PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA TERMINAR CON EL DESTIERRO EN CHILESantiago 06 de Enero 2012
Diario El Ciudadano
Un grupo de diputados, -entre ellos Sergio Aguiló (Independiente), Tucapel Jiménez (Partido por la Democracia PPD), Gabriel Ascencio (Demócrata Cristiano DC), Sergio Ojeda (DC) y Hugo Gutiérrez (Partido Comunista PC)-, presentaron un proyecto de ley que elimina las penas de destierro en el Código Penal el miércoles 4 de diciembre, recién pasado.
Dicho proyecto consta de 12 enmiendas que suprimen las penas de extrañamiento y confinamiento, sentencias cuestionadas por tratados internacionales de los que forma parte Chile, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual explícita su derogación por ser considerada una pena inhumana, porque no sólo condena a los individuos sino a sus familiares y seres queridos.
Además, en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se específica: “Otras restricciones de la libertad de movimiento, como el destierro a una isla o a cierta zona de un país, los toques de queda, la expulsión de un país o la prohibición de abandonar un país, no constituyen injerencia con la libertad personal, aunque pueden violar otros derechos humanos, como la libertad de circulación o de residencia”.
Junto a los parlamentarios se encontraba Hugo Marchant, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue invitado por el diputado Aguilo a la sede deo Congreso, y quien está cumpliendo una pena de extrañamiento hace 19 años y todavía debe seguir pagándola por seis más. El ex mirista, quien está en Chile sólo por 15 días luego de un engorroso proceso judicial que le costó dos negativas de paso al país en los primeros días de diciembre pasado.
El primer intento de entrada fue negado por la pena de extrañamiento que cumple. Luego en un nuevo intento por ingresar, el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones Joaquín Billard le había concedido un permiso de 15 días por razones humanitarias -para reunirse con su hija-. Sin embargo, el Comisario Luis Aguilar, funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), -organización que lo mantuvo retenido y lo devolvió nuevamente- expresó que habían recibido un oficio del Ministerio de Justicia, “con visto bueno del Presidente de la República”. Esto llevó a que los abogados Alejandra Arriaza y Alberto Espinoza presentaran un recurso de amparo ante la Corte Suprema, que luego de 27 días le dio la autorización a Marchant para ingresar al país.
Cuando llegó –al fin- a Chile expresó que esta no es sólo una lucha por “estar con la familia o una demanda por reencontrarme con la cultura. Esto es una demanda por el derecho que tengo de vivir y de luchar en mi país. Y no es sólo mi caso el que se debe resolver, sino el de todos los luchadores que hoy no pueden entrar a Chile”.
Marchant cumple condena por haber sido considerado culpable de la muerte del ex intendente de Santiago y ex general de Ejército Carol Urzúa, en 1983-en plena Dictadura-, cuando un comando del MIR atacó al funcionario de la dictadura.
Hugo Marchant junto a su familia, el primer día que pisó la Alameda, luego de 28 años. / FOTO: César Baeza Hidalgo
DIPUTADOS UDI CONDENAN PRESENCIA DE MARCHANT
La presencia de Hugo Marchant en el Congreso fue repudiada por dos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI): María Angélica Cristi y Cristián Letelier.
Cristi, quien fue entrevistada por El Mostrador tildó de terrorista a Marchant y expresó que la situación fue “muy grave y dolorosa, ya que fue él quien asesinó a Carol Urzúa y sus escoltas. Él fue parte de graves trasgresiones a los derechos humanos y partícipe de actos terroristas”, agregó Cristi, quien había trabajado con el ex intendente en tiempos de dictadura.
Letelier, por su parte, indicó que el “respeto a las instituciones parte – entre otras – por cuidar quienes ingresan a ellas. Hoy en la Cámara de Diputados, la institución más democrática del país, tenemos la presencia de personas que han participado de hechos de sangre gravísimos; Eso no puede suceder”.
El cuestionado Marchant al ser consultado por uno de los periodistas presentes si era culpable de lo que se le acusa, contestó: “Yo fui y seré siempre un resistente contra el terrorismo de Estado”.
Luego, la misma Cristi, relativizó sus declaraciones, dando a entender que desde la UDI estarían dispuestos a revisar el proyecto de Ley siempre y cuando también se revisaran los procesos de militares condenados por crímenes de lesa humanidad y que fueron operarios del terrorismo de Estado, quienes, según la diputada, “lucharon contra el terrorismo”.
Ayer -jueves 5 de enero- se estudiaba una acusación por parte de las bancadas de la UDI y Renovación Nacional en contra de los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que invitaron a Marchant al Congreso, Sergio Aguiló (Ind.) y Hugo Gutiérrez (PC), por considerar que no se puede aceptar que un “asesino”, como lo calificaron, se pasee por el Congreso y ofrezca una conferencia de prensa desde la sede del legislativo.
Lo que no consideran los diputados de la derecha, es que Marchant fue condenado en un juicio que no respetó las normas del debido proceso, dado que lo juzgó un tribunal militar y además se aceptaron testimonios obtenidos bajo tortura como prueba para su condena, lo cual consta en el informe Sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, y el Estado asumió esa responsabilidad. En el caso del Hugo Marchant, así como en el de los otros 32 prisioneros políticos de la dictadura que fueron condenados al destierro bajo el gobierno de Patricio Aylwin, hay un doble estándar por parte del Estado, dado que por un lado se les trata de resarcir por las violaciones de derechos humanos de que fueron objeto desde su detención y en los juicios; y por otro lado se les mantiene un castigo que se les impuso en esos mismos juicios.
Por Estefani Carrasco Rivera
Además, en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se específica: “Otras restricciones de la libertad de movimiento, como el destierro a una isla o a cierta zona de un país, los toques de queda, la expulsión de un país o la prohibición de abandonar un país, no constituyen injerencia con la libertad personal, aunque pueden violar otros derechos humanos, como la libertad de circulación o de residencia”.
Junto a los parlamentarios se encontraba Hugo Marchant, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue invitado por el diputado Aguilo a la sede deo Congreso, y quien está cumpliendo una pena de extrañamiento hace 19 años y todavía debe seguir pagándola por seis más. El ex mirista, quien está en Chile sólo por 15 días luego de un engorroso proceso judicial que le costó dos negativas de paso al país en los primeros días de diciembre pasado.
El primer intento de entrada fue negado por la pena de extrañamiento que cumple. Luego en un nuevo intento por ingresar, el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones Joaquín Billard le había concedido un permiso de 15 días por razones humanitarias -para reunirse con su hija-. Sin embargo, el Comisario Luis Aguilar, funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), -organización que lo mantuvo retenido y lo devolvió nuevamente- expresó que habían recibido un oficio del Ministerio de Justicia, “con visto bueno del Presidente de la República”. Esto llevó a que los abogados Alejandra Arriaza y Alberto Espinoza presentaran un recurso de amparo ante la Corte Suprema, que luego de 27 días le dio la autorización a Marchant para ingresar al país.
Cuando llegó –al fin- a Chile expresó que esta no es sólo una lucha por “estar con la familia o una demanda por reencontrarme con la cultura. Esto es una demanda por el derecho que tengo de vivir y de luchar en mi país. Y no es sólo mi caso el que se debe resolver, sino el de todos los luchadores que hoy no pueden entrar a Chile”.
Marchant cumple condena por haber sido considerado culpable de la muerte del ex intendente de Santiago y ex general de Ejército Carol Urzúa, en 1983-en plena Dictadura-, cuando un comando del MIR atacó al funcionario de la dictadura.
Hugo Marchant junto a su familia, el primer día que pisó la Alameda, luego de 28 años. / FOTO: César Baeza Hidalgo
DIPUTADOS UDI CONDENAN PRESENCIA DE MARCHANT
La presencia de Hugo Marchant en el Congreso fue repudiada por dos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI): María Angélica Cristi y Cristián Letelier.
Cristi, quien fue entrevistada por El Mostrador tildó de terrorista a Marchant y expresó que la situación fue “muy grave y dolorosa, ya que fue él quien asesinó a Carol Urzúa y sus escoltas. Él fue parte de graves trasgresiones a los derechos humanos y partícipe de actos terroristas”, agregó Cristi, quien había trabajado con el ex intendente en tiempos de dictadura.
Letelier, por su parte, indicó que el “respeto a las instituciones parte – entre otras – por cuidar quienes ingresan a ellas. Hoy en la Cámara de Diputados, la institución más democrática del país, tenemos la presencia de personas que han participado de hechos de sangre gravísimos; Eso no puede suceder”.
El cuestionado Marchant al ser consultado por uno de los periodistas presentes si era culpable de lo que se le acusa, contestó: “Yo fui y seré siempre un resistente contra el terrorismo de Estado”.
Luego, la misma Cristi, relativizó sus declaraciones, dando a entender que desde la UDI estarían dispuestos a revisar el proyecto de Ley siempre y cuando también se revisaran los procesos de militares condenados por crímenes de lesa humanidad y que fueron operarios del terrorismo de Estado, quienes, según la diputada, “lucharon contra el terrorismo”.
Ayer -jueves 5 de enero- se estudiaba una acusación por parte de las bancadas de la UDI y Renovación Nacional en contra de los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que invitaron a Marchant al Congreso, Sergio Aguiló (Ind.) y Hugo Gutiérrez (PC), por considerar que no se puede aceptar que un “asesino”, como lo calificaron, se pasee por el Congreso y ofrezca una conferencia de prensa desde la sede del legislativo.
Lo que no consideran los diputados de la derecha, es que Marchant fue condenado en un juicio que no respetó las normas del debido proceso, dado que lo juzgó un tribunal militar y además se aceptaron testimonios obtenidos bajo tortura como prueba para su condena, lo cual consta en el informe Sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, y el Estado asumió esa responsabilidad. En el caso del Hugo Marchant, así como en el de los otros 32 prisioneros políticos de la dictadura que fueron condenados al destierro bajo el gobierno de Patricio Aylwin, hay un doble estándar por parte del Estado, dado que por un lado se les trata de resarcir por las violaciones de derechos humanos de que fueron objeto desde su detención y en los juicios; y por otro lado se les mantiene un castigo que se les impuso en esos mismos juicios.
Por Estefani Carrasco Rivera