Las víctimas deben declarar desde el 2 de may0 La cúpula de la Iglesia decidió reabrir la investigación interna por abusos contra el cura Justo Ilarraz
Ilarraz, en juicio diocesano.
La cúpula de la Iglesia Católica argentina decidió reabrir la investigación diocesana sobre el cura Justo José Ilarraz. La notificación llegó desde el Arzobispado de Buenos Aires, y hace referencia a una actuación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de Roma. Las víctimas deben declarar el 2 de mayo en el Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, el mismo que antes había rechazado una petición para que interviniese en el juzgamiento de Ilarraz. La notificación llegó desde el Arzobispado de Buenos Aires, que dirige el cardenal Mario Poli. Y supone un tirón de orejas hacia las autoridades eclesiásticas locales, e incluso al Tribunal Interdiocesano de Santa Fe. Y es consecuencia de la presión de las víctimas del cura Justo José Ilarraz por lograr justicia en el escandaloso caso de pedofilia que salpica al Seminario Arquidiocesano de Paraná y que compromete a los tres últimos arzobispos de Paraná: Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari.

De acuerdo a lo que entienden las víctimas, en el impulso que ahora cobra la investigación eclesiástica sobre Ilarraz tiene un rol clave el arzobispo de Buenos Aires, sucesor de Jorge Bergoglio, según informó El Diario, a través de una nota firmada por el periodista Ricardo Leguizamón, especialista en temas eclesiásticos.

Cuatro de las siete víctimas que denunciaron por abusos al cura Justo José Ilarraz en la Justicia, buscaron también que en el tema se pronunciara la Iglesia. Primero pusieron al corriente al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, pero el objetivo fue Santa Fe, más precisamente el Tribunal Interdiocesano que tiene jurisdicción sobre Paraná. Pero además, elevaron un pedido de investigación sobre Ilarraz a la Nunciatura Apostólica, la representación diplomática del Vaticano en Argentina.

Las víctimas, que no fueron oídas hasta ahora por un tribunal de la Iglesia, se sentarán el próximo 2 de mayo, a las 10.15, en la sede del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe. Y como consecuencia del impulso que cobró la causa en Roma, adonde había llegado una última notificación desde Paraná en 2012.

La Iglesia tiene su propio sistema judicial, que mayoritariamente se ocupa de trámites de anulación de matrimonios. Y juzga con derecho propio y exclusivo: La cabeza máxima de ese sistema judicial es el Papa, asistido por la Signatura Apostólica, el tribunal supremo, y la Rota Romana, que recibe las apelaciones. Y en cada país, se constituyen los tribunales interdiocesanos, recordó Leguizamón.

Paraná está bajo la jurisdicción del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, que preside el arzobispo José María Arancedo, y que tiene como vicario de justicia al sacerdote Alejandro Bovero. Bovero fue, precisamente, el encargado de responderles a las cuatro víctimas, que acudieron con una presentación dos años atrás y que fueron asistidas por el abogado Milton Urrutia: les dijo que el trámite había sido rechazado.

En forma paralela, hubo gestiones ante el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, muy cercano al papa Francisco. Y la causa se activó, a pesar de la pereza del Tribunal santafesino.

El viernes llegaron las primeras citaciones desde el Arzobispado de Buenos Aires. El texto oficial dice: “En el marco de las actuaciones que se llevan a cabo en el procedimiento de referencia, por mandato del instructor cito a Ud. a prestar declaración como denunciante”, dice el texto que firma el notario, el sacerdote Matías Ezequiel Barutta.

El “procedimiento de referencia” tiene el siguiente encabezado: Congregación para la Doctrina de la Fe. Prot. Nº 305/2012”. Roma tomó conocimiento de la investigación eclesiástica en 1995, y la causa en la Justicia se abrió en 2012.

Ilarraz está procesado por la Justicia en el marco de la causa penal “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, pero antes había sido investigado por la Iglesia a raíz de las denuncias de seminaristas. Pero hasta ahora no se sabía de ninguna actuación en Roma sobre el caso.

El 5 de julio de 1995, el hoy cardenal, entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic, firmó un decreto por el que encomendó al abogado sacerdote Silvio Fariña Vaccarezza, ahora párroco de la Iglesia Catedral, “la realización de una investigación cautelosa” sobre Ilarraz a partir de las sospechas de que hubiese cometido “delitos graves” mientras integró el equipo de superiores del Seminario Arquidiocesano.

Lo hizo con una recomendación: que una vez concluida la investigación, que debía ser hecha “con el mayor sigilo”, y resuelto cómo actuar sobre Ilarraz, todas las actuaciones se guardasen “en el archivo secreto” de la Curia.

En medio, Ilarraz, que fue prefecto de disciplina en el Seminario y cuidador de adolescentes que cursaban la secundaria como pupilos y a los que luego abusó, ya había marchado a Roma. En 1993, Karlic lo había alentado a trasladarse hasta allí para cursar la Licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana.

El decreto N° 39/93 firmado por Karlic lo autorizó a ausentarse de Paraná por un período de dos años; ese permiso después se extendió hasta 1996. En medio del periplo europeo del cura, la Curia inició la investigación canónica sobre el comportamiento de Ilarraz mientras fue prefecto de disciplina en el Seminario Menor, y escuchó los testimonios de cuatro víctimas.

Concluido ese proceso interno, Karlic firmó el 18 de diciembre de 1996 un decreto sin numerar por el que prohibió al cura “venir y permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas”.

Al argumentar la medida, Karlic firma en el decreto que “con las declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor queda revelado el daño producido a personas e instituciones”. Y que “ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios de forma unánime así lo afirman”.

Ilarraz por eso buscó cobijo en la Iglesia de Tucumán, adonde siguió ejerciendo el sacerdocio, hasta 2012. Allí lo recibió el obispo de Concepción, Tucumán, Enrique Witte. El 21 de mayo de 2004 el exarzobispo de Paraná Mario Maulión firmó el decreto N° 78 por el que le otorgó la excardinación, y la posibilidad de que se mudara efectivamente a Tucumán.

En Roma tomaron nota de la causa Ilarraz por primera vez en 1995, cuando Karlic comunicó al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que tenía denuncias contra un sacerdote bajo la especie de “crimine pessimo”, la traducción al latín de la pedofilia.

El 6 de septiembre de 1995, el por entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y exsecretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, acusó recibo de toda la documentación, y le avisó a Karlic que todo había sido derivado a la Congregación para el Clero.

Desde allí le piden a Karlic el 30 de septiembre de 1995 que continúe con la investigación y “procediera en todo conforme al Derecho Canónico vigente”. La última carta enviada por Karlic está fechada el 20 de septiembre de 2002. Recién el 20 de abril de 2012, Puiggari volvió a comunicarse con Roma, y el 18 de mayo el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Luis Ladaria, respondió que había recibido la carta. El arzobispo de Paraná volvió a escribirle el 12 de julio, y le contó todo lo que, en teoría, Roma ya sabía.

Ahora, después de un largo silencio, la Iglesia parece dispuesta a reabrir y dar impulso a la investigación eclesiástica sobre el comportamiento Ilarraz, que podría concluir en su apartamiento del clero.
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