CHAVISMO ENGAVETA CIENTOS DE DENUNCIAS POR CORRUPCION08-19-2013
Diputados, candidatos yrepresentantes de la sociedadcivil han presentado pruebascontra funcionarios
ESPECIAL DIARIO LAS AMÉRICAS
CARACAS.- En octubre del año 2012, el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Mérida, Carlos Ramos, contabilizaba más de 700 denuncias por corrupción que reposaban en los archivos del Parlamento. Durante 10 meses, con independencia de los sucesos políticos ocurridos en el país por la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez, y el consecuente proceso para elegir a su sucesor, las investigaciones no se han dado, más allá de los matices electorales y de propaganda que desde el Poder se realizan. Hace unos días la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, recientemente denunciada ante el Poder Moral por parte del diputado opositor Ismael García, señalaba que existen más de 50 fiscalías avocadas a la lucha contra la corrupción. Aunque las gacetillas que emana su despacho sólo dan cuenta de posturas políticas, de nostalgia por la ausencia de Chávez y del cuadro cerrado que el ministerio público juega con los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial, cuando se trata de revisar las actuaciones de los representantes de los sectores de oposición.
Mucho antes de que se materializara la campaña electoral por la gobernación del estado Bolívar, el diputado Andrés Velásquez, quien compitió y perdió con el chavista Francisco Rangel Gómez, denunció la malversación, el peculado de uso, el fraude con fondos públicos y el uso discrecional de los recursos del Estado. Pero sus planteamientos, recogidos en innumerables pliegos jurídicos, están engavetados.
La misma suerte corren las denuncias documentadas que presentó ante las instituciones del Estado el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, a los días de asumir su cargo, en 2004, luego del cuestionado ejercicio de Diosdado Cabello, hoy presidente de la Asamblea Nacional y con pleno respaldo de Nicolás Maduro, quien señaló la noche del pasado miércoles que no existen denuncias contra Cabello.
Un acción similar a la de Capriles fue emprendida en 2008 por el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien tomó las riendas de ese territorio tras la gestión de dos períodos de José Vicente Rangel, hijo del operador político del mismo nombre, quien por estos días ha pedido clemencia para Iván Simonovis, quizá porque su voz es escuchada por Maduro, o por su propio hijo, quien fue premiado con un viceministerio.
Pero los voceros de la oposición no solo han denunciado gestiones gubernamentales regionales. El Gobierno central ha sido objeto de estudio y denuncia por las innumerables fallas en cuanto a la administración de los recursos.
Desde mediados de 2010, la diputada al Consejo Legislativo del estado Carabobo, Neidy Rosal, inició un seguimiento a la estafa en PDVAL, filial para la distribución de alimentos de PDVSA. Hasta ocho denuncias presentó la parlamentaria, sin obtener respuestas por parte de la Fiscalía.
Años antes, la debacle financiera y la falta de resultados propiciaron una investigación legislativa nacional sobre el llamado Central Azucarero Ezequiel Zamora. Terminó con un general preso y responsabilidad administrativa para Eduardo Samán. Tras la medida, Samán fue a trabajar como colaborador directo del gobernador de Barinas, Adán Chávez, y ahora, con el gobierno de Maduro, retomó su cargo como máxima autoridad del Indepabis, el instituto que debe velar porque no se comentan injusticias contra los consumidores; pero que en los últimos meses ha sido noticia por la fragilidad de sus funcionarios a la hora de ejercer la corrupción.
Los voceros de los sectores de la oposición, además, denuncian constantemente prácticas de corrupción que resulta muy difíciles de probar, por la discrecionalidad a la hora de las decisiones, amparadas en leyes que facilitan la práctica. Tal es el caso de la infinidad de decretos de emergencia, por lluvias, por la crisis eléctrica, por el desabastecimiento y otras carencias nacionales, que permiten a los gobernantes a adjudicar obras o nombrar bienes y servicios sin licitación previa, lo que se presta a sobornos y manejos turbios.
Para la realización de la Copa América, en 2007, muchas fueron las obras que se realizaron bajo esa modalidad sin licitación, y algunas de ellas, como el estadio Agustín Tovar, de Barinas, tras una millonaria inversión para su remodelación, está sin concluir seis años después del evento.
El inventario se hace corto. Hace apenas unos días diputados aragüeños presentaron denuncias contra Rafael Isea, quien fuera ministro de Finanzas de Chávez y hasta diciembre de 2012, gobernador de Aragua, de donde salió cuestionado hasta por sus propios partidarios.
También en días más recientes, y luego de la presión moral ejercida en el país, la recién designada presidente del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, fue destituida del cargo. Betancourt, quien estuvo en el gabinete de Chávez como ministra de Comercio, al parecer está vinculada con un grupo que estafó a la nación tras la adjudicación de dólares a cambio oficial, sin que se cumplieran los fines descritos en las solicitudes. Lo anterior generó distorsiones de gran impacto en la economía nacional.
Por cierto, esas distorsiones, producto de la corrupción bestial, fueron denunciadas por Mario Silva, antiguo moderador de televisión, chavista como el que más, quien salió de la pantalla, luego de que se difundiera un audio en el que supuestamente conversa –rinde cuentas- con un agente del G2 cubano.
Las prácticas no han cambiado con la ausencia de Chávez. Quizá el método haya variado un poco. Las medidas discrecionales con las que se maneja el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) son una nueva oportunidad de corrupción administrativa, aunque con la agravante de que hay mucho menos dinero para adjudicar y robar.
Aun cuando todo este inventario reposa en los archivos de las instituciones y en la memoria de un país que parece no tenerla, hay otras variantes de corrupción que muchas veces son denunciadas ante el país, sin que se aplique ningún tipo de sanción.
El peculado de uso, modalidad de corrupción de largo alcance en Venezuela, sólo aparece como noticia cuando se avecinan procesos electorales. Un caso emblemático, que en Venezuela tiene bajo perfil, es el que se refiere a la residencia presidencial, La Casona, que es ocupada actualmente por la familia –hijas- del fallecido presidente, sin que ellas tengan razón para vivir allí.
Aun así, Maduro, Cabello, la fiscal Ortega Díaz y una lista casi interminable de diputados y funcionarios chavistas enarbolan por estos días las banderas anticorrupción, sin siquiera preocuparse por, al menos, quitarle un poco el polvo a los cientos de denuncias que tienen bajo su resguardo.
http://www.diariolasamericas.com/noticia/160272/32/chavismo-engaveta-cientos-de-denuncias-por-corrupcion