LA GUERRA DE LA SOJA ENFRENTA A DOS VISIONES POLÍTICAS DISTINTAS
Brasiguayos acaparan tierras malhabidas, violan la ley y expulsan a campesinos, acusa Ramón Fogel. Hay persecución política contra los migrantes, reclama Héctor Cristaldo. ¿Es posible la integración?
Los reiterados casos de ocupaciones de tierras de productores brasileños por parte de campesinos, en un conflicto conocido como "la guerra de la soja", obedecen a una problemática estructural, sostiene el sociólogo Ramón Fogel, autor de investigaciones sobre la cuestión agraria.

"El informe de la Comisión Verdad y Justicia sobre los crímenes de la dictadura stronista arroja que hay 7.890.000 hectáreas de tierras malhabidas que no se ha intentado recuperar. El 90 % de estas tierras está en poder de los brasiguayos", destaca.
"Además, hay 1.950.000 hectáreas que eran parte de colonias agrícolas nacionales, de las cuales los sojeros se fueron apropiando con presiones, comprándolas en abierta violación a la ley. Todo eso hay que sanear, si queremos superar estos conflictos", insiste Fogel.
PERSECUCIÓN. Desde el otro espectro ideológico, el ingeniero Héctor Cristaldo, directivo de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), considera que las ocupaciones de tierras de los brasiguayos obedecen principalmente a un plan político impulsado desde sectores cercanos al actual Gobierno.
"Es lo que vimos en el caso de Ñacunday, donde invadieron 12.000 hectáreas de colonos y del Grupo Favero, totalmente trabajadas. Allí no hay excedentes de tierras, porque es justamente una de las pocas zonas del Paraguay donde se hizo el catastro en forma. Fue una operación política, más que un problema social", refiere.
Cristaldo destaca que las organizaciones campesinas tradicionales, como la FNC, la Mcnoc o la ONAC, no avalaron lo ocurrido en Ñacunday.
"Son los mismos que en mayo de 2008, antes de que Fernando Lugo asuma como presidente, quemaron una bandera brasileña en San Pedro, declarando la guerra a los sojeros. Ahora se hacen llamar Liga Nacional de Carperos, pero es solo un membrete. En un comunicado reciente, pidieron que se expulse a todos los brasileños del Paraguay, se les quite la tierra y se anulen todos los títulos de propiedad", señala.
"No se puede manejar la cuestión agraria como una piñata, donde el que llega más rápido se adueña. Hay que ser más serios y respetar la producción, que promueve el desarrollo del país. Si quieren abolir la propiedad privada, que formen un partido político y si ganan las elecciones, les deseamos mucha suerte", ironiza Cristaldo.
MODELO EN CRISIS. Tras realizar un análisis histórico de la masiva migración brasileña, iniciada durante la dictadura de Stroessner, el sociólogo Ramón Fogel comparte sus cuestionamientos al modelo de producción agrícola empresarial que impulsan los brasiguayos.
"Se habla de que este modelo trae grandes beneficios económicos, que el Paraguay tuvo un crecimiento del 14,5 %, pero ¿beneficios para quiénes? Contradictoriamente también creció la pobreza extrema. Los beneficios van solo para un sector muy pequeño, enclavado con el Brasil", manifiesta.
"Ya tuvimos un enclave agroindustrial en el Chaco, que nos dejó pobreza, terrenos exhaustos, recursos naturales degradados. Con el modelo sojero sucederá lo mismo. Es un boom que tiene límites. En Estados Unidos hay zonas que ya están abandonando el cultivo de la soja por los efectos del glifosato", indica.
Fogel sostiene que los productores brasiguayos actualmente constituyen un poder dominante, con mucha influencia en la política paraguaya.
"Ellos están en la cúspide de la estructura de poder. Los representantes del Estado paraguayo, en casi todos los casos, siempre salen en contra de los campesinos paraguayos y a favor de los brasiguayos. Y si a un juez, como el de Ñacunday, se le ocurre revisar si Tranquilo Favero tiene legitimidad activa sobre una propiedad, lo castigan, lo suspenden", argumenta.