3/4/11
VIOLENCIA POLICIAL EN EL BARRIO DE LA COMUNIDAD QOM DE ROUILLÓN Y MARADONA
Comenzó con una intervención de dos agentes del Comando Radioeléctrico contra cuatro jóvenes en una esquina, y siguió con la presencia de 50 efectivos que entraron en viviendas. Pegaron, dispararon y llevaron detenidos.
En la mañana lluviosa del domingo, policías del Comando Radioeléctrico comenzaron a golpear a cuatro chicos que estaban charlando en una esquina de Garzón y Aborígenes Argentinos, en el barrio de la comunidad qom de Rouillón y Maradona. "Lacras", "tobas", les gritaban mientras les pegaban y hasta disparaban. Miriam estaba dentro de su casa con su hijo de tres años, mientras parte de su familia permanecía en el patio. En un momento, sintió que tiraban la chapa de la puerta de entrada, y los efectivos policiales ingresaban en su domicilio, sin ninguna orden. Golpearon a su marido. Lo escuchó rogar que no le lastimaran el pie que tenía quebrado, en vano. También vio cómo destrozaban su casa, y se llevaban cuchillos de cocina arguyendo que eran "armas". En pocos minutos, llegaron unos 50 efectivos de refuerzo, y la violencia hacia los habitantes del barrio se generalizó. Hubo detenciones, pero el traslado hasta la comisaría 19 demoró más de la cuenta: en el trayecto, los aprehendidos fueron golpeados. Incluso, uno de los chicos -de 14 años- fue castigado y luego abandonado en un descampado y pasó el día en el hospital Carrasco, junto a Ruperta Pérez, una de las referentes de la zona. "Esto es violencia institucional y no puede volver a ocurrir", dijo Ruperta. El médico policial ni siquiera constató las lesiones, y por eso el fiscal Gustavo Ponce Ashad le inició actuaciones. Después de escuchar los testimonios, el funcionario judicial liberó por la noche a todos los detenidos. También inició actuaciones al personal policial por las irregularidades.
Ponce Ashad subrayó ayer a la noche que la comisaría 19 aún no había elevado las actuaciones que él requirió para media tarde, y reflejó que existen dos versiones contrapuestas: la de los vecinos -que describen una violenta irrupción en el barrio- y la de la policía, que se escuda en la persecución de un prófugo y un supuesto tumulto que les habría impedido actuar. Ponce Ashad tenía a su cargo la situación procesal de los 14 demorados -12 varones y dos mujeres- y constató que tenían golpes. Por eso, inició actuaciones contra el médico policial que había firmado todas las revisaciones a la misma hora, sin consignar las heridas de cada una de las personas alojadas en la comisaría 19.
Hoy habrá una reunión a las 18 en La Toma y el martes a la mañana habrá una mesa barrial en el barrio donde ocurrieron los hechos. "Todo es muy grave. Además de los apremios ilegales, la violación a la propiedad privada, todo lo que sucedió, en la comisaría, tanto los aprehendidos como sus familiares estuvieron bajo la lluvia, a la intemperie, todo el tiempo, porque la parte transitoria no está techada", relató Mario López, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. "El médico policial me dijo a mí y dejó constancia de que había heridas leves, pero los familiares nos describieron que agarraban palos de amasar y botellas y les pegaban con eso. Hubo insultos y palabras agraviantes, y también disparos, como el caso del nenito al que dejaron tirado en el medio del campo", agregó. Se trata de Javier, que debió ser internado.
El fiscal tomó las riendas al mediodía. "El procedimiento ocurrió a las 8.30, a mí me lo comunicaron minutos después de las 11 de la mañana, en el que intervino el Comando Radioeléctrico. Según se me dio cuenta al inicio se trató de un procedimiento de rutina, vieron a cuatro personas que estaban tomando algo en la calle Garzón casi Aborígenes, esto es el barrio de una comunidad originaria, el barrio toba, pararon para identificarlos, según la versión policial, eran cuatro personas, intervino una quinta persona y la policía refiere que a partir de allí hubo una serie de tumultos tendientes a evitar que se individualizara o se identificara a estas personas. Esa es la versión policial", relató Ponce Ashad. El representante del Ministerio Público subrayó que los vecinos contaron que "se trató de un procedimiento de muchísima agresión, de maltrato, de golpes".
Las personas detenidas fueron 14, doce varones y dos mujeres. Tuvo que llegar el fiscal para que tuvieran acceso a asistencia médica. A la noche fueron liberados todos. "Quiero decir que estamos en los atisbos de una investigación en la que participamos con la defensa mancomunadamente en el lugar del hecho, he hecho intervenir por el tenor de la investigación a Asuntos internos, a judiciales, a la PDI, a los laboratorios, se les han secuestrado las armas a todo el personal policial que intervino y se le están haciendo también las medidas de rigor", expresó. Los policías intervinientes quedaron a disposición de la justicia y están detenidos. La fiscal de violencia institucional, Karina Bartocci, siguió el caso "en forma mancomunada" con Ponce Ashad -fiscal de flagrancia- durante todo el día. "A priori participaron 2 efectivos policiales que son los que declararon ante mí que estaban en un procedimiento de rutina, que vieron cuatro masculinos y quisieron proceder a la identificación. A raíz de los tumultos que menciona el personal policial, por radiofrecuencia se convocó más personal policial y terminaron siendo aproximadamente entre 40 y 50 efectivos policiales", relató Ponce Ashad.
Ante la declaración de los vecinos sobre disparos a mansalva, el fiscal ordenó el secuestro de las armas para que sean peritadas en Santa Fe.
Durante toda la tarde, Ponce Ashad tomó declaración a los testigos. Además de la defensa pública, estuvieron presentes integrantes de la comunidad qom, el traductor de la comunidad, un dirigente nacional del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, las carteras provinciales y nacionales del área y organismos de derechos humanos.
"Yo pude constatar en la comisaría aprehendidos que estaban con golpes, no contrastaba esto con el informe médico legal, razón por la cual ordené la formación de causa al médico de policía por los eventuales delitos de encubrimiento, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público", dijo Ponce Ashad.
Desde la otra comunidad qom de Rosario, la de calle Travesía, se solidarizaron y participarán de las manifestaciones. "Vamos a participar de todas las manifestaciones para que esto no se repita", dijo María Fleitas.
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