UN JUICIO QUE REVELA LA CORRUPCIÓN EN LA FEDERAL23 de septiembre de 2012
En un proceso contra nueve oficiales, las escuchas telefónicas muestran cómo los policías extorsionaban a comerciantes y actuaban en complicidad con delincuentes. El diccionario de la jerga de los poliladron.
Por Sergio Farella
Según la instrucción, los efectivos “amparaban y liberaban la zona a delincuentes, pedían dinero a cambio de no concretar pedidos de captura, exigían una renta mensual a los comerciantes para evitar ser robados, y hasta cobraban por horas extras de servicio trabajadas que se comprobó nunca se hacían.
El debate, que promete develar el aparato recaudador de la Policía Federal, arranca en medio del escándalo por actos de corrupción que llevó a la ministra de Seguridad Nilda Garré a separar de sus cargos a otros diez efectivos que están siendo investigados.
Los policías –entre ellos el jefe de la comisaría 49ª– están presos desde el 2010, y serán juzgados por el Tribunal Oral Federal Nº 6, acusados de varios delitos cometidos entre el 14 de enero de 2008 y el 3 de febrero de 2009, fecha en la que el comisario y principal acusado, José Antonio Carranza, estuvo al frente de la seccional de Saavedra.
Las “quintas”, las “paradas fantasmas”, “habilitaciones”, y los “cortes de boleto”, son parte de los hechos que se les endilgan, además, a los policías Fernando Echagüe y Horacio Ponce (suboficiales); Cristian Pavón y Gabriel Bellusci (subinspectores); Carlos Marcos (suboficial); Luis González y Jorge Altuna (sargentos) y el cabo 1º Cristian Ochoa.
En la investigación, que encaró el fiscal José María Campagnoli, se comprobó que la cúpula de la seccional cobraba una comisión que iba de entre 1.500 y 3 mil pesos mensuales a comerciantes para darles protección. Son 29 los comercios que, se demostró, pagaban para no ser robados, desde supermercados hasta un depósito de Ricky Sarkany, y locales de comida.
Las “paradas fantasmas” eran porque en “el esquema estructurado por el comisario Carranza y el subcomisario Echagüe” se pasaban horas extras de servicio prevencional “cuando en verdad permanecían dentro de la comisaría o se encontraban directamente fuera de servicio”.
La acusación, que en el juicio estará a cargo de los fiscales Daniel Pablovksy y Fernando Fiszer, es que originaron “en perjuicio a los intereses de la Policía Federal, el pago
de fondos por servicios no prestados”.
El otro “rubro” era el de “habilitaciones” y consistía en cobrar coimas para permitir el funcionamiento de actividades ilícitas, en su mayoría consistían en puestos de venta de cd’s truchos o fijar lugares de estacionamiento de vehículos arancelados en inmediaciones al Dot.
La sorpresa no termina ahí. También se acusa a policías de “liberar” zonas en las que “mecheras” robaban ropas y objetos, y en algunos casos, a cambio que les entregasen lo robado. Asimismo, la acusación es por hacer la vista gorda ante personas con pedidos de secuestro, tal es el caso de un conductor con pedido de captura que fue sorprendido en un control policial, y que siguió su camino luego de acordar con su abogado mediante, el pago de una suma de dinero y cuya negociación quedó plasmada en las escuchas.
“¿A tu jefe le gustarían lentes de sol de unos de 500 o 600 (pesos)?”, le preguntó Estela cuando ingresaba al Dot Baires Shopping, a lo que el suboficial le aclaró que su superior “usa medio oscuros”, y le prometió: “Si pasa algo, yo me voy para allá y evito que te lleven”. Esa conversación refleja, en parte, cómo era el modus operandi de la organización poliladron que se desbarató tras la denuncia que hizo un sargento de la Federal.
Luego, las escuchas hablaban por sí solas, más los testimonios volcados en contra de los efectivos determinaron que en 2009 queden presos por asociación ilícita, cohecho y defraudación a la administración pública, por lo que afrontan una pena de hasta diez años de cárcel.
Estiman que el juicio tendrá veredicto en un mes. Por lo pronto, y en los últimos días, el TOF6 resolvió prorrogar la prisión preventiva de los nueve policías, detenidos en Marcos Paz.
El juicio ameritó un exclusivo interés de la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien en persona decidió nombrar como fiscal de juicio a Pablovsky (más Fiszer como coayudante), ya que quien lo tenía a su cargo era Sabrina Namer, hoy representante del Ministerio Público Fiscal en el debate por supuestos sobornos en el Senado durante la Alianza.
http://www.perfil.com/ediciones/2012/9/edicion_713/contenidos/noticia_0046.html