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AMNISTÍA INTERNACIONAL RELEVÓ LAS AGRESIONES Y AMENAZAS A PERIODISTAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE CUENTAS IDENTIFICADAS CON EL GOBIERNO

Ciberataques a los que critican a Cambiemos

Amnistía Internacional (AI) realizó el primer relevamiento de los ataques que sufren en las redes sociales periodistas y defensores de derechos humanos al expresar alguna crítica al Gobierno. “El ataque a posiciones críticas amenaza la libre circulación de información, ideas y opiniones y viola la libertad de expresión, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La organización internacional de derechos humanos realizó un relevamiento del comportamiento de estas agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado y concluyó que éste se produce desde cuentas identificadas con el gobierno de Cambiemos y que se trata de una acción coordinada que se despliega cuando aparecen comentarios reprobatorios sobre acciones de gobierno o funcionarios.

“El modus operandi de los ciberataques contra periodistas y defensores de derechos humanos evidencia regularidades: la coordinación --temporal y temática-- se realiza mediante la participación de algún guía o figura autorizada por su relevencia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como habilitadoras de un entorno discursivo en el que luego se produce un ataque serial. En la primera etapa se definen los contornos de ´lo posible´ en el marco del futuro embate”, señala AI en el informe en el que participaron Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget. “El segundo momento (ataque serial) no expone --aunque hay excepciones-- a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas”.

Para este trabajo, AI analizó las cuentas de Twitter de varios periodistas, entre ellos, Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O´Donnell y Reynaldo Sietecase, la que corresponde a la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel y las menciones a la vocera de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, quien, si bien no posee cuenta personal en esa red social, fue objeto de una campaña de fakenews (información falsa).

En el caso de Belski el ataque se produjo luego de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de Amnistía. Los siete días posteriores hubo en Twitter un pico de menciones a la vocera de AI en las que se le adjudicaba haber trabajado con la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Cabó, algo que era falso. “Este pico de menciones está vinculado a una acción coordinada desde cuentas falsas para generar algún efecto en la conversación. La intención de esta acción coordinada fue generar un efecto negativo sobre la figura de Belski y conforme el análisis del caso se muestra que fue impulsada por usuarios con identificación directa con el gobierno”, señala en informe de AI, que muestra que la información surgió de dos cuentas que sembraron un contenido que fue retweeteado sistemáticamente sin lograr generar una conversación orgánica significativa.

Entre las conclusiones, AI afirma que aunque con la información disponible no es posible identificar las fuentes en que se originan los ataques, sí se pudo detectar “una alta actividad de cibertropas vinculadas discursivamente al gobierno nacional que tenían como objetivo atacar o deslegitimar el discurso de periodistas o referentes de derechos humanos. En ese sentido, exhortó tanto al Estado como a las empresas de redes sociales a “fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia, dar respuesta a los usuarios ante comportamientos abusivos y generar normas de uso claras y transparentes”. Y señaló que el Gobierno y el resto de las formaciones políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos.