URUGUAY: PROCESARON A DOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE PEPE MUJICA POR EL CASO PLUNA
La Nacion / MONTEVIDEO. En un fallo sin precedentes en la historia uruguaya, la Justicia procesó hoy a dos funcionarios del gobierno de José Mujica , por considerar que cometieron "abuso de funciones" en las gestiones para dar aval bancario estatal -de forma irregular- a una supuesta empresa española que aparecía comprando siete aviones de la ex Pluna.
Los procesados son el ex ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo (que había renunciado en diciembre cuando se conoció el pedido de fiscal en este sentido) y al presidente del banco más grande del país, el estatal Banco de la República (BROU), Fernando Calloia. La titular del Juzgado del Crimen Organizado, la magistrada Adriana de los Santos, tomó la decisión cerca del mediodía. El fiscal Juan Gómez había sostenido que ambos funcionarios habían cometido "verdaderos actos arbitrarios".

Por este caso, ya habían sido procesados con prisión los tres argentinos que lideraban el grupo que operaba Pluna: Matías Campiani , Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde.

Lorenzo es un economista de 53 años que fue investigador y consultor privado hasta 2005 cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y Astori lo llevó a su ministerio para que se hiciera cargo de la programación macroeconómica. Cuando Mujica llegó a la Presidencia, entregó la gestión de economía a su vice, Astori, y éste eligió a Lorenzo como ministro.

En la corriente que lidera Astori, veían a Lorenzo como posible candidato a jefe de gobierno de Montevideo para las elecciones de 2015.

Calloia es un economista de 62 años que ingresó al banco estatal con el cargo de auxiliar y en su carrera llegó a la gerencia de créditos, hasta que fue nombrado presidente en 2005 cuando la izquierda llegó al gobierno.

La fiscalía había expresado en su vista, que Lorenzo y Calloia habían actuado políticamente para dar garantía bancaria a una empresa española en la subasta de aviones de la ex Pluna.

La empresa ni pagó los US$ 137 millones que prometió por los aviones, ni la garantía de US$ 13,7 milllones, ni la comisión de los rematadores.

El BROU entendió que el dueño de Buquebus y la aerolínea BQB, Juan Carlos López Mena, era el operador del caso y debía hacerse cargo de la garantía. López Mena aceptó asumir la deuda y comenzó a pagar cuotas en base a un contrato, en el que incluyó una cláusula que sostenía que si la ley de la subasta caía, no pagaría más. Y eso pasó, porque la Justicia uruguaya derribó la ley que habilitó aquel curioso proceso, por considerar que era inconstitucional.

López Mena dejó de pagar y reclama que le devuelvan las dos cuotas ya abonadas.

EL CASO PLUNA La aerolínea había nacido en los años treinta como compañía privada, pero pasó a ser una empresa público en 1951: "Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea".

En 1995, el gobierno de Luis Alberto Lacalle decidió privatizarla parcialmente, y la brasileña Varig ganó el llamado y se hizo cargo de la Pluna S.A. Pero esa empresa quebró en 2006 y Pluna volvió a ser absorbida temporalmente por el Estado.

El gobierno de Tabaré Vázquez la privatizó de nuevo, en este caso con una asociación con el grupo "LeadGate" -conducido por el argentino Matías Campiani- que se quedó con el 75%.

Pluna se recuperó con un plan regional, pero tuvo restricciones para entrar al mercado argentino, lo que fue una golpe a su plan de vuelos y una amenaza a sus finanzas.

Necesidades de capitalización, enredos en las negociaciones, denuncias penales de la oposición, y amenazas de juicios desde Brasil por ecos del caso Varig, derivaron en un laberinto de crisis, sin salida.

En junio de 2012, el argentino Campiani anunció el retiro de LeadGate del negocio, y el gobierno de Mujica decidió -dos semanas después, cerrar Pluna y liquidarla.

El Ministerio de Economía armó una fórmula jurídica y política con tres objetivos: mantener la conectividad aérea para el país, salvar la fuente de trabajo de centenares de trabajadores, y recuperar dinero puesto por el Estado con la venta de los aviones.

Para ese plan, el Frente Amplio votó en el invierno de 2012, una ley que cambió el orden de los acreedores y dejó al Estado en el primer lugar de cobro, para hacerse de los aviones.

Con esas naves hizo una subasta pública que terminó en un sainete. Apareció un supuesto operador español, Antonio Sánchez, representando a una aerolínea europea "Cosmo" que fue el único ofertante y se "quedó" con el remate. El oficialismo celebró eso.

Para que se presentara al remate, la garantía que precisaba la consiguió del estatal Banco República, que la concedió en tiempo record. Eso fue porque el entonces ministro Fernando Lorenzo pidió al presidente del banco, Fernando Calloia, que diera ese aval.

Pero días después, el "comprador" no pagó, y se supo que se había presentado con segundo nombre y segundo apellido, y que en realidad era el mismo Hernán Antonio Calvo Sánchez, que representaba en España al grupo Buquebus. "Cosmo" aclaró que no iba a contratar a los ex trabajadores de Pluna, ni a abrir una aerolínea en Uruguay.

Acreedores postergados por esa ley, la recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia, y el Poder Judicial sentenció que esa norma que había habilitado la subasta, era inconstitucional. los aviones siguen parados y las deudas crecen.

En la Justicia, la denuncia que habían hecho varios senadores del opositor Partido Nacional, siguió su curso y el fiscal Juan Gómez se pronunció el 22 de diciembre.

El fiscal pidió procesamiento con prisión a los tres empresarios argentinos que lideraban el grupo que operaba Pluna, por el delito de estafa, a su ex presidente Matías Campiani y dos ex gerentes de Pluna (Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde).

La jueza De los Santos mandó a la cárcel a los tres argentinos.

Pidió juicio político al ministro de Economía, Lorenzo, para quitarle sus fueros y procesarlo, y procesamiento sin prisión al presidente del BROU. Calloia decidió seguir al frente del banco.

Aquella vez, la jueza también procesó al escribano que elaboró el acta del remate, Pablo Seitún, porque en ese documento incluyó hechos que no habían ocurrido.

Lorenzo evitó el juicio en el Parlamento mediante su renuncia al cargo, y por lo tanto a sus fueros.

Por recursos de la defensa de los dos funcioanrios públicos, esa parte quedó en suspenso hasta hoy, cuando se pronunció la jueza. .  
http://www.entornointeligente.com/articulo/2307736/ARGENTINA-Uruguay-procesaron-a-dos-funcionarios-del-gobierno-de-Pepe-Mujica-por-el-caso-Pluna-04042014