Las causas se iniciaron porque Macair Jet SA entregó en alquiler a LAER un Jetstream 3200 ER.
El gobierno de Entre Ríos acordó pagarle los honorarios a un abogado que actuó en un par de demandas contra la provincia. Algo común y corriente, pero lo que llamó la atención fue el monto: 428.582 dólares. La cuantiosa suma, que terminó de abonarse en marzo pasado, fue resultado de una ardua negociación, que se inició tras los reclamos en tribunales porteños formulados por Sideco Sudamericana SA. O dicho de otro modo, por una empresa del grupo SOCMA (Sociedad Macri), que fue representada por el letrado Pablo Guglielminotti, según se informó en el programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral).
El dinero abonado fue como parte del acuerdo, tras el incumplimiento del contrato de leasing que había hecho la firma con el gobierno entrerriano, en la anterior gestión urribarrista, por lo cual hubo que devolver el avión, pese a la numerosas cuotas abonadas, para que el avión quede en manos de la provincia. El Tribunal de Cuentas interviene en el caso, que podría derivar en una acción penal, donde podrían verse comprometidos el entonces titular de LAER, Gualberto Salcerini y los funcionarios responsables en niveles superiores: la actual senadora nacional Sigrid Kunath (entonces secretaria general de la Gobernación); Diego Valiero (ex ministro de Economía) y el ex gobernador Sergio Urribarri. En total, el Estado entrerriano tendrá que terminar abonando casi 3 millones de dólares, como resarcimiento a la empresa.El primero de los acuerdos celebrados con Guglielminotti fue por su participación en la causa “Macair Transporte Aéreo c/ Líneas Aéreas de Entre Ríos SE s/proceso de ejecución”, que tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Fernando Asís de Soto.
A Guglielminotti se le asignó, en concepto de honorarios, el 15 por ciento del total reconocido a Socma Sudamericana SA: 236.800 dólares más IVA. Esos 2668.528 dólares fueron liquidados en cuatro cuotas de 59.200 dólares cada una.
La primera se canceló el 15 de diciembre de 2017 y las restantes el 15 de enero, el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2018. A Guglielminotti se le pagó al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al día anterior al vencimiento.
El otro convenio suscripto con el abogado de Sideco Sudamericana fue en el marco de la causa “Avian Líneas Aéreas c/LAER SE s/cobro de sumas de dinero”, que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Roberto Torti.
Por su intervención en este caso el gobierno de Entre Ríos aceptó pagar los honorarios de Guglielminotti, que fueron establecidos en 117.400 dólares más IVA, equivalentes al 10 por ciento de lo reconocido a la empresa del grupo Socma.
A Guglielminotti se le cancelaron los 142.054 dólares mediante cuatro pagos de 35.513,50 dólares cada uno. También entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de marzo de 2018, tomando como cotización el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente el día anterior a la transferencia.
Guglielminotti integra el bufete Romero Zapiola, Clusellas y Sluga Abogados SRL, lo que da cuenta de los vínculos del caso con la Casa Rosada. Sucede que uno de los socios de ese estudio jurídico es Pablo Clusellas, quien se desempeña como secretario Legal y Técnico de la Presidencia desde diciembre de 2015.
Se trata de un hombre de estrecha confianza del presidente Mauricio Macri, ya que también lo acompañó durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la preponderancia de Clusellas, que fue ejecutivo de empresas del grupo SOCMA, está dada por otro detalle: integra la auditoría interna dispuesta por el PRO para investigar lo sucedido con los aportes recibidos para la campaña electoral del año pasado en la provincia de Buenos Aires.
Pero la participación del estudio jurídico de Clusellas también se vio relacionada con un hecho escandaloso: la conformación de empresas off shore en paraísos fiscales, algo que también involucró al mismísimo presidente de la Nación. De hecho, Clusellas fue hasta 2008 un intermediario reconocido por Mossack & Fonseca, el tristemente célebre estudio jurídico panameño que cerró tras la filtración de documentos sobre negocios turbios que se conoció como Panamá Papers.
Los motivos del pago entrerriano
Las causas judiciales se iniciaron porque Macair Jet SA, una controlada del grupo Macri, entregó en alquiler a Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), un Jetstream 3200 ER, matrícula LV ZRL, que partir de mediados de 2011 la aerolínea estatal comenzó a utilizar para el traslado de pasajeros.
Eso duró hasta octubre de 2014, cuando por orden judicial y ante el incumplimiento del contrato, se dispuso el secuestro del avión y de dos motores que habían sido entregados a la empresa entrerriana.
A partir de ahí, se produjo un cruce de acusaciones sobre deudas reclamadas y pagos efectuados y no acreditados. Y lo que comenzó mediante correos electrónicos y cartas documento finalmente se dirimió en la Justicia.
Finalmente, y como respuesta a las dos demandas, Sideco Sudamericana SA cobrará 2.925.601,24 dólares. Suma que la provincia de Entre Ríos terminará de abonar en noviembre de 2019.
La intención del grupo Macri era cobrar 6.158.887 dólares por la aplicación de una tasa de interés del 24 por ciento sobre cuotas adeudadas del leasing (contrato de alquiler con opción a compra) y una cláusula de doble penalidad.
Después de una instancia de negociación –que a la provincia le significó el desembolso de otros 56.628 pesos al mediador Daniel Ilak-, el Estado consiguió una quita de 3.2233.286 dólares.
Un importe que duplicaba y un poco más el valor de la aeronave, que estaba valuada en 1.400.000 dólares.
El caso está en manos del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado de la provincia, en un expediente donde se viene analizando la situación, para determinar las responsabilidades que hubo de parte de los funcionarios intervinientes de la anterior administración, en una negociación en la que el Estado tuvo que retornar el avión a la empresa del grupo Macri y por lo cual Entre Ríos pasó a ser una de las pocas provincias que no cuenta con aeronave propia. En la auditoría se trata de determinar qué grado de participación tuvieron en todo el proceso el entonces titular de LAER, Gualberto Salcerini y los funcionarios responsables en niveles superiores: la actual senadora nacional Sigrid Kunath (entonces secretaria general de la Gobernación); Diego Valiero (ex ministro de Economía) y el ex gobernador Sergio Urribarri. El caso podría finalizar en una denuncia penal que involucraría a cada uno de los mencionados, según se reconoció desde esferas gubernamentales, en función del grave perjuicio económico al Estado entrerriano
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