; Francisco Cordero Gene, Presidente Honorario del Centro de Amigos para la Paz; Ana C. Jiménez Arce, Presidenta de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos; Rubén Astorga Pérez, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional; Randall Otárola Madrigal, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional.”