El proyecto es para que el Estado pueda invertir en la actividad. Quieren sacar la propuesta en extraordinarias.05/01/18
"Queremos participar en la etapa de exploración minera", dijo el gobernador Sergio Uñac. La frase ilustra las intención del Gobierno sanjuanino, que impulsa la sanción de una ley para que el Estado pueda participar por primera vez en la historia local como inversor, aportando recursos públicos, en esta etapa de la actividad, en la que es más difícil conseguir fondos porque se trata de una tarea de riesgo, en la que se pueda ganar o perder.
Uñac dijo ayer que el propósito es enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados en febrero, para que sea aprobada en extraordinarias. Pero el Estado sanjuanino no será el único que podrá contribuir con fondos, porque también lo podrán hacer los privados, a través de la compra de acciones de las mineras que hacen exploración. Para eso, también el Gobierno provincial trabaja con el Mercado Argentino de Valores (MAV) y la Bolsa de Comercio de San Juan en la adecuación de la normativa para generar un mercado de capital de riesgo especializado en minería, que no existe en el país, pero que tiene amplio desarrollo en países como Australia y Canadá.
El punto de partida fue la firma de un acuerdo, en mayo de 2016, entre el Gobierno, el MAV y la Bolsa, para impulsar un marco normativo que permita este tipo de operaciones. El que las debe autorizar es la Comisión Nacional de Valores, el ente regulatorio del mercado de capitales, para avanzar en la concreción del proyecto del mercado de riesgo en minería.
Lo que todavía no está definido (ver Las dudas...) es cuánto dinero va aportar el Gobierno local ni qué proyectos tendrán prioridad. Precisamente la Bolsa de Comercio será un actor principal tanto en la identificación y evaluación de los proyectos junto con el Gobierno, como así también en el asesoramiento y captación de posibles inversores, según explicó Jaime Rodríguez, presidente de la Bolsa.
En el caso del Estado, todavía no está definida la estructura legal a través del la cual se hará el aporte de fondos. Puede ser a través de un fideicomiso financiero, que es un instrumento que le permite al inversor, en este caso la Provincia, participar de un proyecto con un aporte de capital. La otra alternativa es que sea el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), el encargado de la concesión de las áreas mineras, el que canalice los recursos, para lo cual será necesario modificar la ley del organismo. En la legislación respectiva están trabajando los ministerios de Minería y de Hacienda.
En el caso de la inversión privada, lo que podrán hacer los interesados es comprar acciones de una empresa que hace exploración. La diferencia con una empresa común es que tiene un negocio en marcha, vende, compra, cobra y paga. En cambio, las mineras sólo gastan y por eso lo que necesitan es tener recursos para poder hacerlo y es lo que obtienen a través de la emisión de acciones para financiar la exploración. El riesgo, y por eso son inversiones especializadas, es que un proyecto de este tipo después de dos años de exploración puede llegar a la conclusión de que no es económicamente viable y la inversión se pierde.
La posibilidad del aporte de fondos para la actividad cayó muy bien en el sector. Por ejemplo, Rubén Femenia, gerente de Finanzas, y Gustavo Sottarello, gerente de Exploraciones, ambos de Casposo, opinaron que "es bueno incentivar la exploración para que se abran nuevas minas y la provincia pueda seguir creciendo".
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/En-la-provincia-trabajan-en-una-ley-para-impulsar-la-exploracion-minera-20180104-0102.html
