CENTROAMERICA: PARAISO IDEAL PARA EL CRIMEN ORGANIZADO
Roberto Cajina
   martes, 22 de noviembre de 2011    
Funcionarios de las agencias gubernamentales de Estados Unidos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, se reúnen cada año para evaluar el estado de ese delito en 200 países alrededor del mundo. Entre las áreas que someten a escrutinio figuran: el volumen de las transacciones en las instituciones financieras de cada país, incluyendo aquellas cuyos fondos provienen de delitos graves; pasos que se han dado para hacer frente al lavado de dinero y delitos financieros; vulnerabilidades al lavado de dinero; adecuación de sus leyes y políticas a estándares internacionales; efectividad con que los gobiernos han actuado; y la voluntad política de éstos para tomar las medidas necesarias para enfrentar ese delito.

En el volumen II del Informe de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2011, del Departamento de Estado, los países son clasificados en tres categorías, según la gravedad o complejidad de la situación: Jurisdicciones de Gran Preocupación, Jurisdicciones de Preocupación y Otras Jurisdicciones Monitoreadas. La primera corresponde a los "Grandes Lavadores de Dinero", es decir, aquellos "cuyas instituciones financieras están involucradas en transacciones de considerables cantidades dinero proveniente del tráfico internacional de narcóticos".
La segunda y la tercera prácticamente comprenden al resto de países, y en ellas se considera, por ejemplo, si sus instituciones financieras se comprometen en transacciones de importantes cantidades de dinero proveniente de delitos graves; hasta dónde son o se mantienen vulnerables al lavado de dinero, a pesar de sus medidas contra este delito, si es que acaso las tiene y toma; la naturaleza y amplitud de la situación del lavado de dinero en esos países; las formas en que el gobierno estadounidense considera la situación si tiene ramificaciones internacionales; el impacto en los intereses de Estados Unidos; si los países ha tomado las acciones legislativas adecuadas para enfrentar problemas específicos; si se otorgan licencias de operación a y supervisan centros financieros de ultramar; si las leyes son implementadas efectivamente; si los intereses de Estados Unidos están involucrados; y el grado de cooperación con otros gobiernos, incluyendo el estadounidense. La tercera, "Otras Jurisdicciones Monitoreadas", comprende a los países que prácticamente no plantean una preocupación inmediata.
El Informe identifica 64 países, entre ellos: Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, España, Rusia, Hong Kong y Japón, como "Grandes Lavadores de Dinero". De esos 64, cinco son de Sudamérica: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; uno de América del Norte: México; cuatro de Centroamérica: Belice, Costa Rica, Guatemala y Panamá; y cinco del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Haití, Islas Caimán y República Dominicana. De América Central quedan fuera: El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Por su posición geográfica y debilidades institucionales, Centroamérica es un paraíso ideal para cualquier agrupación del crimen transnacional organizado. Los siete países del istmo tienen importantes rasgos comunes, entre ellos: todos son puente de paso de las drogas que transitan -por aire, mar y tierra- del Sur productor al Norte consumidor; sus recursos son limitados; sus fuerzas navales y aéreas no son suficientes ni están debidamente dotadas de los medios adecuados; sus lineras costeras son extensas y precariamente vigiladas; tienen amplias zonas rurales con relativamente poca presencia policial; sus sistemas financieros son vulnerables al lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas; sus unidades de inteligencia financiera carecen de recursos suficientes y personal cualificado; y sus leyes de la materia presentan vacíos y debilidades; sus agencias de aplicación de la ley acusan notorias fragilidades; y sus sistemas judiciales son endebles y proclives a la corrupción.
Pero también tienen notables diferencias; por ejemplo, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua no son grandes centros financieros, pero los dos primeros y Panamá sí son importantes centros financieros de ultramar (offshore), no así Honduras y Nicaragua.
Prácticamente en todos los países de Centroamérica el dinero que se lava proviene del tráfico internacional de narcóticos, sustancias sicotrópicas y precursores químicos, aunque también hay otras fuentes, cuya importancia varía de país a país: tráfico de armas y de personas; zonas de libre comercio; fraude; corrupción; operaciones financieras de ultramar; remesas a través de servicios sin licencia de operación y que funcionan fuera de los sistemas financieros nacionales (hawalas); contrabando; evasión de impuestos; robo de vehículos, operaciones de bienes raíces (compra de propiedades a nombre de terceras personas); y apuestas ilegales de todo tipo a través de la Internet. En Costa Rica, por ejemplo, hay más de 250 compañías de ese tipo registradas cuyas transacciones superan los US$ 12.000 millones anuales y emplean a más de 10.000 personas).
El 30 de julio de 2005, cuatro de los siete países -Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua- suscribieron en Tegucigalpa, Honduras, el "Acuerdo Regional de Procedimientos Migratorios CA-4 para la Extensión de la Visa Única Centroamericana", conocido como "CA-4". Según el Departamento de Estado, este convenio, que permite el libre movimiento transfronterizo de los ciudadanos de esos países, sin controles migratorios ni aduaneros, representa un factor de vulnerabilidad para el contrabando y dinero ilícito proveniente del crimen transnacional organizado.
Pero Washington tiene además una preocupación adicional, que va más allá del impacto que el lavado de dinero tiene en los sistemas financieros de las naciones centroamericanas en particular y en general de los 200 países investigados: el lavado de dinero para financiar al terrorismo. Obviamente que ese desasosiego de Estados Unidos es mayor en países en los que se mueven millonarias cantidades de dinero que pueden evadir los controles de los sistemas financieros nacionales, pero aún así, los de América Central no quedan exentos de sospecha.
Dos de los siete estados centroamericanos -Costa Rica y Nicaragua- aparecen en el radar del binomio lavado de dinero-terrorismo de Washington. El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2011, señala, para Costa Rica, el riesgo que significan los negocios no regulados, como las apuestas vía Internet, por ejemplo, para el lavado de dinero destinado al financiamiento del terrorismo; que también puede darse a través de las instituciones financieras del sector, en las zonas francas y las operaciones fuera del sistema financiero nacional.
Respecto a Nicaragua, el Informe señala que "se sospecha que el lavado de dinero ocurre a través de mecanismos tradicionales, como los negocios legales" y que "las leyes aprobadas para criminalizar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo carecen de la fuerza suficiente debido a la debilidad de los mecanismos de aplicación y a la corrupción en el sistema judicial".
El Informe deja claro que el lavado de dinero es visto por Washington a través de un lente "bifocal": el de la transparencia de los sistemas financieros nacionales de los países bajo escrutinio, y su impacto en la calidad de la democracia, y el del vínculo entre esos delitos y el terrorismo, mucho más importante que el primero para los intereses nacionales y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Roberto Cajina, consultor civil de Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática.
Miembro de la Junta Directiva de RESDAL.