POR EL "ACOSO" DE LA JUSTICIA, LA CGT FRENA EL PACTO SOCIAL
Moyano se siente perseguido por el Gobierno y condiciona el diálogo
Luis Laugé- LA NACIÓN
El líder de la CGT, Hugo Moyano, suspendió la participación de la central sindical en las negociaciones por el pacto social, al responsabilizar al Gobierno por el "acoso judicial" contra la obra social de los camioneros en la causa de la mafia de los medicamentos. Así lo afirmaron a La Nación altas fuentes gremiales.

En un encuentro con dirigentes sindicales en Mar del Plata, el viernes pasado, Moyano dijo que tenía la sensación de que el Gobierno le "soltó la mano" al permitir el avance judicial que cada día compromete más a su esposa, Liliana Zulet, gerenciadora de la obra social de los camioneros, según las mismas fuentes.
La represalia quedó en evidencia ayer cuando la CGT volvió a dejar sin efecto la reunión del consejo directivo convocada para esta tarde. La excusa fue que "no hay avances" en el pacto social alentado por el Gobierno y que "debería ampliarse el temario y no limitarse exclusivamente a la discusión de precios y salarios". Los sindicalistas quieren que se incorporen al debate el aumento del mínimo no imponible, la fijación de un mayor tope salarial para otorgar asignaciones salariales y el reclamo del proyecto cegetista sobre participación de los trabajadores en las ganancias empresariales.
Sin embargo, el verdadero motivo de Moyano es "boicotear" el Pacto Social, de acuerdo con el término utilizado por el propio camionero durante un encuentro informal con sindicalistas aliados de la CGT, el viernes pasado, en la sede de La Bancaria en Mar del Plata.
Extrañamente verborrágico, explicó a sus pares que sentía que el Gobierno le estaba soltando la mano en la investigación de los remedios falsos y que, según el jefe de la CGT, había llegado "demasiado lejos". Moyano explicó a dirigentes de cuatro gremios, según detallaron a La Nacion fuentes sindicales, que tenía conocimiento de que esta semana el juez Claudio Bonadio podría procesar a su esposa, Liliana Zulet, al frente de la gestión de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca).
En rigor, se trataría de un llamado a indagatoria como paso previo de un posible procesamiento.
Las quejas de Moyano tuvieron eco en los asistentes, molestos por los allanamientos de 42 obras sociales, entre ellas la de los camioneros. El caso que involucra al jefe de la CGT es el que ha llegado más lejos: la semana pasada, el juez Norberto Oyarbide (otro de los magistrados a cargo de causas por fraude con remedios) procesó al proveedor de la obra social de los camioneros, Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana.
Durante el encuentro de Moyano con dirigentes de su confianza, el camionero culpó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por ser el supuesto ejecutor de la movida judicial. "Es amigo de Bonadio", deslizó el camionero, según voceros sindicales.
Después de esa reunión, Moyano pidió reunirse con Cristina Kirchner -que participaba de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes-, pero la jefa del Estado respondió que no tenía tiempo, según pudo saber este diario.
Alerta por la inflación
Horas antes, Moyano había enviado un mensaje al Gobierno con declaraciones que más le duelen a la administración kirchnerista: dijo que el Gobierno estaba haciendo "un esfuerzo" para controlar la inflación, pero que "a lo mejor no alcanza". En forma simultánea, algunos de sus aliados alertaron sobre aumentos de precios y se mostraron preocupados por un eventual "descontrol inflacionario".
Por ejemplo, el secretario general de la UOM, Antonio Caló, dijo que los diferentes sectores de la economía debían "hacer lo imposible para que la inflación bajara a un dígito", y sentenció que "la inflación perjudica a todos".
El secretario general del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, también hizo un llamado de atención, al decir: "La CGT comparte con la sociedad la preocupación de que haya una espiral inflacionaria". Y aunque agregó que no se está frente a eso, "hay una tensión permanente y modificación de precios que atentan contra el poder adquisitivo".
Fueron mensajes claros de disconformidad, como los que provinieron de los responsables de las obras sociales allanadas por Oyarbide. La mayoría de ellas se quejan por la espectacularidad y la repercusión negativa que tiene la ofensiva judicial.
Entre las entidades investigadas, figuran las obras sociales de la UOM, aeronavegantes, lotería, portuarios, petroquímicos, telepostales, docentes, gráficos, prensa, del cuero y de la carne, además de la de camioneros.
Uno de los dirigentes que alzó la voz contra esos allanamientos fue el titular del Sindicato Argentino de Televisión, Horacio Arreceygor. "No tenemos nada que ocultar, pero ese espectacular procedimiento contra tantas obras sociales nos pone injustamente a todos bajo sospecha", sostuvo.
Mientras la CGT se aleja del Pacto Social para presionar al Gobierno por las sospechas judiciales, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Enrique Deibe, subrayó que hay "buenas posibilidades" de avanzar con un acuerdo entre el Estado, los sindicatos y las empresas para debatir salarios y precios. Las gestiones oficiales estarán a cargo del titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Anoche, Moyano expuso su poder en el PJ bonaerense durante una reunión en la residencia del gobernador Daniel Scioli (ver Pág. 11). En ella, el Gobierno le facilitó el camino para evitar una disputa interminable con los intendentes, dueños del peronismo territorial.
"Moyano se creía que se llevaba todo por delante y se encuentra frente a un gobierno fortalecido bajo la conducción de Cristina Kirchner", soltó con maldad un sindicalista enrolado en el grupo de los "Gordos", enfrentado al líder camionero.
La CGT condiciona la negociación por el pacto social al freno de las causas judiciales
Liliana Zulet, la esposa de Moyano, está en el centro de la causa de los remedios truchos
Boicot fue el término usado por Moyano en una reunión sindical en Mar del Plata

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